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Jesús Ollarves Irazábal

El Clínico no es tierra de nadie

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El doble homicidio ocurrido el domingo 29 de junio de 2014 en el Hospital Clínico Universitario es un hecho nuevo solo porque esta vez los delincuentes irrumpieron en un quirófano. En varias oportunidades los medios de comunicación han informado cómo en las instalaciones de ese centro de salud culminan ajustes de cuentas entre bandas criminales, sin que nadie logre impedirlo. Como suele ocurrir en este tipo de hecho, cualquiera puede quedar en la línea de fuego y morir.

¿De quién es la responsabilidad? Con mucha ligereza algunos voceros gubernamentales han apuntado hacia las máximas autoridades de la Universidad Central de Venezuela, específicamente la rectora Cecilia García Arocha. Lo cierto es que el principio de autonomía universitaria e inviolabilidad del campus merece mayores razonamientos, pues el Hospital Clínico Universitario es un espacio fuera del control de los ucevistas, es un instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud y se ha convertido en un coto cerrado.

En la página web del HCU, que pregona el lema: “El hospital es del pueblo”, se identifican los integrantes del Consejo Directivo: presidente director y viceministro de Redes de Salud, doctor José Vladimir España; subdirector y secretario del Consejo Directivo, doctor Manuel Capdevielle; subdirector  clínico, doctor Fernando Alvarado; adjunto docente, doctora Hilda Ponte; representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, doctor Oswaldo Velásquez y dcotor Humberto Gutiérrez; representante del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, doctor Roberto Ochoa; representante del decano de la Facultad de Medicina, dcotor Aquiles Salas, y representante de los trabajadores,señora María T. de Vargas.

Estos funcionarios al servicio del Ejecutivo nacional son los primeros que deben rendir cuentas. Si se abre un debate sincero, seguramente el preocupante episodio del domingo quedará en segundo plano frente a las deficiencias estructurales de la seguridad en la UCV.

Por nuestra labor como docente en la máxima casa de estudios superiores del país, conocemos lo que sucede en la Ciudad Universitaria, donde, lamentablemente, se han reproducido las truculencias de la criminalidad que impera en la ciudad capital.

Es vox populi que desde el sótano del Hospital Clínico Universitario se dirige toda una actividad ilícita comandada por grupos mafiosos que poseen el control del comercio informal en los alrededores de la universidad, así como las líneas de mototaxi. Es una especie de bunker impenetrable, incluso para las autoridades del hospital. Pero el Clínico no es tierra de nadie. Reiteramos: está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. En menos palabras: depende del gobierno, el cual no se puede lavar las manos ante el auge delictivo en el lugar. De modo que por tanta lenidad también debe ser llamado a dar explicaciones el ministro Francisco Armada.

Otros espacios de la universidad (por no decir casi todos) han sido tomados por la delincuencia y en 2010 las autoridades rectorales emprendieron una iniciativa para ponerle freno: la colocación de portones que permitieran un mayor control del acceso de personas y vehículos.

Como una evidencia más de que la UCV se ha convertido en un objetivo político por no ser sumisa ante el poder, ni el de este gobierno ni el de ningún otro, la referida iniciativa fue saboteada por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien solicitó la intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la supuesta violación del derecho al libre tránsito.

“La universidad es un espacio público para uso y disfrute de la humanidad”, argumentó Ramírez, sin tomar en consideración las complejidades del incremento del crimen en la universidad, en Caracas y en Venezuela. Para disfrutar del magnífico espacio creado por Carlos Raúl Villanueva y declarado Patrimonio Universal por la Unesco hay que estar vivo, y en la UCV eso no está garantizado.

Como era de esperarse, el TSJ falló a favor del gobierno y en contra de la universidad. La UCV, siempre irreverente, ensayó un ejercicio de desobediencia legítima: quiso avanzar con la idea de los portones. Y fue entonces cuando la defensora del pueblo arremetió con más fuerza y activó un proceso penal por desacato.

El mundo al revés: la defensora no hace nada por garantizar la vida de quienes habitan la UCV y hace mucho por meter presas a sus autoridades. Lo peor es que el problema de fondo, la inseguridad en el campus y su correlato de impunidad, persiste y cada vez es mayor.