• Caracas (Venezuela)

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Manuel Felipe Sierra

Callejón sin salida

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¿Hasta dónde es posible prolongar el desabastecimiento y la escasez general que se vive en el país sin que ello tenga efectos en el plano político? Es cierto que la ofensiva de Nicolás Maduro contra la llamada “guerra económica” el pasado mes de noviembre mediante la fiscalización compulsiva de comercios para bajar los precios de diversos productos tuvo un impacto a favor de la votación oficialista en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Sin embargo, era previsible que sus consecuencias se sintieran, tal como está ocurriendo, en los primeros meses de 2014.

Ahora se constata que los inventarios no han sido repuestos, la mayoría de las estanterías lucen vacías, en muchos comercios se ha reducido la jornada laboral, no se registran nuevas inversiones y tampoco han funcionado, como era de esperarse, los mecanismos establecidos para el otorgamiento de divisas. El hecho de que el Sicad en lo que va del año solo haya desembolsado 90.000.000 de dólares, es decir un promedio de 3.200.000 diarios, revela una grave sequía de la moneda extranjera. Al mismo tiempo, la indefinición en el rumbo de la política económica se refleja en la caída de los bonos de la República y en la creación de un ambiente negativo en la opinión internacional.

Se esperaba que, más allá de las acciones llevadas a cabo por el gobierno en noviembre, se produjeran cambios y rectificaciones en su estrategia económica, que fueran capaces de incentivar a los inversionistas y despejar un clima de creciente desconfianza. Ello en el entendido de que las complicaciones en materia de abastecimiento no son coyunturales sino que responden a la inviabilidad de un plan económico que se viene aplicando en los últimos años sustentado únicamente en el ingreso petrolero. Sin embargo, las últimas medidas, entre ellas la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos y la retórica presidencial que anuncia nuevas confiscaciones y expropiaciones, se orientan en sentido contrario.

Entretanto, prevalece el discurso amenazante y la ratificación de un proyecto en extremo estatista que condujo al país en los últimos años a lo que no es más que un callejón sin salida. Este escenario vaticina, sin duda, una activación de la conflictividad social y la radicalización de la oposición política. Lo cual comienza a reflejarse también en el sector oficialista, que sufre igualmente las consecuencias de una acción errada y altamente costosa.

El agravamiento de esta situación, tal como parece, coloca al régimen ante el reto de la rectificación, un llamado sincero al diálogo y la recomposición política, o simplemente a la aplicación de medidas represivas cada vez más fuertes, que conducen necesariamente a exacerbar las tensiones y que podrían provocar desenlaces impredecibles.