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Elsa Cardozo

Recuerdos chilenos

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Ha hecho bien Amnistía Internacional al recordar, a quince años de la detención de Augusto Pinochet en un hospital inglés, cómo ese 16 de octubre de 1998 se dio nuevo impulso al principio de la justicia universal ante crímenes de lesa humanidad. Es verdad que funcionaron las presiones políticas y diplomáticas para que el general no fuera finalmente extraditado de Londres a Madrid, como solicitaba desde España el juez Baltasar Garzón. Pero finalmente el exdictador fue perdiendo inmunidades a medida que, a la velocidad que permitía la reconstrucción institucional democrática de Chile, se disolvía el escudo protector que él mismo se había procurado antes de dejar el poder.

Hace poco más de un mes, cumplidos cuarenta años del golpe militar con el que Pinochet derrocó a Salvador Allende, vino nuevamente a la memoria la degradación del proceso político en el que, desde el gobierno de la Unidad Popular con el que los socialistas finalmente llegaban al poder, se habían exacerbado la radicalización política, las ineficiencias del gobierno, a la vez que la división de la sociedad chilena. Sobre esa ola de ingobernabilidad se montó el autoritarismo que durante diecisiete años puso en marcha un régimen militar que, en nombre de la seguridad nacional, dejó una represiva estela de torturas desapariciones, muertes y su sombra de desconfianza entre los chilenos.

Las políticas de seguridad puestas en práctica con la llegada de los militares al poder encajaban en los lineamientos de la entonces llamada doctrina de seguridad nacional, compartida con algunas variantes por los autoritarismos castrenses de Brasil, Argentina y Uruguay. Lamentablemente, sus rasgos esenciales nos son cada vez más familiares a los venezolanos: la descalificación de críticas y oposiciones como actitudes conspirativas y, por tanto, todo disidente es enemigo del régimen y de la seguridad del Estado; la insistencia en amenazas externas que colocan al Estado en situación de asediado por la alianza entre enemigos internos y externos; en suma, se produce la sustitución del discurso político por uno de guerra y así se militariza el ejercicio de un poder superior y sin contrapesos que somete en aras de la seguridad… del gobierno.

Sí, todo esto resuena entre nosotros con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria –designado ya un militar como jefe de Inteligencia Nacional–  y con las numerosas decisiones, leyes y decretos inconstitucionales que en materia de seguridad nacional lo han precedido, más lo que ahora encubre el proyecto de  una nueva ley habilitante.

En el presente venezolano, sin dejar de reconocer las distancias de tiempo, espacio e historias, se mezcla lo peor de la secuencia chilena y su agravamiento. Con todo, lo nuestro es mucho más intrincado, engañoso: entre lo premoderno que lo aproxima a prácticas represivas y entreguistas del gomecismo, hasta lo posmoderno que pretenden las propuestas e iniciativas de control concebidas a partir de elucubraciones sobre guerras asimétricas y de cuarta generación.

Por cierto, también se ha recordado en estos días cómo con su afán de poder absoluto el régimen de Pinochet confirmó el aforismo de lord Acton y, al paso del tiempo, sus consecuencias judiciales: tanto en el ámbito de la corrupción humana inherente al ejercicio de la represión como en el de graves y bien fundadas acusaciones por enriquecimiento ilícito.