• Caracas (Venezuela)

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En su infinita obsesión por el conflicto, la intriga y el complot, el gobierno dictó el decreto 458, publicado en la Gaceta Oficial del 7 de octubre pasado, mediante el cual crea un Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). El propósito declarado de este centro es, entre otras cosas, “neutralizar potenciales amenazas a los intereses nacionales”; pero de lo que se trata es de intimidar y silenciar a los venezolanos, distinguiendo entre los “patriotas” y los supuestos “enemigos internos”.

De acuerdo con el citado decreto, el Cesppa solicitará y evaluará información de interés estratégico, “asociada a la actividad enemiga interna y externa”, proveniente de entidades públicas y privadas, según lo requiera “la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”. Sin que haya una declaración de guerra, pero dando por sentado que estamos en medio de un conflicto internacional, se asume que hay un enemigo interno, cuya amenaza hay que contrarrestar. Para ese efecto, se podrá solicitar información de instituciones públicas o privadas, incluidas universidades, partidos políticos, empresas u organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El concepto de “enemigo interno” está íntimamente asociado a la doctrina de la seguridad nacional, aplicada por las dictaduras militares que, particularmente en los años setenta y ochenta, asolaron el continente. Con el pretexto de combatir al “enemigo interno”, esas dictaduras cerraron medios de comunicación social, prohibieron los partidos políticos y la actividad sindical, torturaron, asesinaron y dejaron a su paso miles de personas desaparecidas. Es irónico que una doctrina vinculada a dictaduras militares de extrema derecha sea rescatada por un gobierno cada vez más militar, que se dice de izquierda.

La sola existencia del Cesppa, con funciones propias de la Stasi o de las policías políticas de cualquier régimen dictatorial, tendrá el efecto de inhibir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos; en particular, tendrá el efecto de coartar la comunicación de informaciones o ideas que, no obstante referirse a asuntos de interés público, alguna mente delirante pueda considerar que forman parte de los planes desestabilizadores de la actividad enemiga. Pero, por si esto no fuera suficiente, el Cesppa podrá clasificar información y restringir el acceso a la misma.

Este órgano, que tiene un impacto directo en el ejercicio de nuestros derechos y garantías constitucionales, no fue creado mediante una ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, sino mediante un simple decreto, que ignora que la libertad de información no está sujeta a censura y que no puede ser restringida ni aun en estados de excepción. Igual que como sucede en las dictaduras, la actividad del Cesppa no está sujeta a ningún mecanismo de control democrático, ni parlamentario ni judicial. No está previsto que un tribunal pueda determinar si lo que se pretende evaluar es información u opinión, o los criterios para determinar si esa información es, en efecto, de “interés estratégico para la nación”. La reseña de hechos de corrupción, la fotografía de una tragedia o de una cola para poner gasolina, la información sobre los viáticos que ha cobrado un funcionario público, la indicación del nombre de un agente extranjero a cargo de una de las funciones que le corresponde al Estado, o la simple crítica de la gestión de los asuntos públicos podrá ser clasificada y, por lo tanto, de divulgación prohibida.

No se puede tapar el sol con un decreto. Los únicos enemigos internos de la patria son la incompetencia y la corrupción, que han generado inseguridad y desabastecimiento, y que están conduciendo a Venezuela al atraso y la miseria.