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Elías Pino Iturrieta

La usura y sus enemigos

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Los perjuicios de la usura, señalados por Maduro como fundamento para las regulaciones de precios que ha establecido y para la intervención de negocios que ha ordenado, son tema antiguo en la historia de Venezuela. Tal vez los desconozca el habilitado de nuestros días, debido a que no los ha tomado como referencia, pero forman parte de un proceso que conduce a la división de la sociedad justo cuando se está formando la república. Obligan a complicadas mutaciones, entre las cuales estuvo presente una guerra civil. La historia jamás se repite, pero no parece banal que se trate ahora el asunto para información del gobierno y de quien esté interesado.

Empeñados en el encuentro de los capitales que no se avizoran en una sociedad destruida por la guerra de Independencia, los fundadores de la autonomía conceden facilidades extraordinarias a los poseedores de numerario. La más importante de esas facilidades se encuentra en la ley del 10 de abril de 1834, que establece la libertad de contratos. De acuerdo con lo dispuesto por la regulación, en adelante cada cual es libre de pactar con un particular cualquier transacción sin intervención del gobierno, que queda impedido de limitar el interés establecido por los contratantes, aun cuando sea excesivamente elevado. La medida anima la economía, pero más tarde la convierte en campo de innumerables pugnas. Los deudores no pueden satisfacer sus compromisos y deben rematar a precios irrisorios los inmuebles que han dejado en garantía. La caída de los precios de la agricultura coloca en grave trance a los cosecheros que han solicitado dinero a los prestamistas, sin que el Estado esté dispuesto a mediar en un asunto que depende de los particulares. Se ha impuesto el imperio del liberalismo clásico, cuyos preceptos ven la intervención del Estado como una monstruosidad, y sus acólitos venezolanos los respetan como asunto sacrosanto.

Comienza una discusión sobre los males de la usura, pero el régimen la desatiende pese a que cuenta con voces tan autorizadas como las de Francisco Aranda y Fermín Toro, figuras fundamentales de entonces. El gobierno no está dispuesto a rectificar, mientras crecen las quiebras de los agricultores y la gente se divide en grupos cada vez más exacerbados. La usura es una actividad lícita y prometedora, según el ministerio, pero las víctimas la juzgan como mal apocalíptico. Se experimenta una situación inédita, debido a que los préstamos a interés no forman parte de los negocios durante la época colonial y a que la Iglesia los considera como pecado mortal. Por consiguiente, el crecimiento de la hostilidad, la formación de un gran partido de oposición y la agitación de los sectores populares no se hacen esperar. Los sucesos desembocan en una guerra fratricida y en el personalismo de José Tadeo Monagas, quien interviene desde la Presidencia para eliminar la libertad de contratos y para imponer regulaciones a granel.

Las urgencias provocadas por la usura se desvanecen en breve debido a la rectificación ordenada por Monagas, pero se estrenan nuevas fórmulas de contención para desgracia del republicanismo en formación. El debate parlamentario, antes frondoso, se vuelve farsa. La libertad de prensa, que había sido un rasgo sobresaliente de los gobiernos anteriores, queda suspendida hasta un nuevo aviso, que se siente lejano. Una eficaz burocracia es remplazada por la improvisación. Se impone el capricho personal de un hombre fuerte y de su clan, para que un repertorio de padecimientos, entre ellos especialmente la corrupción y la arbitrariedad, prevalezca en la colectividad libre de la influencia de los capitalistas apoyados antes por el establecimiento. Convenía frenar el apetito descomunal de los usureros, según los testigos de entonces, había que detener la injusticia provocada por los “logreros”, pero el remedio no dejó de parecerse a la enfermedad. La historia no se repite, como se dijo al principio, su magisterio es habitualmente inútil, pero no deja de hacer sus rondas de vez en cuando.