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Víctor Rodríguez Cedeño

Autodeterminación y crímenes internacionales

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Los pueblos tienen el derecho de determinar su destino, de construir su futuro, en resumen, de adoptar la estructura política que la mayoría escoja o decida. Los gobiernos no pueden sustituirles en el ejercicio de ese derecho. Imponer modelos políticos por encima de la voluntad popular, violentando la Constitución y el orden jurídico, abandonando el Estado de Derecho, contradice abiertamente el “derecho a la autodeterminación de los pueblos”, consagrado en el derecho internacional; y, expone a los gobiernos responsables a la crítica y a la acción de la comunidad internacional.

En Venezuela el cuestionado régimen de Nicolás Maduro ejerce el poder divorciado de los parámetros democráticos; la represión y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos ante protestas legítimas y pacíficas evidencia esa cara de un régimen que se hunde en el caos.

Ante ello, dentro nos rebelamos; fuera no todos entienden, mientras que otros, más lamentablemente, expresan con su silencio una complicidad vil que pone en jaque principios y valores que más bien deberían fortalecerse para garantizar el futuro de la humanidad. A pesar de las normas y principios de derecho internacional y de derecho interno que definen la democracia y exigen su respeto como sistema de vida política y único espacio para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, los gobiernos de América Latina han asumido una posición tibia, más bien tolerante e incluso de complicidad. A pesar de que la sociedad y las relaciones internacionales evolucionan a favor de un nuevo derecho internacional en el que se da cabida al derecho a la democracia como un derecho humano colectivo y fundamental, los dirigentes de la región, alejados de los cambios en curso en el mundo, marcan un retroceso impropio, al desconocer y minar el aporte que América Latina dio con sabiduría en todos los tiempos a la formación y consolidación del derecho internacional, un sistema que se afianza después de 1945 y que ha permitido la estructuración de la sociedad internacional de hoy, cuyo objetivo principal es la convivencia pacífica y el progreso en armonía con el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Si bien es cierto que la comunidad internacional no estaría aún en condiciones para “actuar” y proteger el derecho a la democracia, como un bien colectivo fundamental, ella no podría eludir su responsabilidad ante el irrespeto de los derechos humanos y la ejecución de crímenes internacionales que, por su propia naturaleza y gravedad, chocan con la conciencia y ponen en peligro la existencia misma de la humanidad. Si ante la defensa de la democracia habría “excusas” o “justificaciones” para eludir sus responsabilidades, ante la violación de los derechos humanos no cabría retórica alguna para justificarla. Esconderse detrás del principio de la soberanía, constitutivo de la existencia misma del Estado y del cual se deriva el relativo a la no injerencia en los asuntos internos de los otros Estados para transgredir valores y principios fundamentales, resulta simplemente inaceptable.

La soberanía cede hoy ante una realidad incuestionable que abre paso a un sistema jurídico más objetivo en el que se impone un orden público internacional que va más allá de la simple voluntad de los Estados, integrado por normas superiores, incluso de carácter imperativo, es decir, inderogables, como las relativas a los derechos humanos y los crímenes internacionales.

Estamos ante una de las más severas crisis que ha atravesado el país en su historia. Un pueblo que protesta con legitimidad y valentía ante las arbitrariedades de un régimen que surgió de la democracia y la desvirtúa para destruirla. Una crisis que debe ser resuelta por los venezolanos, si se aceptan las limitaciones expuestas; pero, si ello es cierto, lo es igualmente o más que lo relativo a la violación flagrante de los derechos humanos y la ejecución de atroces crímenes internacionales, que precisamente se cometen producto de esa misma situación de crisis, como se aprecia hoy en las calles del país, la comunidad internacional tiene tanto el derecho como la obligación de interesarse, de vigilar y de actuar con responsabilidad para salvaguardar los derechos, la vida y la integridad de los ciudadanos.

Si todavía no hay mecanismos políticos validos y eficientes que garanticen el derecho de vivir en democracia y los derechos humanos que en ese espacio se ejercen, los órganos jurisdiccionales penales internacionales pueden ser competentes para investigar los hechos, constatar la realidad y procesar y castigar a los responsables de crímenes internacionales, como los de lesa humanidad que están no solamente bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sino de tribunales nacionales que ejercen la jurisdicción universal y es por todo ello que deben pasearse quienes hoy, en nuestro país, participan en actos que pueden constituir un crimen de esa naturaleza.