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Román Duque Corredor

Carta al Poder Judicial

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Dirigirse a los poderes públicos no solo es un derecho ciudadano, sino un deber cuando se trata de la obligatoriedad del respeto a la supremacía de la Constitución. Quienes hemos sido jueces, ya como ciudadanos, tenemos mayor responsabilidad si nos abstenemos de ejercerlo o de cumplirlo, sobre todo  cuando el poder al cual pertenecimos se mantiene silente frente a una situación que requiere salidas institucionales que conduzcan a la paz de la Nación. Y que sin duda pasan por  la reestructuración de los poderes públicos sobre los que descansa el equilibrio político,  para que en su integración priven los principios de la pluralidad democrática.  

No se ofende, pues, cuando se reclama el incumplimiento por el poder judicial de las altas responsabilidades que le competen para asegurar la integridad de los valores y principios constitucionales de la libertad, la vida, la justicia, la igualdad, la democracia, la solidaridad y la prevalencia de los derechos humanos. Tampoco es hacer política que el poder judicial reclame de los otros poderes el cumplimiento de sus competencias, principalmente  cuando por ese incumplimiento se agrava la conflictividad política o se le alimenta con una abstención inconstitucional que contraría su razón de ser como poderes públicos y  además que es una de las causas determinantes de la crisis nacional  que nos ha llevado a situaciones dramáticas, como las que padecemos después del 12 de febrero,  con perjuicios irreparables, como la perdida de la vida de connacionales  jóvenes, cuya existencia era toda una esperanza.  

En lugar de contar los muertos y de llamar asesinatos  la muerte de los de que son afines y  de legítima defensa  la muerte de los contrarios, y de sumarse al planteamiento de llamar rupturas del orden democrático y de conspiraciones a las protestas y manifestaciones públicas y en lugar de generalizar responsabilidades, es más patriótico y cónsono con la función del poder judicial, como custodio de los principios constitucionales, que exija se cumpla con el mandato constitucional de reestructurar y renovar el propio Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y los órganos que constituyen el poder ciudadano, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, cuyos integrantes, en la mayoría de esos órganos tienen el período vencido o están en manos de suplentes, interinos o encargados. La provisionalidad o la interinidad de los titulares  de esos poderes es un factor de la desinstitucionalización del país.  Es un hecho incontestable la mora inconstitucional del Estado venezolano al no reconstituir el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral,  o al no designar el titular de un órgano determinante del control de la corrupción, como lo es la Contraloría General de la República o al no reestructurar los otros órganos. Sobre todo cuando existe el convencimiento que con ello se le brindaría al país una base amplia  para la discusión plural de los grandes problemas nacionales.

Señores, del poder judicial, principalmente,  de su órgano rector, el Tribunal Supremo de Justicia, no se hagan cómplices de la insolvencia inconstitucional de los poderes legislativo y ejecutivo, dado que a ese máximo órgano judicial le corresponde garantizar la supremacía de la Constitución y corregir las omisiones inconstitucionales graves y patentes de las obligaciones de esos poderes, de cumplir con los plazos de los periodos para su renovación, puesto que de esa alternancia depende la estabilidad  de la democracia y el equilibrio entre sus poderes. Esa omisión motiva y agrava la falta de control de la ilegalidad y de la corrección de la corrupción, permite la impunidad,  afecta la transparencia de los procesos electorales, no asegura el debido proceso y  tampoco la  protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, ni los derechos de las minorías.

No cabe duda que las lesiones causadas a  los derechos fundamentales, de libre expresión e información de reunión y manifestación;  de propiedad y demás derechos económicos y sociales, se deben, en gran parte,  a la provisionalidad de los integrantes de los poderes mencionados,  porque la incertidumbre sobre su permanencia en los cargos que ocupan, los hace ineficaces y más sumisos para garantizar la eficacia de  las delicadas funciones de control de la legalidad, de la pulcritud administrativa y de defensa y protección de los derechos humanos.
Señores del poder judicial, según su jerarquía,  ustedes tienen en sus manos la oportunidad de brindar al país una base para la recomposición de su estabilidad política,  exigiendo las renovaciones y sustituciones que corresponda, dentro del marco constitucional que garantiza la imparcialidad de sus integrantes y la transparencia de su elección.  Creo, que  el recordatorio de sus deberes como jueces es valedero para que decidan asumir su responsabilidad de custodios de los principios constitucionales y de factores determinantes de la solución de una inobjetable crisis política que afecta la moral, la economía,  la  seguridad y la paz, de nuestro querido país. Los ciudadanos, todos, y los que fuimos jueces, les exigimos que hagan honor, a lo que el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos,  en su artículo 7º, les exige como integrantes del Sistema de Justicia., de comprometerse  permanente e irrenunciablemente  con la sociedad democrática, participativa y protagónica, justa, multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela; así como con el goce, ejercicio y promoción de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, que aseguren el disfrute de las garantías sociales y la suprema felicidad del pueblo.  Y de ser agentes   para  que la transformación social y política necesaria resulte conforme  con  esos valores y principios, para hacer valer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.  Cuando me correspondió asumir esas responsabilidades, como miembro del poder judicial,  en la crisis de 1992, renuncié a mi cargo de Magistrado,  como un gesto o llamado para que el Congreso  de la  República, cumpliera con su obligación de renovar el Máximo Tribunal,  y  como un modesto sacrificio para  promover la  conciencia patriótica de que en épocas de crisis, por encima de la importancia de los cargos,  está la tranquilidad de la patria.

Créame, que cada vez que decía administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, como cristiano solicitaba del Señor que me iluminara para saber cuándo no cumplía con esas responsabilidades, que requieren no solo preparación sino vocación y desinterés personal, económico o político,  porque lo contrario es ser un Juez comprometido, y no precisamente con los valores que exige el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano, quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la libertad, los bienes y los derechos de los venezolanos. El mazo y la balanza de la Justicia requieren de manos togadas equilibradas y libres y fuertes para reclamar de los otros poderes el respeto a la Constitución.  

Reciban un saludo de un ex colega,  que desea para el poder judicial y para Venezuela,  libertad, democracia, credibilidad, certidumbre, seguridad, progreso y paz.



Caracas 23 de febrero de 2014