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María Amparo Grau

Ángel y Cruzada cívica (I): la alcabala

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En días pasados una vieja amiga, psicóloga de profesión, me decía que el mayor problema de Venezuela era que los venezolanos no teníamos conciencia de lo que significa ser ciudadanos. Me recordaba la frase citada en un artículo anterior, del maestro español Eduardo García de Enterría en el sentido de que el verdadero Estado de Derecho es aquél en el cual no sólo el Estado entiende que el ciudadano tiene derechos, sino lo que es más importante en éste es que el ciudadano sabe que los tiene y por supuesto los reclama.

Ciertamente, los Estados de Derecho se han construido sobre la base de revoluciones que se originaron en la conciencia colectiva de los derechos individuales.  Otros, como el nuestro, son producto de la copia o la asunción de estos modelos, que quizá por no responder a la lucha social por la reivindicación de estos derechos y valores base cardinal de la noción del Estado de Derecho, han conducido a la violación constante de quienes detentan el poder y a la indiferencia de quienes se someten a éste. Por eso muchas veces nuestro comportamiento es el de súbditos y no el de verdaderos ciudadanos.

Habría que realizar una cruzada ciudadana, un movimiento de concientización de lo que significa ser ciudadano, y del trato que como tal nos corresponde.  Identificar, primero, cuales son nuestros derechos, y lograr el reclamo colectivo de su respeto y ejecución. De este modo, organizar la lucha ciudadana por la reivindicación de los derechos y para ello utilizar las herramientas que el sistema nos proporciona, porque éstas aun defectuosas, serán proclives al cambio que la exigencia ciudadana les plantea.

Y en esta cruzada tomemos el ejemplo de la Alcabala.  La palabra Alcabala se define como el: “Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.” (RAE).  En Venezuela (y Colombia) esta palabra tiene otra acepción: “Puesto de policía en las salidas de las ciudades y carreteras”.

En la realidad venezolana la alcabala es en efecto un puesto de control policial que se pone en las carreteras, pero también se usa como sinónimo de un tipo de peaje ilegal, es decir como aquella actividad mediante la cual, generalmente un funcionario público, policial o de otro tipo, le quita una tajada a las personas de lo que tienen u obtienen en un trámite que supone la intervención de éste.

Es quizá el origen de la palabra lo que explica que ese tipo de puesto policial sea entre nosotros un sitio de cobro, no de un impuesto, sino de un monto por cohecho o extorsión.  Es la práctica generalizada que el funcionario en la alcabala cobre a los indefensos ciudadanos una suma de dinero bien por hacerse la vista gorda y no ejercer la función que le impone su cargo frente a una violación o infracción del sujeto controlado por esta vía  o bien, no habiendo nada que cuestionar en el sujeto objeto de dicho control, al someterlo a extorsión con la amenaza de la autoridad desviada y perversa que prevalida de ella coacciona al también indefenso ciudadano.

Ciertamente se puede pensar que es esta, el origen del término, la razón que ha convertido en distorsionadas “alcabalas” los puestos de control policial en Venezuela, pero también es dable pensar que la razón viene de una interpretación del sentido contrario lo cual sería aún peor, es decir, que se le ha dado este nombre legal porque hay conciencia de que ello permite tal ilegítimo proceder. Cualquiera sea la explicación que pueda darse a la circunstancia de que los puestos de control policial en Venezuela son alcabalas porque en ellos se facilita esta práctica perversa, nos lleva a reflexionar sobre el por qué siendo ello asunto del conocimiento general sigue teniendo cabida en nuestra sociedad, y no ha quedado como un triste fenómeno del pasado, ese en el que la ausencia del derecho y de los derechos como concepto base de una organización social moderna, de paz y seguridad, permitían y hoy son sólo materia de textos y películas.

Nada aportan las normas que regulan las alcabalas imponiendo el uso de conos y unidades de patrullaje debidamente identificadas, ni la obligación de colocar un cartel visible y con funcionarios uniformados.  Lo que debería preverse es la eliminación de las alcabalas como método de control rutinario policial, siendo que el concepto entraña, es sabido y sufrido, la práctica del cohecho y la extorsión con el conocimiento y la mayor indolencia oficial y la sumisión de los ciudadanos que la sufren. Las altas autoridades saben que las alcabalas son fuente de cohecho y extorsión, pero se hacen la vista gorda, algunos hasta admiten que es una forma de compensación de los pobres salarios policiales, otros, que el fin justifica este medio, pues ciertamente en algún caso puede detectarse y controlarse cierto tipo de delitos, aunque la más de las veces los controladores sean los propios delincuentes con dicha forma de actuación.

Las alcabalas, esas que se admiten porque compensan el sueldo policial, esas que se justifican porque a pesar de ello alguna utilidad pueden tener, esas que se tienen porque sirven de propaganda oficial a los fallidos planes de patria segura o bajo el lema la seguridad es tarea de todos son figuras corruptas que deben desaparecer. La seguridad no es tarea de todos, la seguridad es tarea del Estado, y la alcabala así concebida no es instrumento idóneo para ello. Qué deformada es la tolerancia a la existencia de esta institución cuando lo socialmente aceptable es que un padre le diga a un hijo: “Mijo no tome la cota mil porque allí ahora hay una alcabala…”. Tenemos el derecho ciudadano a exigir el fin de las alcabalas.