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Héctor Faúndez

Arruinando una idea

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Desde su instalación en 1979, la Corte Interamericana de derechos Humanos había sido la única instancia internacional que ponía freno a los abusos del poder, que alentaba a la sociedad civil en la defensa de la justicia y la democracia, y que era una esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por esa Corte han pasado algunos juristas notables que han dejado una profunda huella en el acervo jurisprudencial de ese tribunal; hasta su recinto han llegado personas intachables, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero cuya honorabilidad y rectitud no se pone en duda. Aunque alguna de sus sentencias no gustara, no había razones para atribuirle motivaciones políticas. En sus primeros 30 años, nunca se utilizó a la Corte como trampolín para alcanzar otras posiciones. Nunca uno de los suyos daño su credibilidad y su prestigio, y nunca se sospechó de un tráfico de influencias por parte de alguno de sus jueces. Espero que no haya comenzado un nuevo ciclo.

En un comunicado de prensa, se informa que el presidente de la Corte, Humberto Sierra, aceptó la excusa de su antecesor en el cargo, el juez Diego García Sayán, para apartarse de algunos asuntos de la Corte “mientras sea candidato a la Secretaría General de la OEA.” Desde hace más de un año, era vox populi que García Sayán era candidato a la Secretaría General de la OEA y así se lo hizo saber, entre otros, al presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien le solicitó su respaldo. García Sayán es un político destacado que, antes de llegar a la Corte, había sido ministro de Relaciones Exteriores de su país; de allí a que la Asamblea General de la OEA lo eligiera juez de la Corte había sólo un paso.

Diego García Sayán tiene todo el derecho a aspirar a la Secretaría General de la OEA. Lo que no puede hacer es seguir adelante con esa candidatura y, al mismo tiempo, continuar siendo juez de un tribunal llamado a juzgar a los mismos Estados que deberán votar su candidatura, dejando espacio para las suspicacias. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de acuerdo con principios éticos elementales, ambas cosas son incompatibles; sin embargo, gracias a la complacencia del presidente de la Corte, García Sayán podrá seguir siendo juez y candidato. ¡Ese es el problema!

Éste es un asunto de la competencia del pleno de la Corte y no de su presidente. ¿Por qué Sierra Porto se ha saltado el Reglamento y ha evadido el debate sobre un caso de incompatibilidad manifiesta con el cargo de juez? Habiendo reglas tan claras, ¿por qué ha preferido ignorar esas normas, dañando la credibilidad de la institución y la confianza de quienes recurrían a ella? ¿Por qué Sierra Porto no vaciló en favorecer a un juez que, junto con serlo, desde hace más de un año está buscando votos para llegar a la Secretaría General de la OEA?

Coincidiendo con las presidencias de García Sayán y Sierra Porto, la jurisprudencia de la Corte ha experimentado un giro de 180 grados, reduciendo los estándares en materia de libertad de expresión, debido proceso, garantías para los defensores de derechos humanos, criterios para combatir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos, supervisión de cumplimiento de sentencias, y agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Mientras las víctimas se preguntan por qué este retroceso, los gobiernos de los Estados que han sido favorecidos por esa nueva jurisprudencia pueden sentirse complacidos. Pero, para satisfacer una ambición personal, no hay que manchar el nombre de los otros jueces de la Corte ni destruir una institución respetada y respetable, que no estaba al servicio de candidaturas circunstanciales sino al servicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos.