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Héctor Faúndez

Estado delincuente

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El título de esta columna lo tomo prestado del oportuno y muy interesante libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre, con prólogo de Baltazar Garzón, y que acaba de aparecer. En poco más de 450 páginas, los autores se pasean por las distintas manifestaciones del crimen organizado, y por las dimensiones colosales que éste ha llegado a alcanzar en Venezuela. Esa circunstancia ha carcomido el Estado de Derecho y ha debilitado nuestras instituciones, bajo la mirada impasible de quienes tenían el deber de actuar.

El texto comienza analizando el drama de la inseguridad personal en Venezuela, que cada año aflige a miles de familias, por la impunidad que le acompaña y por el efecto que esa violencia criminal tiene en el desarrollo económico de la nación. En capítulos posteriores se consideran, entre otros, los secuestros, el robo de vehículos, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el contrabando, la minería ilegal y, por supuesto, la corrupción en Pdvsa y las industrias básicas. Los indicadores, incluidos los relativos al tráfico y al decomiso de drogas, ilustran suficientemente bien el tamaño de nuestras dificultades. Pero los autores no se conforman con describir lo que, de otra manera, pudiera pensarse que es un fenómeno local, sino que se extienden ampliamente en el desarrollo histórico de la delincuencia organizada en América Latina, y prestan especial atención a los casos colombiano, mexicano, centroamericano y venezolano.

La crisis financiera tampoco ha escapado de la voracidad del crimen organizado que, con la complicidad de actores políticos y seudoempresarios, a través del control de cambio, la intervención de los bancos y de las casas de bolsa, ha extendido sus redes por todo el tejido social y socavado las bases de la democracia. El Estado se ha puesto al servicio de los delincuentes.

Al infiltrarse en los poderes públicos, y particularmente en el Poder Judicial, el crimen organizado ha secuestrado al propio Estado venezolano. No pocos policías, fiscales y jueces (incluso en los niveles más elevados) se han dejado corromper prestándose para manipular pruebas, para vender sentencias y para adoptar decisiones que garantizan la impunidad de los criminales. No puede perderse de vista que la corrupción es la hermana gemela del crimen organizado, y que éste necesita de jueces dóciles y complacientes. Pero, si eso no fuera suficiente, ahí está el sistema penitenciario, con sus pranes bien dotados de armas de fuego, de granadas y de drogas, para que, incluso desde las cárceles, el negocio del crimen pueda seguir floreciendo.

Los jueces, junto con los policías y los fiscales, deberían estar en la primera línea de batalla, haciendo lo que la sociedad espera de ellos; pero, por ahora, parecen estar más pendientes de otras cosas. Con el crimen organizado, y con la corrupción que éste genera, no se puede convivir sin caer en la complicidad; por eso, no podemos ser indiferentes ante ellos, pues la lucha en contra de la delincuencia organizada requiere un compromiso de todos.

En el prólogo de este libro, Baltazar Garzón observa que Venezuela se ha aislado del resto de la sociedad internacional, y que ese aislamiento hace más difícil combatir el crimen organizado. Pero el libro que comentamos no se contenta con el simple diagnóstico de la enfermedad que hoy aflige a la sociedad venezolana; de manera lúcida, también ofrece soluciones prácticas, que permitirían recuperar la dignidad de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestra democracia. Con su experiencia y sensibilidad, Carlos Tablante y Marcos Tarre han hecho una valiosa contribución al debate público sobre uno de los problemas más urgentes que agobia a Venezuela.