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Héctor Faúndez

Acceso a la información

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Asisto estos días a un encuentro sobre acceso a la información y derecho a la verdad, que se celebra en México, con el patrocinio del Instituto Demos y el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión. Aunque ambos temas son igualmente importantes, deseo referirme al acceso a la información pública, por corresponderle a éste un papel destacado en el control social de los actos de los gobernantes.

La Carta Democrática Interamericana destaca la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, y la libertad de expresión como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. A partir de la adopción de la citada carta, entre los Estados que integran la OEA, se ha ido construyendo un consenso regional en torno a la importancia del acceso a la información pública y a la necesidad de su protección. En tal sentido, la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas, y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al consagrar el derecho a buscar y recibir informaciones de toda índole, están garantizando el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a información que esté bajo el control del Estado. El Estado está en la obligación de suministrar la información que se le requiera o, en caso contrario, debe proporcionar una respuesta motivada sobre las restricciones legítimas a que tal información pueda estar sometida.

Aplicando el artículo 13 de la Convención Americana, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se han referido en numerosas ocasiones al derecho de acceso a la información y a las obligaciones correlativas que supone para el Estado; sin embargo, en algunos países, sus gobernantes todavía prefieren operar en la sombra, sin el temor a que los ciudadanos vean lo que aquellos hacen con los recursos que son de todos, o la forma como se adoptan decisiones públicas en beneficio de unos pocos, o la forma como se interfiere con la administración de justicia para garantizar la impunidad de los círculos cercanos al poder. Cuando no se tiene una cultura democrática, y cuando no existe probidad, la cuestión es evitar el control social.

Para instaurar una cultura de la transparencia, en Venezuela, el artículo 57 de la Constitución prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad; además, el artículo 143 de la misma Constitución, junto con reiterar lo anterior, agrega que los ciudadanos tienen acceso a los archivos y registros administrativos. Lamentablemente, estas disposiciones se han convertido en letra muerta; al negar sistemáticamente el acceso a información de interés público e impedir que los funcionarios del Estado puedan informar sobre los asuntos bajo su responsabilidad, se ha dado paso a la más absoluta opacidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión pública.

Mientras esto ocurre, el gobierno de Venezuela celebra la divulgación de información por parte de Wikileaks o de Edward Snowden, relacionada con actos ilícitos cometidos por otros gobiernos; pero, paradójicamente, en un ejemplo de cinismo de la peor especie, no permite que los venezolanos se enteren de lo que efectivamente les concierne, y pretende silenciar a periodistas que difunden información de interés público.