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Héctor Faúndez

España y su verdad

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Esta semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de personas, reunido en Ginebra, luego de oír a las organizaciones no gubernamentales, ha examinado el informe presentado por España. Un asunto clamoroso faltaba en ese informe: el relativo a la suerte de las víctimas de la dictadura franquista. Aunque se sabe que algunas de ellas fueron ejecutadas, se ignora qué pasó con sus restos; respecto de aquellas víctimas que han aparecido sepultadas en las cunetas, con un tiro en la nuca, ni siquiera se ha permitido investigar las circunstancias de esas muertes.

La tesis del gobierno español es que el comité sólo tiene competencia para conocer de desapariciones forzadas ocurridas después de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este argumento pasa por alto que, si hay algo que caracteriza las desapariciones forzadas de personas, además de su crueldad, es su carácter permanente. De acuerdo con la Convención, mientras la desaparición no haya cesado, o no se haya esclarecido la suerte de la víctima y el paradero de sus restos, subsisten las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la misma.

Esta Convención (¡que no ha sido ratificada por Venezuela!) es la primera en reconocer expresamente y desarrollar el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Además, los Estados se han comprometido a velar por que su sistema legal garantice a las víctimas el derecho a una reparación adecuada, que comprenda medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Por ende, los Estados han asumido el compromiso de investigar, hasta establecer la suerte de la persona desaparecida. Nada de eso le importa al gobierno español.

El derecho a la verdad y la obligación de reparar son independientes del momento en que se haya iniciado la desaparición, y basta que ésta no haya cesado y que no se hayan esclarecido las circunstancias de la misma. Mientras la víctima no haya sido liberada o, en caso de fallecimiento, no hayan aparecido sus restos y no hayan sido restituidos a su familia, subsiste la obligación del Estado de investigar con seriedad, de garantizar el derecho a la verdad, y de ofrecer a las víctimas y a la sociedad una reparación adecuada.

Desde el comienzo de la transición española, sus sucesivos gobiernos han sido reacios a romper con el pasado franquista, a buscar la verdad como base de una reconciliación justa, y a reparar la memoria de las víctimas. No se podía esperar otra cosa de los hijos y nietos de los represores que, desde el poder, han demostrado conservar la misma ideología y los mismos antivalores de sus antepasados.

A la muerte del dictador, con una ley de amnistía que ciertamente no fue consultada con las víctimas, quienes ostentaban el poder renunciaron a hacer justicia; pero es inaceptable que también se pretenda escamotear la verdad y negarle a la sociedad una justa reparación.

El actual gobierno español se ha mostrado inflexible con el terrorismo de ETA, y no ha escatimado esfuerzos para mostrar su apoyo a las víctimas; pero no ha mostrado el mismo celo para investigar el dolor y sufrimiento causado por el terrorismo de Estado en los años del franquismo, y para acabar con la simbología fascista que, a pesar de una mezquina ley de memoria histórica, todavía subsiste.