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Armando Durán

La habilitante de Maduro

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Nicolás Maduro lo notificó hace pocos días. Entramos en una nueva etapa del proceso.

El pasado martes, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, arrancó el plazo de diez días hábiles para que comience la discusión de la ley habilitante solicitada por Maduro. Un proyecto del que solo sabemos lo que anticipó el miércoles Rafael Ramírez. “Nosotros tenemos un conjunto de leyes ya preparadas para la habilitante, que por supuesto no me corresponde a mí anunciarlas, sino al presidente Nicolás Maduro”. Y lo que luego añadió, que se trata de derrotar al peor enemigo de Venezuela, el dólar paralelo, suerte de caballo de Troya de la “guerra económica” desatada por la burguesía para arrebatarle al pueblo su poder y su protagonismo. “Secaremos las fuentes del dólar paralelo”, advirtió Ramírez, “y castigaremos los ilícitos que lo impulsan”. Por último, el viernes este diario informaba que Cadivi excluirá de sus servicios a viajeros, estudiantes y casos especiales. De ellos se ocupará, en 2014, el nuevo mecanismo cambiario sobre el que sólo han circulado diversas y muy vagas conjeturas.

Sin embargo, el dólar paralelo, o sea, el mercado negro donde se comercian con relativa impunidad divisas al margen de la ley, es el fruto podrido de una política financiera mal diseñada y peor ejecutada, cuyo objetivo real no es que los inmensos ingresos generados por la industria petrolera sean utilizados racionalmente para satisfacer el desarrollo económico y social de la nación y el bienestar de los ciudadanos, sino la consecuencia natural e inevitable de una ideologización de la economía, cuya intención es la persecución implacable de propietarios y empresarios privados, los diabólicos enemigos del pueblo.

Gracias a las obsesiones de Jorge Giordani, la asfixiante crisis industrial y agraria ha transformado a Venezuela en un simple monoproductor de materias primas, el petróleo, y en importador de casi todo lo que consumimos, desde complejos artículos manufacturados hasta papel higiénico y productos alimenticios básicos. El ejemplo perfecto de una economía periférica y dependiente de los grandes centros de poder imperial. Por otra parte, el sueño expansionista de la revolución y el socialismo según la visión de Fidel Castro y de Hugo Chávez, su discípulo más aventajado, se ha adueñado de las divisas que produce Venezuela para financiar a países aliados o solidarios, dentro del marco del ALBA o sus alrededores, en penoso detrimento de las necesidades nacionales.

El resultado de esta doble conspiración “socialista” es la crítica escasez de divisas y el precio en frenético crecimiento del dólar, una mercancía que semana a semana se hace más escasa y cara. Esta y no otra es la razón del desastre económico de Venezuela, donde la dificultad para comprar los productos básicos, que ahora se distribuyen de manera selectiva y racionada, convierte la visita a un supermercado en aventura de alto riesgo emocional y hasta físico. Y en la reciente vergüenza de los registros casi obscenos a que son sometidos los viajeros en los aeropuertos internacionales del país.

¿De qué guerra económica hablan, pues, Maduro y Ramírez? ¿Acaso no es el propio gobierno el gran culpable de la crisis y el principal facilitador de dólares al mercado paralelo para financiar sus gastos en bolívares? O, peor aún, como acaba de denunciar Alejandra Benítez, ministra del Deporte, con la revelación del fraude continuado de pilotos de carros y motos de carrera. “Más de 98% de las divisas concedidas a deportistas nacionales han ido a parar al deporte del motor”. Y aunque silenció los nombres de los más beneficiados con la inaceptable excusa de “que los respeta como atletas”, todos supimos de quién se trata cuando puntualizó que a un solo piloto se le aprobaron en año y medio “66 millones de dólares”. ¿Adónde van a parar esas divisas?

No nos engañemos. El verdadero propósito de la ley habilitante no es la lucha contra la corrupción ni contra el mercado negro de divisas. El objetivo que se persigue es otro. Mucho más elemental y perverso: acompañar al recién creado Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) en la ominosa doble misión de profundizar el poder personal de Maduro, dotándolo incluso de autoridad para legislar desde Miraflores en materia penal, y en permitir la más completa militarización del Estado. Con la particularidad de que ambas decisiones se toman, y no de manera casual, en vísperas de las elecciones municipales del 8 de diciembre.