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Armando Durán

La Constitución ha muerto

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El jueves en la noche, en Maracaibo, Nicolás Maduro firmó los dos primeros decretos-leyes de la habilitante. En la práctica, dictó la sentencia de muerte de lo que alguna vez Hugo Chávez calificó como la mejor constitución del mundo.

El afán por borrar de la vida política nacional rasgos institucionales que definían la naturaleza democrática del antiguo régimen no es nuevo. El propio Chávez pretendió hacerlo y no pudo mediante el referéndum del 7 de diciembre de 1999. Aunque como ahora aquí se impone mucho más que antes la mentalidad totalitaria de los gobernantes, Chávez aprovechó la ciega sumisión de los poderes públicos para aprobar por la vía de los hechos muchas de las reformas que los votos de aquel diciembre legendario le negaron de plano.

Desde entonces, Chávez se cuidó mucho de no adentrarse por completo en ese territorio inestable y altamente peligroso. Para él lo principal era no violentar exageradamente los límites formales de la de democracia. Nunca dejó de apuntar hacia la ruptura histórica, pero siempre dentro del elástico marco de la interpretación constitucional. Una legalidad muy relativa, pero a fin de cuentas legalidad constitucional. ¿Habría mantenido Nicolás Maduro esta incómoda marcha de dar un pasito a la izquierda y otro a la derecha que administró su comandante eterno con notable maestría si los disparates económicos de Chávez y de Jorge Giordani, su brazo ejecutor, no hubieran colocado al país al borde de un abismo insondable?

Eso no lo sabremos nunca. Sí podemos intuir, sin embargo, que Maduro cayó momentáneamente en la tentación de rectificar el rumbo suicida del proyecto chavista dando un brusco paso atrás en materia de política económica. En definitiva, si Lenin, ante dificultades parecidas, detuvo de golpe el progreso de la revolución bolchevique con su Nueva Política Económica, ¿por qué él no podría hacer otro tanto en la Venezuela de 2013? Perdió, pues, Giordani todo el poder que le había concedido Chávez para destruir la tradicional estructura económica del país al margen de la Constitución y las leyes, y Nelson Merentes, pragmático más allá de cualquier duda, ocupó de pronto el centro del escenario. Muy poco duró ese experimento.

El primer viraje que se le imprimió entonces a la nave del Estado fue la reunión de Maduro con la directiva del Grupo Polar, encabezada por Lorenzo Mendoza, su gran enemigo del momento. Encuentro que aprovechó Merentes para anunciar a bombo y platillo el inicio de un diálogo constructivo con los empresarios privados para construir una alianza capaz de derrotar la caída de la productividad, la grave escasez de productos básicos y la inflación galopante.

Los sectores más extremistas del chavismo (¿los cubanos también?) se le alzaron de inmediato a Maduro, a quien llegaron a acusar de traicionar el legado político de Chávez. De nada sirvieron los argumentos de Merentes. Giordani, esta vez acompañado de Rafael Ramírez, a quien todos consideraban partidario de Merentes y adversario de Giordani, proclamó que entre los objetivos de la revolución de ningún modo podía incluirse la entrega de dólares baratos a la burguesía, como había propuesto Merentes. Brusco final del programa Merentes que, como se ha visto en el curso de estas últimas semanas, se ha convertido en un repudio para siempre.

Carezco de competencia profesional para participar en un debate técnico, que, por cierto, ni falta que hace, sobre lo que constituye una flagrante y definitiva violación de las principales normas constitucionales que ordenan la vida nacional. Sí puedo denunciar, y eso hago sin la menor vacilación, que con los dos primeros frutos de la habilitante, la Ley para el Control de Costos, Precios y Ganancias, y con la que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior, más que tratar de ordenar ejecutivamente las economía, el comercio interno, las importaciones y las exportaciones, lo que se propone Maduro es transformar a fondo la naturaleza misma del Estado venezolano, tal como lo define la Constitución de 1999.

Las consecuencias exactas de este desafuero cometido por el llamado Alto Mando Cívico Militar de la Revolución, que por fin ha pasado a ser el auténtico gobierno de Venezuela, aún están por verse. No obstante, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Maduro completa ahora, con mano de hierro como se jactó al ser aprobada la habilitante por la AN, el círculo que abrió Chávez en febrero de 1992. Y que a partir de este instante explosivo de la historia nacional, la Venezuela que conocíamos, con su Constitución y sus leyes, ha muerto. Hasta nuevo aviso.