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Antonio Pasquali

¿Incita usted al odio, presidente?

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¿Son gobernables las complejidades socio-políticas, económicas y tecnológicas del siglo XXI improvisando zarabandas de ministerios y viceministerios, planes y proyectos, misiones y grandes misiones, comunas, salas mayores, nuevos barrios, las tres I, las tres R y los cinco vértices, sistemas bolivarianos, comandos estratégicos, gobierno de calle, fondos de eficiencia, leyes habilitantes, guerra económica, órganos superiores, unidades de batalla, centros estratégicos y otras infantilidades? ¡No!, por la inexorable lógica de lo degenerativo socio-político, esa gobernanza degradada a juego de Monopolio ingresa en su recta final por la curva de la comicidad. Acaba de suceder con el novísimo “Viceministerio de la Suprema Felicidad Social”, una ridiculez de banana republic, 1) por decretar orwellianamente la felicidad y encargársela a una rama del Ejecutivo, y 2) por ordenarle a dicha rama producirla solo de los modelos suprema y social. Recordemos, sobre esto último, que eudaimonía o felicidad connota un estado moral sólo predicable del individuo, mientras que su equivalente social (así se estatuyó hace 24 siglos) ya no puede llamarse felicidad sino a lo sumo omónoia o concordia ciudadana, concepto-madre de los ágape, fraternité y solidarnosc que vendrían.

Pero suceden cosas más serias. Entre 2004 y 2005 el núcleo duro del chavismo en la AN (Maduro, Flores, Tascón, Vivas, Carreño, Varela y 12 más, hoy todos en la cúpula del poder menos un difunto) logró la aprobación de varios cambios en el Código Penal, encabezados por amorosos consideranda pro democracia y oficialmente destinados a “incluir algunos delitos culposos genéricamente llamados imprudentes”, pero esencialmente con la finalidad de demonizar y castigar la disidencia política, sus “delitos de expresión” y su “terrorismo mediático”. El nuevo articulado castiga con penas muy severas (aumentadas un tercio si el delito es cometido por funcionario público) “la instigación al odio entre venezolanos”, la “exposición al desprecio u odio público” y el “crear pánico” (art. 286, 297A, 297B y 444) más otras severísimas penas (en el tenebroso art. 296A) contra delitos de conspiración indefinidos, luego discrecionales.

Fácil sería demostrar que en materia de “instigación al odio” y “exposición al desprecio” el gobierno le gana a la oposición 10 a 1. Rarísimas veces se oyó a voceros de la disidencia apostrofar a la gente de gobierno en los términos soeces, amenazantes y vilipendiosos sin pruebas con los que el gobierno insulta a diario la oposición. El Código Penal reformado sólo amordazó la expresión libre, no la gubernamental. Chávez fue maestro del vilipendio; más de una vez, los ojos entornados por el odio, estuvo a escasos milímetros de inducir el linchamiento de alguien, máxime si era periodista o dueño de medios, y sus herederos pretenden hasta superar sus principales mañas: la capacidad de insultar ilimitada e impunemente, y la fuga hacia adelante. Nervioso ante las elecciones decembrinas, Maduro ha pisado ambos aceleradores: no hay detalle de su desagrado que no le recuerde el tenebroso 296A y la sospecha de conspiración. Le sucedió, por ejemplo, al ordenar investigar por “sabotaje al Estado” el diario 2001 (otra ridiculez) por escribir de “gasolina con gotero”. Tres de sus más esclarecidos opositores no son rivales políticos y punto, sino “la trilogía del mal… bandidos que quieren destruir la patria”, una catilinaria que lamentablemente no se limita al insulto. El 22 de octubre pasado venía acompañada por una clara invitación al desprecio y al odio, instando al pueblo a “salirle al frente a esos enemigos de la patria,… a no quedarse de brazos cruzados y denunciarlos” y el 1° de noviembre, por Twitter, a “denunciar a todo nivel el ataque cobarde de la derecha fascista”.

Señor Presidente, ¿no se siente usted, a ratos, incurso en esa “instigación al odio entre venezolanos” que quiso elevar a delito en2004, aumentando la pena un tercio si es cometido por funcionario público