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Tulio Hernández

Casa tomada

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El Banco Central de Venezuela fue durante mucho tiempo una institución de excelencia. Sus presidentes eran generalmente figuras civiles con una gran auctoritas. Lo que permite decir que el nombramiento del general Marcos Torres como su nuevo presidente no es un oscuro augurio de decadencia sino un hecho cumplido, la evidencia fehaciente de cómo, sin eufemismos ni simulacros, Venezuela va siendo tomada por un gobierno militar.

Se trata de una vuelta al pasado. A la situación de la que, ilusamente, alguna vez creímos que nos habíamos liberado para siempre la madrugada feliz del 23 de enero de 1958 cuando por el cielo de Caracas todos vieron huir a quien se suponía era el último dictador y jefe de un gobierno militar venezolano.

No era cierto. Los militares han regresado al poder y ocupan hoy los puestos más importantes del gobierno. Y los pocos civiles que van quedando en puestos claves adoptan actitudes militares. Maduro, el espurio, exhibe cada vez con más frecuencia camisas que remiten a los uniformes verde oliva. La dirección superior del PSUV ahora se autodenomina “alto mando”, como se ha llamado siempre en Venezuela la jefatura militar.

El presidente de la Asamblea Nacional es un militar con grado de teniente y actitud pendenciera que ha convertido el Parlamento en un cuartel en donde se violan los derechos y se apalea a la vista de todos a los legisladores no oficialistas. Igualmente un militar es el ministro de Interior, Justicia y Paz, el general Rodríguez Torres, quien se encargó de enfrentar las protestas populares que empezaron en febrero dentro de un esquema represivo de guerra asimétrica, ocupando ciudades y persiguiendo civiles con despliegues de tropas armadas con tanques y fusiles de alta potencia.

Vielma Mora, el gobernador del estado Táchira, el lugar donde comenzó la revuelta popular de febrero, al igual que otros diez gobernadores oficialistas, también es militar. Y militar fue su respuesta a las protestas de los estudiantes. Tomó a tres presos y los mandó a una cárcel de Falcón, un estado distante, para que fueran enjuiciados lejos de sus familias y hogares, encendiendo así la chispa de protestas violentas que lo obligaron a retroceder, devolverlos al Táchira y dejarlos en libertad.

El gobierno se va preparando para un estado de excepción. Los espacios de libertad se achican. La salida del aire esta semana que hoy concluye del conductor Luis Chataing, una de las pocas voces libres que quedaba en la televisión nacional, ratifica el plan de tierra arrasada con el que el gobierno se apropia de los medios. El mismo que se aplica a los partidos políticos y que ha comenzado con Voluntad Popular, su máximo líder en prisión, y dos de sus dirigentes principales Carlos Vecchio y Antonio Rivero, en el exilio huyendo del carcelazo que les aguardaba si se quedaban en el país.

Las cárceles están llenas de presos políticos. 117 ha reportado el Foro Penal. De ellos, 2 son alcaldes electos; 50, jóvenes estudiantes. La mayoría se halla recluida en cárceles comunes. Pero por los calabozos han pasado ya, desde febrero, cerca de 2.000 venezolanos. En la Fiscalía General de la Nación reposan 157 denuncias de torturas y otros tratos inhumanos oficiados por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional.

En conversación con Chataing, en su programa de radio matinal, César Miguel Rondón comparaba la situación que se respira en Venezuela con “Casa tomada”, el famoso cuento de Cortázar. En el relato, una pareja que vive en una espaciosa casa colonial presencia cómo un “ente”, un “algo”, una especie de murmullo, se va apropiando de los espacios de la vivienda, obligando a la pareja a replegarse. Primero una habitación, luego otra, después la sala. Hasta que un día se apropia de toda la casa y sus habitantes tienen que abandonarla llevándose consigo solo un reloj y la llave de la puerta principal de la que se deshacen tirándola en una cloaca.

Algunos sostienen que con aquel cuento Cortázar intentaba una alegoría del peronismo. Leído hoy en Venezuela produce escalofrío.