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Pedro Palma

Inflación, controles y restricciones

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A raíz de la reciente andanada gubernamental de improperios contra las empresas privadas y los empresarios, a quienes se les acusa de realizar prácticas especulativas que han desencadenado el galopante proceso inflacionario que padecemos, me propuse escribir este artículo con el ánimo de rebatir muchas de las acusaciones esgrimidas, y alertar sobre las posibles consecuencias que se pudieran derivar de la implementación de varias de las acciones que se están aplicando, o que se intentan poner en marcha, con el fin de doblegar aquellas prácticas especulativas.

Como este es un tópico sobre el que he escrito en variadas oportunidades, revisé varios de los artículos que he publicado en esta columna relacionados con el mismo tema, y me topé con uno escrito a raíz de la aprobación de la Ley de Costos y Precios Justos en julio de 2011 que me llamó la atención, pues su contenido es hoy de gran vigencia. En el mismo decía que esa ley se originaba del convencimiento gubernamental de que la inflación que padecíamos se debía a la especulación, por lo que la solución de ese problema se tenía que centrar en el combate de esas abyectas prácticas, para lo cual se aprobó la mencionada ley con el fin de “levantar un registro estricto, permanente y detallado de los costos de producción, distribución y comercialización de todas las personas naturales y jurídicas que produzcan, importen o comercialicen bienes o presten servicios, con el fin de establecer los precios justos a los que se podrán vender estos”. También decía en ese artículo que la ley establecía que cualquier modificación, o el establecimiento del precio de un nuevo producto, tenía que contar con la aprobación de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, entidad que determinaría el precio justo del bien o servicio, o permitiría su modificación. Me preguntaba entonces cómo un gobierno tan ineficiente pretendía montar la sofisticada y compleja estructura que se requería para implementar esa ley, dónde estaban los técnicos capaces de analizar eficientemente las estructuras de costos de infinidad de empresas, o cómo podrían establecerse los costos razonables de distintas empresas productoras de productos similares cuando unas eran más grandes y eficientes que otras.

Concluía ese escrito diciendo que lo que generaría dicha ley, además de corrupción, sería escasez y desabastecimiento, pues condenaría a múltiples empresas a trabajar a pérdida o con márgenes muy exiguos, haciendo que los productos se consiguieran principalmente en el comercio informal, pero a precios desproporcionadamente elevados, por lo que lejos de aliviar el problema inflacionario, lo que haría sería agravarlo. Pues bien, el tiempo me dio la razón, ya que después de una desaceleración inicial y transitoria del aumento de los precios al comienzo de la implementación de la ley vino el brutal rebote inflacionario que hoy padecemos.

Ante las insólitas acciones recientes del gobierno y los anuncios de las decisiones que vendrán en el marco de la innecesaria ley habilitante que tramposamente está aprobando la Asamblea Nacional, es válido que nos preguntemos qué consecuencias tendrán esas decisiones. Lo que se producirá a la larga es desabastecimiento, escasez, escalada inflacionaria, cierre de empresas y desempleo. Ya hemos visto el volcamiento de personas hacia los comercios en busca de bienes con precios reducidos, que en algunos casos degeneran en frustración y desorden ante el agotamiento de los inventarios, llegándose a producir saqueos y destrucción.  Esto se traducirá en desabastecimiento en las próximas semanas, precisamente en vísperas de la Navidad, proliferando el comercio informal con altos precios, el cierre de múltiples comercios y el despido de sus empleados. Después de un primer efecto de desaceleración en el aumento de los precios, lo que vendrá es alta y creciente inflación. Ojalá que las autoridades entren en razón y eviten la materialización de un absurdo.