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José Antonio Ocampo

Abolir el exorbitante privilegio estadounidense

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El actual punto muerto del sistema político estadounidense conlleva dos importantes implicaciones para el sistema monetario internacional. La consecuencia más conocida ha sido la profundización de la incertidumbre sobre el dólar estadounidense, la principal moneda mundial de reserva, y los activos del Tesoro de Estados Unidos, supuestamente el activo financiero más «seguro» del mundo.

No es sorprendente, entonces, que los principales inversores en bonos del Tesoro de Estados Unidos, China y Japón, hayan expresado su alarma. Sencillamente, hay en el centro de la economía mundial un régimen político disfuncional que genera amenazas reiteradas de cesación de pagos sobre el principal activo de reserva del mundo.

La segunda repercusión es un mayor aplazamiento de las reformas de 2010 de las cuotas y el gobierno del FMI, que duplicarían las contribuciones de los países miembros y aumentarían modestamente el poder de voto de las principales economías emergentes. Antes de ser aprobada por la junta del FMI en diciembre de 2010, la reforma consensuada en la Cumbre de Seúl del G-20 había sido aclamada como un importantísimo avance «histórico». Pero la historia se estancó sin la aprobación de Estados Unidos, que cuenta con un verdadero poder de veto sobre las principales decisiones del FMI.

La amenaza de una cesación de pagos estadounidense bien puede concluir con un acuerdo político para aumentar el tope al endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, como ocurrió en 2011. Pero, sea cual sea el resultado, el último episodio pone muy en claro que nuestro mundo globalizado merece un sistema monetario internacional mejor que el «no sistema» actual, desarrollado en forma ad hoc después del colapso de los acuerdos iniciales de Bretton Woods a principios de la década de los años setenta del siglo pasado.

La necesidad de revisar el sistema monetario financiero internacional fue una de las lecciones básicas de la crisis financiera mundial. Si bien se implementaron reformas importantes, aunque incompletas, en las finanzas internacionales, los esfuerzos en 2009 y 2010 para reformar el sistema monetario internacional –incluidos los cambios propuestos en el FMI– no condujeron a acciones significativas.

Las propuestas de reformas tuvieron distintos orígenes: el gobernador del Banco Popular Chino; una comisión convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la reforma del sistema monetario financiero internacional, dirigida por el premio Nobel Joseph E. Stiglitz; y la Iniciativa del Palais Royal francés, liderada por el ex director gerente del FMI, Michel Camdessus. Hubo además una innumerable cantidad de contribuciones académicas al debate.

El primer elemento de la reforma debe ser el aumento del papel que desempeña la única moneda internacional con que el mundo cuenta actualmente: los derechos especiales de giro del FMI, creados en 1969 como resultado de otra crisis del dólar. El establecimiento de los DEG fue acompañado por un compromiso, incluido en los artículos de acuerdo del FMI, para «convertir los derechos especiales de giro en el principal activo de reserva del sistema monetario internacional» (artículo VIII, Sección 7 y artículo XXII). Pero este compromiso se mantuvo como letra muerta, excepto por emisiones periódicas de DEG durante las crisis, incluido el equivalente a 250.000 millones de dólares en 2009.

Los artículos de acuerdo del FMI deben ser enmendados para permitir un uso más flexible de los DEG que se asemeje a la manera en que funcionan los bancos centrales. Esto es, se podrían crear DEG durante las recesiones mundiales y retirarlos durante los períodos de bonanza. Debieran constituir, además, la principal fuente de financiamiento del FMI, en reemplazo de las cuotas de suscripción o los préstamos al Fondo por los países miembros (esto podría convertir al FMI en una institución basada enteramente en DEG, como lo propuso hace décadas el ya fallecido economista de esa institución, Jacques Polak). La forma más simple sería que los países «depositen» los DEG que reciben en el FMI, que podría prestarlos luego a otros países e invertir el sobrante en bonos soberanos.

Esto debería combinarse con un papel más activo del FMI –en vez del G-20– como el verdadero instrumento de coordinación de política macroeconómica mundial. Una meta esencial (y generalmente consensuada) de esa coordinación debiera ser la reducción de los desequilibrios mundiales, como los generados en los últimos años por el aumento del superávit externo de la Unión Europea, que ha obligado a muchas economías emergentes a sostener crecientes déficits.

Debido a que otras monedas mundiales –el dólar, el euro y, cada vez más, el yuan– continuarían coexistiendo con los DEG como activos mundiales de reserva, otro elemento esencial de la cooperación macroeconómica global debiera ser la definición de las obligaciones específicas de los países (o regiones) que emiten monedas de reserva.

Otro elemento más de la reforma monetaria internacional es una mejor gestión del sistema mundial de tipos de cambio (o, nuevamente, el «no sistema»), que debiera procurar evitar la «manipulación» de las monedas, pero solo después de definir exactamente qué significa eso. También deberá reducir los elevados niveles de volatilidad de los tipos de cambio –«un impuesto sobre la especialización internacional», según lo definiera alguna vez el economista Charles Kindleberger– que hemos visto en los últimos años, incluso entre las monedas principales.

Las discusiones sobre las finanzas mundiales en el largo plazo también han dejado en claro que, bajo ciertas condiciones, la regulación de los flujos de capital (las «medidas para la gestión de flujos de capital», según la terminología actual del FMI) está justificada por motivos macroprudenciales, un acuerdo convenido por el G-20 en su encuentro de Cannes en 2011 y por el FMI el año pasado.

En último lugar, pero no por ello menos importante, el sistema monetario internacional requiere una reforma de su gobierno, que incluye ampliar la voz de los países emergentes y en desarrollo.
Además de la adopción final de las reformas de 2010 y los próximos debates de 2014 sobre las cuotas, los cambios deben incluir las recomendaciones de la Comisión Stiglitz, de la Iniciativa del Palais Royal y del Comité para la Reforma del Gobierno del FMI de 2009, dirigido por Trevor Manuel, entre otras.

Un elemento central de estas propuestas es eliminar, de una vez por todas, el poder individual de veto de cualquier país. Mientras el mundo espera ansiosamente que algunos líderes políticos estadounidenses se comporten como adultos, el costo de mantener el «no sistema» actual resulta extremadamente obvio.


Copyright: Project Syndicate, 2013