• Caracas (Venezuela)

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Oscar Lucien

Corrupción y medios públicos

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¿Cuántas veces no reconoció el fallecido presidente, predecesor de Maduro, que la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción eran el talón de Aquiles de su supuesta e inviable revolución? Sin embargo, la ausencia de una verdadera factibilidad política y de acciones concretas hizo que ese talón de Aquiles lo heredara Maduro como un legado que, por sus letales consecuencias, se ha convertido en la enfermedad terminal del régimen instaurado en 1998.

En días pasados, cuando Maduro regresó de China, el vicepresidente ejecutivo anunció que se habían reunido a las 3:00 am para evaluar un informe y puntos de cuenta ordinarios de la gestión de gobierno. Me llamó la atención que insistiera en la hora: ¿pero qué mérito puede tener reunirse en la madrugada con un viajero que lo más seguro es que regrese cansado y, en el caso concreto, agobiado por una gestión fallida? ¿Pretenden promocionar estos inusuales horarios de trabajo como expresión de eficiencia?

Dejo al lector, a partir de su experiencia con instituciones públicas, sacar la conclusión de lo que resulta del eslogan “eficiencia o nada”.

En relación con la lucha contra el burocratismo, del dicho al hecho el trecho es enorme. ¿Quién sabe exactamente cuántos ministerios tiene el gabinete ejecutivo? Pero, además del voluminoso número de carteras ministeriales, de las múltiples vicepresidencias, ahora se suma la creación casi diaria de estados mayores (sic). No tengo dudas de que a este ritmo pronto sea anunciado el estado mayor para el seguimiento de los estados mayores. ¿Qué entiende el gobierno por burocratismo?

Sobre la palabrería de la lucha contra la corrupción hay una vieja historia, y hechos que dejan mucho que desear. No sólo fue el discurso que enarboló Chávez en su campaña de 1998 sino que ya en 2007 solicitó poderes habilitantes para la lucha contra el terrible flagelo. En esa oportunidad la Asamblea Nacional lo autorizó para “dictar normas orientadas a erradicar definitivamente la corrupción, reformar el régimen funcionarial y de responsabilidad personal del funcionario, fomentar su ética, su actualización técnica continua y su formación como servidor público”.

Después de eso ¿cuántos escándalos de corrupción no hubo (Pudreval, maleta de Antonini, CAEZ, Makled, Aponte Aponte, compras del sector eléctrico, el reciente hallazgo de droga en avión de Air France) sin una seria y contundente sanción?

El martes pasado Maduro, también en esto imitando a su “papá”, acudió al Parlamento con el propósito de solicitar una ley habilitante para, de nuevo, otra supuesta lucha contra la corrupción. Cualquier ciudadano, sin necesidad de ser especialista en estudios de comunicación o avezado dirigente político, podrá convenir que Maduro está absolutamente inhabilitado para la habilitación que solicita.

¿Cuántas veces no ha estado el amable lector disfrutando de su programa de entretenimiento favorito, de un evento deportivo, de un programa de opinión, y es interrumpido por una arbitraria alocución oficial en un irrelevante acto de gestión de gobierno? ¿Cuántas veces no ha sido privado de su libre acceso a los medios de comunicación, una garantía constitucional, por unas transmisiones en cadena nacional de actos de naturaleza estrictamente partidista? Todo esto es corrupción. Todo esto está tipificado en la Ley contra la Corrupción como un delito, tan grave que se paga con pena privativa de libertad.

Aunque Maduro solamente se presenta como hijo de Chávez, ungido por este para el cargo que desempeña, es también un funcionario público y los funcionarios públicos, según consagra la Constitución, se deben al Estado y no a parcialidad política alguna. Consecuentemente, la Ley contra la Corrupción, aprobada bajo la Constitución de 1999 ordena en su artículo 54 prisión de seis meses a cuatro años a los funcionarios públicos que en beneficio propio o para fines contrarios a lo establecido disponga de bienes del patrimonio público.

La única, excepcional circunstancia que podría justificar la solicitud de Maduro sería el respaldo de “la predica con el ejemplo”. Muy ajustadamente declaró el general Barrientos, ministro del Despacho de la Presidencia, que la corrupción no es solo robarse unos reales; “la lucha contra la corrupción en el país depende de la siembra de valores”. Buena señal hubiese sido que el martes pasado, en la sesión plenaria de la AN, Maduro hubiese renunciado a la confiscación corrupta que él, su partido PSUV y el aparato administrativo de su régimen ejercen sobre todo el sistema de medios públicos.

¿Denunciará y acabará Maduro la corrupción en los medios del Estado?