• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

Cinismo cómplice

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Luego de su uso generalizado por la Inquisición, por dictaduras militares de todo tipo, y por cuerpos policiales y de seguridad, la tortura se ha convertido en una de las aberraciones de la humanidad que, en ciertas circunstancias, puede incluso llegar a constituir un crimen de lesa humanidad.

La perpetración de ese crimen es lo que hizo posible detener a Augusto Pinochet en Londres, y es también la práctica de la tortura la que ha permitido iniciar un macrojuicio por los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la última dictadura militar argentina. Sin embargo, el actual Gobierno español no se ha dado por enterado, o es indiferente a la actuación de sus cuerpos de seguridad.

En efecto, el Gobierno español acaba de indultar a cuatro policías catalanes (mossos d’esquadra), condenados como responsables de haber golpeado brutalmente a un ciudadano rumano, a quien detuvieron por error. Por tratarse de una práctica frecuente, en 2006 se habían introducido cámaras en las salas de las comisarías; de manera que esa golpiza, los insultos, las amenazas y la introducción de una pistola en la boca de la víctima en este caso, están grabados.

Poco importó al ministro de Justicia, señor Alberto Ruiz Gallardón, que España haya asumido sendos compromisos internacionales para prevenir, erradicar y castigar la tortura. Tampoco le conmovió la gravedad de estos hechos, que se encontraban suficientemente probados y que habían causado repulsa y alarma social.

Con este indulto aberrante, el Gobierno español se ha burlado de la independencia del Poder Judicial, ha cohonestado la tortura de esos cuatro policías, y ha hecho saber que avala hechos de esa naturaleza. Por ende, no hay ninguna razón para que, en el futuro, un policía español pueda pensar que la tortura es un medio moral y legalmente aceptable.

Este indulto, al igual que la inmensa mayoría de los indultos dictados por el Gobierno español, carece absolutamente de motivación. En realidad, cuando los periodistas interrogaron sobre dicho indulto al ministro Ruiz Gallardón, agregando que el mismo había recibido el rechazo y el repudio de más de doscientos juristas, éste se limitó a responder que el indulto se había dictado “con estricto apego a la legalidad”.

No cabe duda de que una ley, de 1870, confiere al Poder Ejecutivo la facultad de dictar indultos, sin requerir de ninguna explicación. Pero, desde 1870 hasta la fecha, se ha fortalecido la independencia de los poderes públicos (con la obvia excepción de Venezuela), y se han consolidado sociedades democráticas, que requieren mayor transparencia a la hora de tomar decisiones públicas de tanta relevancia, como es dejar en libertad a un criminal.

Además, desde 1978 España cuenta con una Constitución que garantiza la igualdad ante la ley. ¿A título de qué es que el Gobierno español asume que todos los ciudadanos deben responder ante la ley, pero que él puede perdonar a quienes cometan torturas? ¿Puede una ley de 1870 anular principios y normas constitucionales adoptadas más de un siglo después?

Con el debido respeto a las decisiones judiciales, la facultad del indulto puede justificarse para poner en libertad a presos políticos y abrir el camino hacia una democracia plena y pluralista; asimismo, consideraciones humanitarias pueden justificar que se libere a un reo enfermo, o a un delincuente menor que, por su edad o por otras circunstancias, ya carece de peligrosidad. Pero, en democracia, no hay cabida para el capricho y la arbitrariedad.

El indulto es una facultad extraordinaria, que tiene que ser utilizada con prudencia, mediante decisiones suficientemente motivadas; pero nunca para garantizar la impunidad de un torturador.