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Alejandro Moreno

Comunidad de convivencia

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Cuando se empezó a proyectar la Constitución Nacional del año 99, quien esto escribe redactó una editorial para el número 3-1998 de la revista del CIP, “Heterotopía”, que también se les entregó a algunos constituyentes, titulada: “Sobre el poder popular de la comunidad de convivencia”. Lo sustancial de lo que escribía entonces me sirve para seguir desarrollando hoy el tema de las relaciones de poder entre pueblo y élites.

Cuando unos seres humanos, cualesquiera sean las razones y circunstancias que los impelen a ello, se ponen a vivir juntos ocupando un territorio, generan una comunidad de convivencia. Ese sólo hecho produce dispositivos de interrelación, económicos y muchos otros, entre los cuales hay que destacar los políticos o de poder de organización y gerencia de esa misma comunidad para garantizar la vida de todos, solucionar conflictos, distribuir el espacio, asegurar el futuro, celebrar la fiesta, compartir historia, solidaridad, etc.  El poder de la comunidad, dentro de los límites de sus necesidades de convivencia, es, por eso mismo, originario, no derivado de ningún otro poder. Si se la despoja de él sometiéndolo al de una sociedad o institución mayor, aun si ésta es el Estado-nación, se está cometiendo contra ella un despojo, una real injusticia, sobre todo si esa otra sociedad es portadora de un mundo-de-vida totalmente distinto y externo.

Si nos atenemos a nuestra historia, veremos que tanto las comunidades indígenas antiguas y actuales como las comunidades que constituyeron los españoles durante los siglos de la conquista y la colonia, se formaron en el ejercicio de ese poder. Los negros, mientras fueron esclavos, no tuvieron esa oportunidad, pero apenas un grupo de ellos, evadido, formaba un cumbe o una comunidad de cimarrones, generaba ese poder. Cada comunidad a su propia manera y según su propio mundo-de-vida. Las etnias en sus formas tribales y los españolas en formas institucionales europeas, los cabildos y municipios. Hoy las comunidades indígenas son presionadas para asumir formas municipales que están totalmente fuera de su historia, tradiciones y modos de vida y las comunidades de convivencia populares de nuestros barrios y aldeas se hallan encuadradas en enormes municipios regidos por élites externas a sus propios mundos-de-vida.

Desde un punto de vista práctico concreto. Hace ya más de treinta años que vivo en un barrio de Petare. Puedo hablar con conocimiento de causa. La casi totalidad de los problemas del barrio se resolverían si tuviéramos poder propio autónomo, poder de los que convivimos en comunidad, sobre nuestros propios asuntos y no tuviéramos que depender de un ente lejano y ajeno como el municipio Sucre o la Gobernación del Estado Miranda. Si tuviéramos nuestras propias autoridades, con poder público, para nuestros problemas, podríamos controlar a nuestra manera y con los mecanismos del mundo-de-vida popular, la seguridad, los servicios y muchas cosas más. Claro que en interdependencia con otras comunidades y con un centro más amplio coordinador para lo que se sale de nuestros límites. Y esto le pasa a cualquier otra comunidad. El poder de la comunidad de convivencia no niega la necesidad de centros coordinadores de la ciudad e incluso de un centro único como un municipio metropolitano. Estoy hablando de toda la comunidad de vecinos que conviven en un mismo espacio y de la autonomía, por derecho originario, que le corresponde para gerenciar su convivencia y bregar con sus problemas actuales y proyectos de vida mejor. Esto sería lo que debería entenderse por “comunidad organizada”, no sometida a unas organizaciones que produce el Estado.