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Héctor Faúndez

España amordazada

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En estos días, la sección española de Amnistía Internacional ha presentado un informe sobre la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y durante la muy larga dictadura de Francisco Franco. En ese informe se reprocha la tendencia continuada a archivar esos casos, agravada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo señalando que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar esos crímenes. Según Amnistía Internacional, no hay ningún otro delito ocurrido en España por el que las víctimas hayan tenido que ir a buscar justicia en otro país; pero España ni investiga sus propios crímenes ni coopera con las investigaciones judiciales abiertas en terceros países, como las iniciadas en Argentina, sino que las obstaculiza. A lo que no se había llegado es a impedir que se hable de ese pasado siniestro, y a que se persiga a quienes denuncian a los victimarios.

Amnistía Internacional recuerda 25 procesos de transición en que, luego de dictaduras sangrientas, se ha buscado la verdad, la justicia, o la reparación para las víctimas de esos crímenes. Puede que en algunos de esos casos haya habido más verdad que justicia, o más reparación que justicia; pero nunca se ha pretendido hacer borrón y cuenta nueva, ignorando el dolor y sufrimiento de las víctimas. Amparada en una ley de amnistía incompatible con el Derecho Internacional y la decencia, España ha sido la excepción que justifica esa regla.

Pero no es sólo la impunidad lo que prevalece en la España de hoy, que no termina de dar paso a una democracia plena y a un Estado respetuoso de los derechos humanos. La censura es otra de sus enfermedades endémicas, que ya le ha costado varias condenas de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El próximo 25 de junio está previsto que se inicie el juicio en contra de Gerardo Rivas, un periodista imputado por ofender el honor de la Falange Española de las JONS, una reminiscencia del fascismo que, bajo el alero de una dictadura, sembró el terror entre los españoles. En un artículo de opinión en defensa de Baltasar Garzón, sentado en el banquillo precisamente por enjuiciar los crímenes del franquismo, Gerardo Rivas se refirió al “amplio historial de crímenes contra la humanidad” en los que habría participado la Falange Española de las JONS, una de las instituciones querellantes en el procedimiento que terminó con la destitución del entonces juez Garzón.

No es el caso examinar aquí si las personas jurídicas tienen derecho al honor; pero sí es importante reivindicar la libertad de expresión, en un debate del mayor interés público, como es el que se refiere al pasado reciente de la nación española. Por decisión del Estado, manifestada en una ley de amnistía, ese pasado dejó heridas que aún no cicatrizan, respecto de las cuales no se ha intentado buscar la verdad, hacer justicia o reparar la memoria de las víctimas.

Aunque sorprende la facilidad con que una organización fascista logra frenar una investigación criminal, tampoco se trata de impedir que ella se querelle por lo que considera un “temerario desprecio a la verdad”. Pero lo cierto es que historiadores calificados, como Paul Preston, Ian Gibson, Ángel Viñas, Josep Fontana o Julián Casanova, han documentado ampliamente la participación de la Falange Española de las JONS en la represión franquista.

La libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática; por eso, es impensable que, además de la impunidad y de la destitución de un juez que quiso investigar, también se pretenda silenciar la voz de las víctimas. Sería inaceptable que, además de todos los agravios recibidos, ahora veamos recortada la libertad de expresión de quienes sólo buscan verdad, justicia y reparación.