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María Amparo Grau

La sociedad contra los individuos

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El tema de los derechos humanos ha “fastidiado” a la humanidad, decía un profesor español. Se refería a cómo la bandera de los derechos humanos ha servido a tanta injusticia en los últimos tiempos, pues en nombre de ellos muchas veces se atropella la dignidad humana. Es cierto que el énfasis en el individuo en este tema puede llevar a desestimar la importancia de los derechos sociales, pero es verdad también lo contrario, y eso lo hemos constatado directamente en nuestro país, pues la preeminencia de lo social puede conllevar al desprecio del ser humano como un ente individual.

La filosofía de que toda posición extrema conduce a soluciones injustas aplica perfectamente en esta materia. Ni lo individual puede llevarse al punto de desconocer la realidad de los derechos sociales, ni lo colectivo puede ser conducido al extremo de sacrificar el respeto de la persona como individuo. Esos son los linderos propios de las dictaduras de derecha o de izquierda, según el caso. Y es que en Venezuela se ha instalado la doctrina política de la preeminencia de lo colectivo, al punto de que el sacrificio de lo particular es lo natural, no importando si para ello han de atropellarse los derechos fundamentales del ser humano.

La mejora de las condiciones de los desheredados, la corrección de las injusticias y las desigualdades (Ramonet) no puede llevarse a cabo en el marco de la Constitución, si para lograr este objetivo se violan los derechos humanos individualmente considerados. Es esta línea de pensamiento lo que afecta la legitimidad del accionar del gobierno en Venezuela en los años de la revolución chavista. Ciertamente, son cuestionables las acciones del gobierno, en tanto este entienda que el derecho a la vivienda prevalece sobre el derecho de propiedad particular al punto de desconocerlo como tal. Es esta torcida perspectiva de los derechos humanos lo que hace que el gobierno se sienta legitimado para atropellar a los titulares de sus derechos, en este caso: la propiedad, para, sin fórmula de juicio, apropiarse de los inmuebles que le resulten convenientes a la ejecutoria de sus políticas de vivienda de interés social. Es el “exprópiese, exprópiese y exprópiese” en un paseo por el centro de Caracas frente a las cámaras de televisión, porque poco importa quién es el propietario, ni la existencia de estudios ni de plan concreto, ni de si en definitiva es esta una solución eficaz al tema de la vivienda, lo que importa, lo que justifica este accionar, es que invocando el derecho social a la vivienda digna de nada vale el derecho de los particulares a la suya individual. Y téngase en cuenta que los supuestos beneficiarios de estos planes de vivienda, en un Estado con esta filosofía, pueden pasar a ser víctimas del atropello de sus propios derechos individuales.

Otro ejemplo puede ser el trato dado al derecho colectivo a la educación, el cual sin duda justifica todos los planes que con seriedad, estudio y conocimiento se elaboren para su desarrollo, desde la escolarización hasta la educación universitaria de calidad. Sin embargo, la aprobación de misiones educativas sin orden ni concierto, la instrucción universitaria sin programas, sin profesores calificados, sin mecanismos de evaluación, sin condiciones físicas ni académicas no son formas de satisfacer este derecho. Así en el ámbito universitario, la instalación  de una universidad en un edificio de oficinas, de forma totalmente improvisada, o las misiones de formación expedita de profesionales en los barrios, todo con el objetivo de crear la ilusión que da la entrega de un título profesional aunque este luego no sirva para ejercer profesión alguna, consigue implantar la creencia popular de que la educación universitaria es posible para todos y que no importan los méritos académicos previos, ni la capacidad intelectual requerida porque el Estado, haciendo valer ese derecho colectivo, dará títulos a diestra y siniestra, aunque en lo individual no se cumpla el objetivo. En el fondo con este proceder se violan derechos humanos individuales: aquellos de los propios supuestos beneficiarios, porque no es cierto que con este accionar irresponsable se cumpla el derecho a la educación, como derecho social, si el individuo no logra en definitiva la educación que se le ofrece.

En esta misma línea de pensamiento se inserta la represión como política de Estado para acallar la protesta; poco importan los derechos humanos de los individuos reprimidos porque ella se justifica en el supuesto orden público que exige la sociedad no disidente; la paz como objetivo justifica los excesos de los cuerpos policiales y judiciales. Es decir, el fin general siempre servirá, en estos tiempos, para eliminar cualquier sentimiento de culpa frente a la tremenda violación de los derechos individuales que acarrea este pensamiento colectivista de los derechos humanos.

Es el rechazo al menosprecio que este pensamiento supone respecto de la dignidad humana lo que mueve a los individuos que, esta vez como colectivo se manifiestan mediante la protesta, la cual es una realidad social que no puede extinguirse por vía de la represión.