• Caracas (Venezuela)

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Oscar Lucien

Cerco rojo

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Cuando oí a Nicolás Maduro chillar en días recientes: “Me van a llamar dictador, no me importa, pero yo acabaré con el amarillismo (sic) en los medios”, me dije: “Esta barajita la tengo”. Busqué en mis archivos y allí estaba, resaltada en amarillo, la frase del hoy comandante galáctico: “A mí me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo”. El texto subrayado concluía una declaración, en un recinto militar, mientras apuntaba con un fusil Kalashnikov el bombillo rojo de la cámara del periodista: “Nosotros no podemos ser tan irresponsables para seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir, del pueblo, contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como quinta columnas. A mí me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo”. Diez meses después se producía el brutal cierre de RCTV y, desde ese momento hasta el presente, cuando a Maduro no le importa que le llamen dictador, con los afinamientos a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con el acoso permanente de Conatel y del Seniat a los prestadores privados de servicios de comunicación y el fortalecimiento del poder comunicacional del Estado y su apropiación por operadores políticos del partido de gobierno, la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos se ha reducido a niveles que contrarían todos los estándares internacionales y dejan muy poco espacio para calificar de democrático al modelo político que bajo la tutela de Cuba se impone a los venezolanos.

En distintas oportunidades hemos denunciado este incesante proceso de confiscación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución ilustrando el proceso como un “cerco”, vocablo que se aviene perfectamente a la naturaleza militar del régimen. En la lógica castrense un cerco es el asedio de una fuerza militar que rodea una plaza o una ciudad para combatirla, para someterla. Es un plan sistemático, que en el caso de los medios de comunicación en Venezuela ha operado mediante una arquitectura legal muy refinada para criminalizar la práctica periodística y la opinión, se promueve la autocensura, la negación o limitaciones para acceder a las fuentes informativas de entidades del Estado, se avalan los retrasos administrativos y la discrecionalidad para el otorgamiento de permisología para la operación de servicios radioeléctricos, la colocación discrecional de pauta de publicidad o propaganda para premiar o castigar pautas informativas y políticas editoriales, y un largo etcétera que incluye la agresión física.

Amparado el gobierno en la potestad del Estado de administrar el espectro radioeléctrico esta lógica del cerco ha sido muy eficaz para someter la radio y la televisión. Aunque valga decir que de administrador ha pasado a ser dueño usurpador y confiscador en manos de un partido político orientado bajo el pervertido concepto de la hegemonía comunicacional. Claramente lo expresó el difunto presidente en marzo de 2009: “Si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al gobierno, a la revolución, estaría en mucho más de 80%”.

Por eso con tanto desparpajo confiesa ahora Maduro que no le importa que lo llamen dictador. Toca ahora el turno a los medios impresos. En efecto, la prensa independiente ha sido sistemáticamente víctima de una implacable discriminación excluida de toda posibilidad de financiamiento alterno vía pautas de entidades públicas, política de exclusión de la que son más vulnerables las empresas regionales. Pero el cerco ahora se ha fortalecido con la limitaciones al acceso a las divisas para la compra del papel necesario para la publicación.

La sociedad venezolana está en una encrucijada capital: impedir en Venezuela la réplica del modelo cubano. Comprender que el cerco rojo no es un problema que compete solo a los periodistas, editores o dueños de medios de comunicación y que es compromiso de todos defender los derechos constitucionales de libertad de expresión y el derecho a la información. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la utilización del poder del Estado y recursos de la hacienda pública para silenciar la labor informativa de los medios. Es fundamental entender que los obstáculos con Cadivi, o el organismo correspondiente, son parte de un plan sistemático de silenciamiento por el régimen de turno. La denuncia y el combate al cerco rojo son sustanciales a la posibilidad de vivir en democracia y no bajo un neoautoritarismo militarista tutelado por los hermanos Castro.