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Elsa Cardozo

Colombia y Londoño, antes y ahora

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En lo que ha venido sosteniendo el Gobierno de Colombia, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo con Nicaragua, es inevitable leer la legitimación de varias tesis defendidas por la diplomacia venezolana sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela.

Nuestro vecino occidental aspiraba ante Nicaragua al reconocimiento de soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya confirmado por la Corte en 2007. También lo aspiraba sobre otros cayos y las áreas marinas y submarinas proyectadas por esos territorios. Pero la sentencia del pasado 19 de noviembre redujo radicalmente la proyección marítima de Colombia, especialmente la de los islotes que quedaron encerrados en aguas nicaragüenses.

Cómo no recordar que para Venezuela, por razones históricas y económicas, jurídicas y estratégicas, asociadas todas a intereses vitales, fue siempre inaceptable la pretensión vecina de ejercer jurisdicción en las aguas interiores del golfo de Venezuela y desconocer plenos derechos marítimos a las costas circundantes y al archipiélago de Los Monjes, islotes que quedarían enclavados en espacio marítimo colombiano.

Ahora, a pocos días de la decisión judicial de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos oficializó la denuncia del Pacto de Bogotá, es decir, de la obligatoria jurisdicción de la Corte. Sostuvo expresamente que los límites entre los Estados debían ser fijados por los propios Estados. Esa ha sido la tesis sostenida por Venezuela, que nunca ratificó el mencionado pacto.

Con estos episodios viene a la memoria el nombre del coronel Julio Londoño Paredes, canciller del gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y ahora jefe del equipo que representó a Colombia en el caso de la demanda nicaragüense en La Haya.

Como canciller desarrolló toda suerte de presiones sobre Venezuela a partir de posiciones de evidente intransigencia respecto al diferendo. En su gestión se dejaron atrás los acuerdos suscritos por los presidentes Jaime Lusinchi y Belisario Betancur para tratar diplomáticamente la cuestión del golfo en el contexto de una agenda más amplia de asuntos. En cambio, el canciller y coronel Londoño bloqueó la negociación y alentó el patrullaje naval en aguas cercanas a las históricamente controladas por Venezuela, mientras advertía sobre los riesgos de que la zona no estuviese delimitada.

La obsesión de llevar el asunto a la Corte llegó al punto de intentar unilateralmente la reactivación de una vieja Comisión de Conciliación que no tenía competencia en asuntos de seguridad e integridad territorial. La reacción ante la razonada negativa venezolana a aceptarlo fue la entrada y permanencia de naves de guerra de Colombia en nuestras aguas interiores, lo que colocó a los dos países al borde de la guerra entre agosto y septiembre de 1987. Afortunadamente, esfuerzos posteriores devolvieron el tema a la mesa de negociaciones.

Ahora, el presidente Santos, citado por El Espectador, sostiene: “Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados… Ese principio esencial es compartido por países en diferentes continentes del mundo que han tomado la misma posición que ahora adopta Colombia”. Tomemos nota.

Finalmente, lo más necesario e importante: ¡feliz 2013!