• Caracas (Venezuela)

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Oscar Lucien

Traición

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1. Fuera de las resonancias propiamente castrenses relativas a la noción de patria, la traición como una supuesta falta cometida al quebrantar la fidelidad o lealtad debida al difunto expresidente, conocido en sus años mozos como Tribilín, es la retórica conceptual que encubre el reciente decreto 541 del Ejecutivo que establece el 8 de diciembre como “Día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez y a la patria”.

Nicolás Maduro y la claque que lo secunda parten del criterio de que el casi millón de venezolanos que en la elecciones presidenciales del 14-A votaron por la alternativa democrática encarnada en Henrique Capriles traicionaron al fallecido mandatario. ¿Por qué unos ciudadanos, ante la imposición de un candidato que, descontado su apellido, era apreciado como inmaduro para el cargo al que se postulaba, de quien se desconocía trayectoria o mérito relevante que lo acreditara para ocupar tan alta magistratura, un funcionario que era visto como una especie de ayudante personal del anterior jefe del Estado, decidieran votar por otro candidato con reconocida gestión de servicio público, como alcalde y gobernador, por qué, repetimos, debe ser considerado como un traidor? ¿No puede un ciudadano, en ejercicio pleno de su derecho de elegir, evaluar las distintas ofertas electorales y en libertad y con consciencia votar por el candidato que mejor encarne sus expectativas de cambio y de mejor destino para el país y para sí mismo?

En la respuesta a estas interrogantes está la clave para develar la perversidad del decreto de marras que, en mi opinión, se esclarece más al observar la acepción que el DRAE da del vocablo lealtad: “Amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo”.

Por otra parte, no vamos a insistir en los extravagantes considerandos del decreto, pero sí subrayar la perversa “coincidencia” de convocar actos conmemorativos por todo el territorio nacional el próximo 8-D cuando ya estaba oficialmente fijada la realización de comicios locales. Si frente a los numerosos reclamos hechos sobre el obsceno ventajismo electoral que dicha celebración consagraría, el CNE no actúa diligentemente estaría cometiendo, ahora sí pertinentemente hablando, con el DRAE en la mano, un acto de traición: “Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”.

2. El CNE traiciona la Constitución y las leyes si continúa con el trato displicente con el que ha minimizado tan grave asunto que atenta contra la materialización de unas elecciones libres, equilibradas, justas y transparentes. ¿No es del ámbito del mínimo sentido común que la convocatoria de actos políticos el día de realización de unos comicios es fuente de perturbación, de interferencia indebida y ventajista en el acto electoral? Pero más allá del sentido común ¿no establece el artículo 131 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que “está prohibida la celebración de reuniones o espectáculos públicos con veinticuatro horas de antelación al acto de votación y con posterioridad al mismo”?

El CNE, en estricto apego al mandato constitucional establecido en el artículo 293 de la carta magna, tiene la responsabilidad y el compromiso de corregir (a tiempo) esta amenaza a la pluralidad, a la libertad de elección y al orden público el día de los comicios y, de este modo, garantizar la transparencia y validez de las próximas elecciones municipales. Los actos programados para el 8-D deben ser suspendidos. No pueden escudarse en la que excusa de que no ha habido reclamos al respecto, como si fuera necesario recordarles la obligación de que cumplan con un trabajo por el que, además, reciben unas remuneraciones escandalosas si sólo las comparáramos con las de un profesor titular con título académico de doctor en cualquiera de nuestras universidades. Además del “exhorto” del rector Vicente Díaz sobre la inconveniencia de la celebración del “Día de la lealtad…” el 8-D, hay reclamos y exigencias formales sometidas a consideración del directorio del ente electoral por la MUD, la Asociación Civil Ciudadanía Activa y el Observatorio Electoral. En manos de ese cuerpo está la obligación de una decisión oportuna.

Cuando las rectoras del CNE asumieron sus cargos juraron hacer cumplir la Constitución y las leyes. El artículo 7 de la carta magna consagra: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del orden jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución”. Y, repetimos, no someterse a los dictámenes de la Constitución es traición.

Por cierto, Constitución mata decreto.