• Caracas (Venezuela)

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Laura Gil

Nuestra América Latina

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Bienvenidos a la nueva América. El continente de hoy, construido por el bloque de izquierda con la anuencia silenciosa de los gobiernos de derecha, se empotra en el principio de no injerencia para callar ante los atropellos contra la democracia.

Aquí está el resultado del mutismo de más de una década frente a la lenta erosión en el respeto de los derechos políticos: una OEA paralizada y cobarde y una nueva institucionalidad interamericana, representada en la Unasur y la Celac, sin mecanismos de acción más allá de la diplomacia presidencial.

Nada más se podría esperar de gobiernos que agitan las banderas del chavismo y de la democracia como si fueran una y la misma cosa.
El presidente Correa expresó su “total apoyo al presidente Nicolás Maduro frente a los hechos de violencia, organizados por la oposición”; Cristina Kirchner “alertó sobre evidentes intentos de desestabilización”; Bolivia llamó a “todas las fuerzas vivas a defender la democracia”, y el gobierno de Ortega rechazó, condenó y repudió –sí, las tres, para que no haya lugar a confusión– “las acciones golpistas”.

Hasta Cuba, tan reacia a meterse en lo ajeno, en medio de esta reencauchada sin condicionamientos, censuró “los intentos de desarrollo de golpe de Estado”, como si la mera protesta fuera un atentado contra la democracia.

A ellos habría, al menos, que abonarles su contundencia. Muchos otros le prenden una vela al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y otra a la defensa de los derechos humanos.

Pepe Mujica extendió su solidaridad a Venezuela, mas no directamente al Gobierno, a la vez que defendió “fervientemente la libertad de expresión pacífica”, en velada referencia al retiro del aire de NTN24.

Pero no se atrevió a decir las cosas como son: la represión de la oposición no es digna de una autoridad democrática, sea cual sea la legitimidad que hubiera obtenido en las urnas.

Sobra aclarar que, para Maduro y su gabinete, ningún pronunciamiento de este corte constituye una injerencia en asuntos internos. Intervencionistas, solo los críticos.

Panamá, Perú y Colombia exhortaron a las partes al diálogo. Aun así, ninguno se atrevió a invocar lo innombrable: la Carta Democrática Interamericana.

“El Consejo Permanente de la OEA podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios” en caso de alteración que afecte el orden democrático.

Poco interés existe en salvar la Carta Democrática Interamericana. Lejos están las épocas de la construcción común de un concepto comprehensivo de democracia, que abarcara más que el ejercicio electoral.

Sin vergüenza, nada menos que su guardián, el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, les pidió a los líderes opositores abstenerse de marchar. “La presencia de determinados dirigentes podría desencadenar incidentes que posteriormente todos lamentarían”, escribió.

Predomina en Venezuela esa malsana conducta de desconocer la legitimidad del contradictor, y la oposición parece el reflejo de lo que critica. En consecuencia, vale la pena repetir hasta el cansancio que el gobierno elegido de Maduro no debe ni puede ser depuesto por la presión de la calle. Pero, si a las minorías políticas se les cierran los canales institucionales de incidencia, la calle, como expresión de inconformismo y recuperación de espacio de diálogo, constituye una salida válida.

Cuando la calle habla, los demócratas dialogan. Pero de esos quedan pocos en nuestra América Latina.