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Humberto Briceño León

Arturo Sosa. Diálogo y Sala Constitucional

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El 24 de noviembre de este año, el diario El Nacional recogió unas declaraciones del sacerdote Arturo Sosa, Superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús, en las que afirmó: “Desde el punto de vista político la urgencia en Venezuela es regresar a la Constitución; esta debería ser el marco en el que todos nos movamos”.

La declaraciones del calificado jesuita confirman las estrechas relaciones que entre Constitución y Política se producen hoy en Venezuela, destaca el papel de la Constitución en nuestros conflictos, la concibe como guía adecuada para encontrar nuestras soluciones, aconseja reconozcamos genuina y urgentemente su poder para restablecer un orden institucional, y la entiende como límite que fija las fronteras dentro de las cuales debe producirse la acción política. Estoy de acuerdo, la Constitución se encuentra extraviada, pero tenemos aun un problema que resolver ¿quién nos indica el camino de regreso a la Constitución? ¿Como sabemos dónde está la Constitución perdida? Arturo, tu consolidada autoridad intelectual y la audiencia universal que hoy tienes contribuyen vigorosamente a que se tome en serio la solución que en mi opinión propusiste implícitamente en tus declaraciones en torno a la designación de una nueva Sala Constitucional que coincide con la que hice en el reciente congreso internacional de Derecho Constitucional que se celebró en la Universidad Monteávila en Caracas. Resalté la interactiva relación que hoy se produce en Venezuela entre Constitución y Política, la argumentación constitucional está presente en nuestro debate político tal vez como nunca antes, reflejo probablemente de la historia que ha acrecentado nuestra madurez política y acentuado la demanda por la realización de los principios republicanos y democráticos.

Creo que la perspectiva del prestigioso jesuita conviene en la necesidad para Venezuela de una nueva y confiable Sala Constitucional en nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Hoy podrían dársele respuestas pacificas, democráticas y constitucionales a la mayoría de nuestros conflictos si nuestros líderes pudiesen percibir la necesidad histórica, práctica y teórica de conformar una nueva Sala Constitucional autónoma e independiente como ordena el artículo 254 de la vigente Constitución Bolivariana de Venezuela. Si los líderes sospechasen que un día pueden clamar por esa imparcialidad y competencia profesionales, si reflejasen el deseo nacional verdaderamente democrático, si atendiesen a la madurez política que creemos haber alcanzado, podría resolverse nuestra crisis política de modo estable. Se requiere un amplio, franco y muy consolidado consenso de los líderes y la sociedad para poder conformar una nueva Sala Constitucional. Debe ser un tribunal al que todos acordemos la garantía de aceptar sus juzgamientos, de elevadísimas competencias profesionales, del cual todos estemos seguros que no responderá mecánicamente en sus sentencias a intereses políticos particulares, partidistas, o de otra índole. Para ello es necesario que los actores fundamentales de la escena política abran los ojos y vean que en nuestro país se incubó un verdadero espíritu democrático que continuó creciendo con vigor a partir de la caída de nuestra última dictadura militar, no admite más el perverso juego que impusieron en nuestras realidades las constituciones nominales, de papel y cosméticas.

Negar esta posibilidad es sostener que la Constitución solo es lo que digan quienes ostentan el poder predominante y circunstancialmente. La historia nos ha demostrado palmariamente que esas relaciones de dominio se transforman, las mayorías cambian, lo que les es hoy favorable mañana no lo será, hoy necesitan un tribunal que les dé la razón pero mañana podrían reclamar imparcialidad y autonomía.

La Mesa de Diálogo no puede desempeñar ni remplazar el papel de la Sala Constitucional, pero sí pueden los ex presidentes de España, República Dominicana, y Panamá, y el Vaticano promover decididamente en la mesa correspondiente la designación de una nueva Sala Constitucional producto de un elevadísimo conceso nacional como solución institucional estable y permanente para Venezuela.

Experiencias de otras naciones descartan la ingenuidad que pudiese atribuírsele a esta propuesta, conflictos de una gravedad comparable con la que vivimos en Venezuela han sido resueltos por tribunales constitucionales alrededor del mundo y sus sentencias han sido acatadas con respeto por el conjunto de la sociedad. Divergencias extremadamente sensibles política y socialmente han sido objeto de sentencias como la que emitió la Corte Suprema de Canadá en 1998 al impedir la posibilidad de que es país se partiera en dos, correspondiente a una situación similar es la que dicto la Corte Constitucional de España en el 2015 que interrumpió el proceso de separación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, o la de la Corte Constitucional de Colombia en el 2010 que negó una posible tercera elección del Presidente, y entre otras muchas también la de la Corte Suprema de la India en 1980 que detuvo los intentos de Indira Gandhi de suprimir los poderes de la Corte para anular enmiendas constitucionales. El solo ejemplo de nuestro país sería suficiente para demostrar el importantísimo rol que puede jugar un juez constitucional en un difícil conflicto político, en efecto nuestra Corte Suprema de Justicia resolvió la complejísima y severa controversia en torno a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente no prevista y prohibida por la entonces Constitución de 1961, así el 19 Enero de 1999 autorizó su convocatoria favoreciendo al oficialismo. Una renovada Sala Constitucional es una solución realista, se compadece con la intensa interactividad que hoy se produce en nuestro país entre Constitución y Política, así nos enseñan experiencias de naciones como Colombia, Canadá, España y la India, y sería una solida garantía para preservar la democracia.

 

Humberto Briceño León

@HBricenoLeon

www.HumbertoBriceno