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Gustavo Roosen

No es un monstruo

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Hay dos maneras de abordar el tema de la inflación que no llevan a ningún resultado. La primera es pensar en ella como un “monstruo”. Vista así parecería que, además de peligrosa e incontrolable, de aparición súbita y rodeada de misterio, para enfrentarla haría falta un héroe, un salvador, una acción casi épica. Desde otra perspectiva, hay quien la atribuye a la codicia y a la especulación. La salida: buscar culpables, perseguirlos, establecer más y más controles.

La verdad no está en ninguna de esas direcciones. La inflación es un hecho económico medible y una consecuencia de políticas equivocadas, especialmente monetarias y fiscales, las que tienen que ver con el control del gasto público y, de manera determinante, con la producción y comercialización de bienes y servicios.

Una explicación elemental de la inflación parte de la confrontación entre disponibilidad de dinero y disponibilidad de productos. La regla es simple: a mayor escasez de bienes, mayor precio. Dicho de otro modo: a menor producción, más inflación. El punto está, entonces, en garantizar la disponibilidad de bienes. Hay solo dos maneras de hacerlo: produciéndolos o importándolos. Aquí parece estar la explicación para la inflación venezolana: las políticas públicas no estimulan la producción nacional y el sistema de manejo de divisas traba la importación.

Desde una perspectiva política interesada en buscar culpables, se ha tratado de atribuir la inflación venezolana –de casi 60%– a la usura. Cabría preguntarse si los empresarios venezolanos son más codiciosos o más incapaces que los del resto de mundo, donde el índice promedio de inflación ronda 2%. Ni una cosa, ni la otra. La realidad es otra: las políticas públicas establecidas generan desconfianza, traban y restan estímulo a la producción.

Los comerciantes, en particular, están sometidos a un esquema de manejo de divisas no transparente, arbitrario, colmado de dificultades, generador de desconfianza y frente al cual se sienten obligados a protegerse. Las limitaciones y la discrecionalidad en el otorgamiento de divisas les ha compelido, a sabiendas de las autoridades, a trabajar con el dólar de mercado, lo que en buena medida ha determinado el cálculo de los precios de reposición de inventario y, en consecuencia, los de oferta al consumidor.

La salida política de culpabilizar a los empresarios y particularmente a los comerciantes ha rendido al gobierno, a juicio de los analistas, un rédito político temporal, capitalizado en las últimas elecciones. ¿Por cuánto tiempo? El año que viene estará marcado sin duda por severas limitaciones. Para los ciudadanos y los agentes económicos, desde luego, pero también para el gobierno, abrumado por las deudas y exigido por los acreedores. Los anuncios hechos no crean confianza respecto a la disponibilidad de divisas ni a la claridad en el procedimiento de asignaciones. Todo advierte que continuará la discrecionalidad y el uso político del sistema. Atrapados por las medidas tomadas y la creciente desconfianza, poco será lo que puedan hacer los comerciantes para contribuir a dinamizar la oferta. La consecuencia, nuevamente: más desabastecimiento, más inflación.

Una lectura falaz de los orígenes de la inflación ha llevado al gobierno a aplicar soluciones equivocadas: controles o reducción de precios, fijación arbitraria de los márgenes de ganancia. La instrumentación de estas medidas no ha hecho sino agravar el problema: debilitamiento de la capacidad de compra, desabastecimiento, cierre de empresas, desempleo.

La salida solo tendrá lugar cuando se asuma que se trata de un problema económico, no político, y se busquen las soluciones en el terreno que corresponde, atendiendo a la realidad y a los fundamentos económicos. Mientras esto no ocurra, la inflación seguirá pareciendo un monstruo sin control o una desviación ética para cuya erradicación presumen bastaría un gesto político de audacia. Entre tanto, la inflación seguirá empobreciendo a la población y minando su vida y su esperanza.