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Antonio Sánchez García

La unidad ante la crisis: dictadura o democracia

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La institucionalidad democrática ha sido castrada. Y una democracia castrada no es una democracia incompleta, como afirma el máximo líder de la unidad electoral del país, Henrique Capriles: es una dictadura. Y ante una dictadura “incompleta” no corresponde una unidad que se limite al ámbito electoral o, en ausencia de elecciones, al diálogo: debe fundarse en el ámbito sociopolítico, el de la verdad. En la calle.

 

A @MariaCorinaYA, @leopoldolopez y @alcaldeledezma

 

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El lunes 3 de febrero, la página I-4 del periódico El Universal traía cuatro de sus seis columnas, a todo lo largo de la página, compartidas por un mismo mensaje aunque sostenidos por dos estelares antagonistas de esta crisis de excepción en un insólito consenso: encabezando la página con una gran foto de Nicolás Maduro, acompañado de dos de sus paniaguados, el titular subrayaba: “Maduro fustigó a los oficialistas que lo critican”. Ciertamente, el grueso de sus declaraciones reportadas, emitidas el domingo 2 a través de una de sus insoportables cadenas nacionales, enfilaba su batería de denuestos contra aquellos seguidores del chavismo que comienzan a levantar una ola irreprimible de reclamos contra el gobernante. Y que han alcanzado tal envergadura, como puede comprobarlo quien quiera abrir las páginas de Aporrea o se pasee por una barriada popular, que ameritan que desde las alturas del poder se les pretenda poner atajos. Con la no velada amenaza de desatar la violencia y el abierto terrorismo de Estado.

Ocupando el mismo espacio, a sus pies la imagen del jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano subrayaba un titular que bien pudo haber desplazado al que acompaña la foto de Maduro sin producir desconcierto alguno, pues venía a expresar más o menos su misma angustia, pero esta vez dirigida desde uno de los partidos opositores al creciente descontento de sus bases sociales, presagio de posibles conmociones que escapen del control de su nomenclatura. ¿Qué decía el titular de la información de marras?: “No existe una vía alterna al diálogo que no sean las balas”. De hecho, en el transcurso de sus declaraciones, Maduro había expresado exactamente la misma idea del dirigente adeco, aunque en tono menos conciliador y abiertamente amenazante: “Si se pasan (los opositores) de la raya de la Constitución después que no se quejen porque les va a caer todo el peso de la institucionalidad democrática. No se quejen después de que son perseguidos políticos”. Lo de “institucionalidad democrática” no era una ironía.  

 

            No es coincidencia que tanto Nicolás Maduro como Edgar Zambrano intenten bloquear la expresión del creciente y acelerado descontento popular de sus respectivas bases sociales y desconozcan de manera abierta y sin enmascaramientos que la Constitución Bolivariana de Venezuela no solo garantiza la rebelión popular, sino que la hace imperativa en caso de que el poder transgreda los principios constitucionales que la fundamentan. Basta referirse a los artículos 333 y 350. Dicha Constitución, que prohíbe expresamente a las Fuerzas Armadas que sirvan a partido o color político alguno, obligación violada en más de 171 ocasiones y minigolpes de Estado –según reporta el constitucionalista Asdrúbal Aguiar– de la manera más flagrante por un gobierno mayormente dominado por las Fuerzas Armadas al servicio de un régimen inconstitucional y sospechoso de mengua de soberanía, desmiente de manera irrestricta y categórica al diputado Zambrano: las balas, de las que el hampa abierta o solapadamente adscrita a los lineamientos estratégicos del régimen hace un uso masivo e inmisericorde, al extremo de tener que fabricarlas en el país ante el derroche de que hace gala en sus alevosos y horrendos crímenes y la falta de divisas para continuar importándolas, no parecen ser, ni de hecho son, la única alternativa al diálogo, como lo plantea falazmente el diputado Zambrano. Manifestarse, expresarse por todos los medios –de los cuales solo nos van quedando algunos impresos y las redes sociales–, movilizarse individual o masivamente, tomar la calle y buscar la salida pacífica y constitucional de quienes agreden, constriñen, pervierten y atentan contra nuestra carta magna. Los causales y medios establecidos por el constituyente van desde la rebelión abierta al referéndum reprobatorio: son derechos inalienables. Que por lo visto Nicolás Maduro y Edgar Zambrano, aparentemente de acuerdo en encallejonarnos en conversaciones infructuosas y estériles de una sola vía, transgreden sin el menor tapujo.

 

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Si se lee entre líneas, cabe preguntarse por el nivel de entendimiento existente entre Nicolás Maduro y Edgar Zambrano, vale decir entre el régimen y el más tradicional partido democrático venezolano, AD. Y lo que es mucho más grave: si ese entendimiento de facto, implícito en las declaraciones comentadas, se ciñe a los principios y bases programáticas del propio “partido del pueblo” y a los de la Mesa de la Unidad Democrática en su declarado afán de dirigir las luchas opositoras con el propósito de ponerle fin a un régimen de facto, violatorio de los más sagrados principios constitucionales. Así lo haya logrado amparado en la complacencia y alcahuetería de los restantes “poderes” del Estado.

No es pues, la inexactitud señalada por Zambrano el único elemento provocador de sus insólitas declaraciones: es la voluntad inequívoca de someterse a los designios del régimen y enfrentar a quienes, tanto dentro como fuera de la MUD, vienen impulsando movilizaciones populares a escala nacional para hacer valer el predicamento constitucional de oponerse práctica, efectivamente al régimen que la viole, violente y distorsione, cumpliendo así con el sagrado deber de defender nuestra institucionalidad democrática. Lo exigen estudiantes, trabajadores, amas de casa y por natural derivación, los políticos que se han puesto de parte de las angustias populares.

¿Qué unidad es aquella tan heterogénea que permite la cohabitación de los partidos en el interior de la MUD, mezclados aquellos respetuosos de la Constitución, que exigen la drástica modificación del rumbo complaciente y subordinado al poder dominante con aquellos dispuestos a saltarse a la torera los imperativos morales de la grave circunstancia histórica que vivimos, como es el caso que comentamos? Pues, la actitud de Edgar Zambrano, vale decir, de Acción Democrática ante esta crisis existencial no es única y exclusiva: es la más relevante, notoria y evidente por la importancia y trascendencia de sus protagonistas. Pero es, asimismo, la posición de quienes aún no se declaran a favor o en contra de facilitar la expresión de rebeldía que hierve en las entrañas de una sociedad asqueada de tanta ignominia.

¿Compartimos el diagnóstico que caracteriza a este régimen como una dictadura de nuevo cuño, tan destructiva y aviesa como cualquier otra, a la que hay que enfrentar antes de que termine por destruir nuestra institucionalidad y tradiciones democráticas –nuestro sistema de vida–, o por razones de acomodo político no nos atrevemos a ir un paso más allá y nos conformamos con reconocer que no es una dictadura, sino una democracia, aunque imperfecta y pasamos agachados hasta que no nos reste nada? Es la grave encrucijada en que nos encontramos: dictadura o democracia. Frente a la que deben definirse desde nuestros más conspicuos dirigentes y representantes hasta los últimos militantes de base. Es el ejercicio democrático que nos resta.

 

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Será imposible enfrentar exitosamente esta grave crisis de excepción y la entronización definitiva de un régimen militar, castrocomunista, totalitario, que lleva 14 ininterrumpidos años de esfuerzos, sin alcanzar consenso pleno en torno a dos asuntos básicos, esenciales: 1) la caracterización definitiva de la naturaleza del régimen; y 2) la definición unívoca y consensuada de los medios apropiados para enfrentarlo. Es con base en ambas definiciones y en el acuerdo pleno de las fuerzas opositoras que debe construirse una unidad real y verdadera, acorde con la inmensa gravedad de la circunstancia histórica por que atravesamos. La unidad, para estar a la altura de las exigencias históricas, debe comportar ese acuerdo sustancial. O la oposición enfrentará el desafío con una muy menguada o inexistente posibilidad de éxito.

Hasta hoy la máxima unidad alcanzada ha obviado esas bases esenciales, pues no ha sobrepasado los acuerdos estrictamente electorales. Y así sobren quienes se regocijen de los resultados de esos esfuerzos unitarios, lo cierto es que el régimen ha sabido sortear sus dificultades mediante un doble discurso: apariencia de diálogo, radicalización de sus posiciones. El 52% obtenido en nuestras más exitosas comparecencias no se ha traducido en merma alguna para la centrifugadora dictatorial del régimen: toda la institucionalidad democrática ha sido castrada. Y una democracia castrada no es una democracia incompleta, como afirma el máximo líder de la unidad electoral del país, Henrique Capriles: es una dictadura. Y ante una dictadura “incompleta” no corresponde una unidad que se limite al ámbito electoral: debe fundarse en el ámbito sociopolítico, y, por añadidura al terreno electoral, uno de entre tantos terrenos de combate. Y en este año de definiciones, prácticamente inexistente.

De allí mi pregunta crucial, que se ve actualizada por las insólitas declaraciones de uno de los máximos dirigentes de Acción Democrática: ¿qué unidad es la que nos garantiza la MUD en un año carente de procesos electorales? ¿Qué unidad es esta que se deja acorralar por el discurso dictatorial de un gobierno declaradamente ilegítimo, espurio y violatorio de los más esenciales principios constitucionales? ¿Estamos juntos o revueltos? ¿Llegó el momento del deslinde de responsabilidades y la divisoria de aguas entre quienes han decidido cohabitar con el régimen “hasta que la muerte los separe” y quienes sienten el llamado patriótico a la resistencia activa? Quienes nos autocalificamos de opositores: socialdemócratas y liberales, marxistas y socialcristianos, agnósticos y observantes, judíos y cristianos, ¿compartimos una misma estrategia de poder y apuntamos hacia unas mismas metas? ¿O solo cohabitamos en función de arrimar a nuestras mezquinas ambiciones electoreras las brasas de quienes se creen compartiendo un mismo destino histórico?

Sea como fuere: agotar las vías del entendimiento en aras de la recuperación de nuestra destruida democracia, la paz social, la prosperidad y la justicia para la Venezuela traicionada es nuestro imperativo categórico. Antonio Ledezma las ha resumido en una sencilla frase: Unidad y calle. Dada la inmensa, la apocalíptica gravedad del momento que vivimos, a punto de ver emerger de las entrañas de nuestra sociedad la arrolladora expresión de la ira, el odio y el descontento popular, es urgente estar claros: ¿estamos juntos o revueltos? De la respuesta depende, en gran medida, nuestro futuro.