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Marcos Tarre

¿Caracas celebra…?

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El pasado 25 de julio Caracas cumplió 447 años de fundada. Escuetos y casi inadvertidos actos oficiales o culturales marcaron el aniversario. La verdad, tampoco es que hubiera muchos motivos para celebrar con entusiasmo y alegria. Además del deterioro, el caos del tránsito, la inflación, el desabastecimiento,  la basura, la falta de agua y frecuentes cortes eléctricos o las colas para todo y cualquier cosa; entre el primero de enero del año 2003 y el 31 de diciembre de 2013 han sido asesinadas en Caracas 27.022 personas…

Pero la tragedia de la inseguridad de Caracas no puede analizarse de forma aislada, sino como parte engranada en el sistema complejo, multidimensional, económico, social, cultural, político, espacial y humano que conforma una ciudad. Parte de los problemas de la capital se originan en dos factores anteriores a 1999, año del inicio de grandes transformaciones políticas y sociales del país.  Por una parte, la capital resultó con una estructura geopolítica disfuncional, con cuatro municipios pertenecientes al estado Miranda y un Municipio Libertador excesivamente grande, perteneciente al Distrito Capital. Y como si esto fuera poco, en 1990 se decidió eliminar la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano.

Estos problemas, lejos de corregirse, se agravaron de forma exponencial a partir de 1999 y se le añadió, además, el peso determinante de una inseguridad creciente y desbordada que transmutaría por completo la ciudad y ocasionaría pérdida de calidad de vida, así como el reflejo espacial cada vez más marcado por el discurso político.

Además de los factores de tipo “administrativos” antes señalados, el desarrollo urbano de Caracas se caracterizó más por planificación que no llegara a ejecutarse, aumento de las áreas de vivienda informales en terrenos, colinas o quebradas; y crecimiento desbordado y sin control. Para 1999 la capital ya estaba en crisis y a partir de ese año los problemas de la ciudad, especialmente el de la seguridad ciudadana y del tránsito se agravaron. El esquema de “ciudad dormitorio” definido en la Carta de Atenas y repetido tanto a niveles de grandes desarrollos urbanos como lo fueron el 23 de Enero, El Valle o Caricuao, se utilizó incontables veces en urbanismos privados que proliferaron en el Este y Sureste de Caracas. Esta concepción un tanto simplista de la ciudad impidió la riqueza que genera la multifuncionalidad del espacio, la mezcla de comercio-trabajo-residencia que facilita la generación de intercambios y potencia la comunicación peatonal. La Caracas moderna se construyó sobre la premisa del vehículo particular, demasiado tardiamente se incorporó un eficiente transporte público subterraneo, pero se desatendió al transporte público a nivel de calle; así como tampoco se pudo controlar la invasión de terrenos y la construcción de viviendas informales sin servicios adecuados. Los planes oficiales de construcción masiva de viviendas populares a través del Banco Obrero y luego del Inavi, así como las iniciativas de autoconstrucción y equipamientos de barrios no tuvieron el suficiente peso para evitar la formación de extensas áreas “marginales” incrustadas en la “ciudad formal”.

A partir de 1999 el recién electo presidente Hugo Chávez, dentro de las constantes improvisaciones que caracterizaron su gestión, mantuvo dos constantes: le dio la espalda a la ciudad de Caracas y no le dio la débida importancia al tema de la seguridad ciudadana. Durante los primeros años del nuevo gobierno, la única inversión en obras, por razones de seguridad política, fue la construcción de la cerca del aeropuerto e instalaciones de La Carlota. Se paralizaron planes y obras previstas para la capital. Sólo será a partir de 2006, año electoral, cuando la administración Chávez comience a ejecutar algunas obras. Sin embargo se siguieron tomando decisiones que afectarían gravemente la ciudad y no ayudarían al problema de la seguridad ciudadana.

Las “esquinas calientes” en el centro de Caracas, impidiendo la libre circulación, bajo un criterio absolutamente subjetivo, político, ilegal y arbitrario, utilizando la violencia bajo el amparo de la mayor impunidad, fortaleció la desintegración espacial y social en una ciudad que necesitaba integrarse. La eliminación de funciones de la Alcaldía Metropolitana, al perder el oficialismo esa plaza en las elecciones de 1998, y la creación de un órgano paralelo, el “Jefe de Gobierno del Distrito Capital”, designando a dedo a su titular, además de ser una bofetada a la decisión popular y mayoritaria, generó más caos y desorden administrativo en una ciudad que clamaba por racionalizar y normalizar su estructura político-administrativa. La operación de descredito sistemático de la Policía Metropolitana y su lenta eliminación le quitaron a la ciudad un cuerpo policial fogueado, que entraba y conocía los barrios, que sin dudas requería un adecuado saneamiento y transformación, pero que servía a la capital.

La estrategia del régimen chavista de “acorralar” a sus adversarios políticos, que manejan cuatro de los cinco municipios de Caracas, imposibilita cualquier plan u acción general para la ciudad, cercena los recursos disponibles e impide la necesaria coordinación de servicios, entre ellos el policial;  y minimiza las posibilidades de los alcaldes “no oficialistas” de ejecutar obras. Todo esto repercute en contra de los habitantes de la ciudad. La creación de “organismos paralelos” cuando el oficialismo no gana elecciones se repitió una y otra vez, en el estado Miranda, o en los municipios, complicando más la gerencia de la capital.

Comenzando el año 2010 el presidente Chávez decreta, sin ninguna planificación, una serie de expropiaciones de inmuebles, entre ellas el centro comercial Sambil La Candelaria, próximo a inaugurarse, los automercados Éxito, el edificio La Francia, en la Plaza Bolívar y otras construcciones en el casco histórico.  En octubre de ese año le tocará el turno a desarrollos urbanísticos privados, entre ellos El Encantado, previsto para 26 mil familias en el Sureste de Caracas. Algunos de estos edificios permanecerán sin uso o serán utilizados para alojar damnificados, generando problemas sociales y de seguridad en su entorno. Otro factor de perturbación fue la aceptación, y a veces la promoción de invasiones, a terrenos y edificios en Caracas, siendo el caso más emblemático, la llamada “Torre de David”, edificio de Confinanzas que quedó en manos del Estado luego de la quiebra del grupo y fue invadido en 2011. En julio de 2014 el gobierno comenzó a desalojar y reubicar a las 1.270 familias que ahí vivían, sin otra ley que la impuesta por un conocido pran.

La ola de expropiaciones se acentuó en 2012, está vez para conseguir terrenos para los edificios de las Misión Vivienda, construcciones que no cumplen las normativas de ventilación, ascensores, estacionamiento, retiros y servicios, ubicadas como “implantes” sin ningún estudio del impacto social, positivo o negativo, que puedan generar en la zona en dónde se construyen.

Otro gran impacto negativo para la ciudad fue el dejar de aplicar las restricciones de circulación de motos, en las vías rápidas y sin parrilleros, que rigieron hasta 2005-2006. Coincidiendo con la llegada de un vertiginoso alud de motocicletas económicas de fabricación china, la circulación descontrolada de motos es origen de diarios accidentes y es usada por delincuentes como eficaz medio para cometer sus crímenes.

La informalidad se multiplicó. Para el caraqueño es muy normal comprar productos “piratas” o de marcas plagiadas. Incluso en los centros comerciales más exclusivos y lujosos de la ciudad se venden películas, juegos y programas piratas, con absoluta impunidad. Más recientemente se añade el factor deteriorante y de tensión social de largas colas para obtener productos regulados y la reventa de estos, con sobreprecio, por los buhoneros o su extracción hacia otros países.

Ante la ausencia de autoridad, la creciente impunidad y la inexistencia de voluntad política para enfrentar la delincuencia, algunas zonas de la ciudad comenzaron a ser regidas por “colectivos armados” que imponen su ley y orden mientras controlan el tráfico de drogas.

A diferencia de lo que se hizo en ciudades del continente, que utilizaron la renovación urbana como medidas integrales, haciendo inversiones en infraestructura, servicios y seguridad, como las realizadas en Brasil con la “pacificación de las favelas” y la “acupuntura urbana” o las realizadas en Medellín o Bogatá, las pocas y grandes inversiones contempladas para Caracas a partir de 2007, tales como el Metro Cable de San Agustín, la recuperación del boulevard de Sabana Grande o el Cable Tren de Petare fueron hechas sin un criterio integral, superponiendo simplemente la construcción en zonas con muchos problemas, pero sin detenerse a analizarlos ni aprovechar la oportunidad para acompañar las obras de servicios, seguridad, centros comunitarios, educación, salud, cultura, desarrollo humano y sustentable, involucrar a los habitantes del lugar e intentar propuestas tendientes a mejorar efectivamente su calidad de vida.

En definitiva, el “olvido” de Caracas de los primeros años del gobierno chavista, que parecía seguir el patrón de algunos régimenes comunistas de desatender sus capitales, como ocurrió en Cuba o Viet Nam, fue sustituido por una serie de decisiones, muchas basadas en la obtención de ventajas partidistas y no del bienestar del habitante y mucho menos con una visión de buscar lo mejor para la ciudad.

La ausencia o la toma de medidas desacertadas, unida a otros factores, convirtieron en poco tiempo a Caracas en la capital más insegura del planeta.  Sus habitantes no tuvieron más opción que refugiarse en los centros comerciales y cerrar ilegalmente sus calles. Al caer la noche funge un toque de queda tácito. La gente se encierra en sus residencias semiprotegidos por rejas, cercos eléctricos, vigilancia privada, colectivos armados, alarmas o vehículos blindados.

Caracas presenta hoy una imagen fracturada, dividida, con servicios que funcionan a medias, caos de transito, insegura y muy penosa para la mayoría de sus habitantes, que ya no confían en policías u autoridades. Muchos comercios han cerrado, la vida nocturna ha desaparecido, las calles y espacios públicos han sido abandonados por la gente, el tráfico de drogas ha penetrado las escuelas y los vendedores ahora son liceístas, existe una violencia latente que estalla en cualquier momento, con o sin razón. El Metro, antes un orgullo de la ciudad, ahora, por falta de mantenimiento y crecimiento, es penoso de abordar a las horas pico, casi a diario tiene fallas y ya no es un sitio seguro. El rebusque y el matraqueo afloran en cualquier momento, en cualquier instancia. Las organizaciones vecinales se sustituyeron por consejos comunales, muchos de ellos regidos con claras intenciones partidistas, más que por reales intereses comunitarios. Las diferencias políticas se posicionaron de los espacios, identificándose como “oficialistas” o de “oposición”, limitando la cohesión urbana,

La delincuencia organizada ha penetrado la ciudad, bajo un manto de corrupción que la potencia y facilita, se manifiesta en el tráfico de drogas, en el robo y hurto de vehículos, en los secuestros y secuestros exprés, en el sicariato, en la reventa de productos regulados, en las disputas mortales por las cuotas de los contratos de construcción, en el robo y reciclaje de teléfonos celulares, en la venta de productos piratas y en las bandas dedicadas al atraco.

Los planes y medidas de seguridad del gobierno, llámense estos Globos Aerostáticos de Vigilancia, centros de Monitoreo, Conarepol, Ruta Segura. La Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Patria Segura, Patrullaje Inteligente o Cuadrantes se suceden uno tras otro, se mutan, aparecen o desaparecen sin que ninguno mejore los índices de criminalidad de Caracas o la sensación de seguridad de sus habitantes, ni se rindan cuentas a la ciudad. A partir del año 2004 el manejo de las estadísticas delictivas pasó a ser una especie de “secreto de Estado”, violando el derecho a la información establecido en la Constitución e impidiendo que una herramienta imprescindible de trabajo llegue a los cuerpos policiales, a los investigadores, a los medios de comunicación y a los ciudadanos o comunidades interesadas.

Importantes desiciones sobre Caracas se han tomado en instancias que no se rigen por una planificación urbana técnica, con visión macro de la ciudad, ya que no existe uns institución de planificación urbana. Pdvsa o el Metro de Caracas han abordado problemas focalizados, sin embargo adolecen de graves fallos: No se involucra a la comunidad y en consecuencia no existe empoderamiento. No se rinde cuentas ni existe transparencia sobre los manejos presupuestarios ni las contrataciones. No se prevee ni se mide el impacto de las obras realizadas o por realizar.

Esos mismos criterios han prevalecido también en las pocas respuestas al problema de la inseguridad de la ciudad. En lugar de apoyar, fortalecer y privilegiar la función de las policías municipales, por naturaleza más próximas a las comunidades y al ciudadano, se creó, a partir del 2009, la Policía Nacional Bolivariana. Se privilegia la centralización, se militariza la seguridad, cuando está demostrado internacionamente que la seguridad ciudadana implica proximidad y debe ser eminentemente civil. Desde hace muchos años se sabe que las comisarías del CICPC existentes en Caracas son insuficientes, pero en lugar de asignar recursos para hacer más operativo ese cuerpo, se le debilita, se le interviene, se le quitan funciones, equipos, laboratorios y técnicos pasan, centralizados, a la Fiscalía General de la República. 

Los intentos realizados por la Alcaldía Metropolitana, a través del Instiuto Metropolitano de Urbanismo, en el marco de las funciones que aún mantiene, de ser el organismo rector en materia de planificación urbana de Caracas y formular planes, tales como “El Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020”; así como el “Plan Maestro Metropolitano de Seguridad Ciudadana son desestimados, rechazados y hasta saboteados por el Ejecutivo Nacional y los órganos paralelos de gobierno, guiándose únicamente por intereses partidistas.  De nuevo se evidencia como el discurso político afecta la ciudad e impide la materialización de un ente rector, que tenga la visión global y necesariamente democrática, para dar una visión de ciudad amplia, transparente, participativa y moderna que Caracas requiere.

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@marcostarre