• Caracas (Venezuela)

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Víctor Rodríguez Cedeño

Amedrentar y perseguir para dominar

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El terrorismo es un término complejo, difícil de definir, aunque sus elementos resultan claros: crear terror por la violencia o la amenaza de la violencia con fines y objetivos precisos, por lo general, realizados por grupo irregulares que atacan al Estado como institución, para imponer una estructura distinta, en absoluta contradicción con los principios y valores democráticos. El objetivo del terrorismo es perseguir, amedrentar, castigar a una parte de la población civil con el único fin de dominar por el terror y mantenerse en el poder. Una definición muy próxima a otros crímenes graves, como el genocidio, que son castigados por el Derecho internacional penal.

El terrorismo es en todos los casos condenable. Nada puede justificar la realización de actos terroristas, provengan de entidades distintas de los Estados o de estos mismos. La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.

El terrorismo tiene varias formas y una de ellas es el de Estado, es decir, el que se ejerce desde el poder, para crear zozobra, acorralar a un grupo e imponerse. Una primera manifestación del terrorismo aparece con Robespierre a finales del siglo XVIII, cuando impuso el régimen del terror al encarcelar y ejecutar a sus opositores, no muy distinto de lo que hizo Castro en 1959 cuando impuso en Cuba lo que hoy un grupo de aventureros quiere imponer en Venezuela.

El terrorismo de Estado es ejercido por quienes tienen el control del Estado, es decir, por el mismo gobierno o Ejecutivo, generalmente constituido como tal de manera ilegítima e ilegal: pero también, por las otras instituciones del Estado sometidas por el Ejecutivo, el partido político único que penetra la sociedad y otros grupos afines, incluidos paramilitares.

Las actuaciones del régimen chavista podrían reflejar actos propios de terrorismo de Estado. Son alarmantes los ataques realizados por el Ejecutivo representado por un vicepresidente, Nicolás Maduro, cuya legitimidad ha sido justificadamente cuestionada; por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien actúa en nombre de la institución más representativa de la soberanía popular, como si el 48% de los venezolanos le hubiesen dado con su voto una “autorización” para agredir al otro 52% de los venezolanos; y por los distintos dirigentes segundones y sumisos que repiten al unísono el discurso concebido en La Habana, depósito de las instituciones del Estado venezolano: ministros, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV– y un grupo de indignos secuaces que utilizan los medios para sembrar odio y terror.

Enumerar los actos en contra de los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional, de los gobernadores y alcaldes democráticos elegidos, requeriría mucho más espacio del que se ofrece a los columnistas y analistas en un diario. Acusaciones, ofensas, calumnias respaldadas por las instituciones del Estado sumisas al Ejecutivo, que solamente abre averiguaciones en contra de la disidencia, son comunes y frecuentes desde el poder. Reabrir expedientes de violaciones de derechos humanos en forma discriminada y crear comisiones de la verdad, que no son tales, constituyen actos que sólo pueden ser calificados de terrorismo de Estado.

La violencia en la calle, que deja miles de muertos a lo largo y ancho del país, es consecuencia de esas nefastas y bien elaboradas políticas de terror que los venezolanos debemos rechazar con firmeza, aunque se corra el riesgo de ser calificado de “radical”, término que sólo puede ser adjudicado a quienes hoy ejercen el poder en este país.