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Héctor Faúndez

Cesarismo bolivariano

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Al igual que, como tantas veces, lo hizo su antecesor, el actual presidente de la república ha solicitado una ley habilitante; es decir, una ley que lo habilite para dictar leyes sobre cualquier materia, pero sobre todo para “transformar” la economía y poner freno a la corrupción. Después de quince años, este gobierno ha llegado a la conclusión de que el crecimiento económico, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de productos básicos y, por supuesto, el freno a la corrupción, se resuelven mediante leyes y no mediante una gestión competente y transparente. Pero, suponiendo que sea así, ¿no podemos esperar el trámite de los proyectos de leyes pertinentes?

Es incomprensible que un gobierno que tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, suficiente para aprobar cualquier ley ordinaria, tenga que recurrir a una ley habilitante. Las mismas leyes que, supuestamente, serán aprobadas por decreto podrían ser aprobadas por la AN; pero hay una diferencia que no es menor. En la AN cualquier iniciativa legislativa tiene que ser discutida públicamente, con la participación de los diputados opositores, que también son venezolanos y que también aman a este país; por el contrario, del contenido de los decretos aprobados por el presidente de la república sólo nos enteramos cuando ya han sido publicados en la Gaceta Oficial.

Quince años después del saqueo más escandaloso de los recursos del Estado, se afirma que uno de los propósitos de la ley habilitante es poder contar con las herramientas para combatir la corrupción. Pero llama la atención que, para aprobar las normas legales supuestamente necesarias para combatir la corrupción, haya que sobornar al diputado que completa el número mágico que los electores ya le negaron al PSUV. Curiosa manera de combatir la corrupción, sustituyendo la voluntad popular por el chantaje y maletines cargados de dinero. Cuando se carece de argumentos para convencer, solo hay dos opciones para lograr lo que se quiere: la fuerza bruta, que el gobierno posee en abundancia, o la corrupción, que ha sido la tarjeta de presentación de quienes hoy ostentan el poder.

Al acceder a este nuevo capricho presidencial, la AN estaría abdicando su facultad constitucional de discutir y aprobar las leyes, y permitiendo que estas sean adoptadas por un órgano unipersonal que tiene la función de ejecutar las leyes, pero no de dictarlas. Una vez más, sin que existan circunstancias extraordinarias que lo justifiquen, lo que está planteado es que una sola persona concentre los poderes Ejecutivo y Legislativo, como si se tratara de una monarquía absoluta o una dictadura.

El recurso a las leyes habilitantes, que impide un debate franco y abierto en la toma de decisiones del mayor interés público, no es propio de una democracia. Por eso, el constituyente no ha querido que el poder público esté concentrado en un solo órgano, y ha previsto una distribución de funciones que permite que el poder detenga al poder. Cuando no hay complicidades, el poder que se le entrega a un funcionario del Estado tiene como contrapeso el que se les confiere a otros, haciendo que la autoridad de unos actúe como freno frente a la arbitrariedad de los demás.

Ese empeño en legislar por decreto está muy lejos de la “democracia participativa” que se pregona. Despojar a la AN de su función propia, como es la de hacer las leyes, tiene el efecto de impedir que se escuche la voz de quienes fueron elegidos precisamente para legislar. Evitar una discusión pública de decisiones que nos conciernen a todos no es una forma de invitarnos a participar en la toma de decisiones, y ciertamente no es democrático. Muy por el contrario, es la manifestación más perversa del cesarismo más ramplón.