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Víctor Rodríguez Cedeño

Asilo y contradicciones bolivarianas

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El escándalo del ex contratista de la CIA “protegido” por Rusia con el apoyo de algunos gobiernos de la región ha provocado reacciones y opiniones sobre el “asilo territorial”, vieja institución que busca la protección de los “perseguidos políticos”, distinta del “asilo diplomático”, reconocido sólo en América Latina; y, del asilo o “refugio” en su forma más amplia que se concibe para proteger a grupos de personas que huyen de sus países por situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y su integridad física.

La solicitud de asilo territorial de Snowden es muy particular y no solamente por su relación con el espionaje, condenable allá y en Venezuela, en donde hoy es una práctica recurrente del régimen para someter a la oposición, sino porque, como en el caso de Assange, los solicitantes no serían políticos perseguidos, en el sentido estricto del término. Sobre ellos pesan acusaciones distintas; en el caso concreto de Snowden, un auto de detención en su país de origen, Estados Unidos, por robo de propiedad gubernamental, revelación de secretos de defensa nacional y de inteligencia de comunicaciones, para lo cual se ha activado el mecanismo de Interpol para su captura, enviada a los demás países, incluso a Venezuela.

El régimen bolivariano, en búsqueda de un espacio en la desprestigiada ultraizquierda mundial, acepta la solicitud de Snowden, aunque finalmente Rusia habría acordado una “protección condicionada” mientras el tema se enfría para permitir su salida a un tercer destino, una situación muy distinta de la de Assange, quien permanece en un limbo, protegido irresponsablemente por el gobierno de Correa, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, contrariando los principios que sustentan el asilo tal como lo hicieran Lula y los socios albistas cuando reintrodujeron al constitucionalmente depuesto Zelaya, en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, para darle asilo diplomático, aberración que la historia juzgará.

El derecho al asilo es un derecho humano al que tienen derecho todos los ciudadanos que se sienten perseguidos políticamente, lo que excluye a aquellas personas que han cometido delitos comunes, aunque los actos de que se trate puedan tener rasgos políticos; y, a los involucrados en “actos terroristas”.

Los regímenes totalitarios han siempre tomado posiciones sesgadas, cuando de asilo se trata, lo que les conduce a asumir posturas contradictorias. El régimen bolivariano, en particular, ha mostrado siempre tales contradicciones en cuanto al derecho de asilo, sea diplomático o territorial. Basta recordar las presiones ejercidas sobre el Gobierno de Costa Rica para que negara, como en efecto lo hizo, el asilo diplomático a Simonovis y a los otros policías metropolitanos, con las consecuencias que todos conocemos; también el caso de Nixon Moreno, cuando el régimen negó el salvoconducto del asilado en la Nunciatura en Caracas. Igualmente, en el marco del asilo territorial, recordamos las críticas y posturas groseras ante gobiernos de otros países que concedieron, con razón, el asilo territorial a perseguidos políticos, como Pedro Carmona, Rosales, Ortega y tantos otros venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país para evitar ser procesados políticamente.

Hoy el régimen, preso de sus contradicciones, defiende a ultranza el “derecho al asilo” que pretende Snowden, para así retar a “Occidente” y al “imperio” desconociendo los principios básicos de la institución del asilo, pisoteada por la mayoría de los actuales gobernantes de la región, como se evidenció en la última reunión del Mercosur.

Por ahora, el régimen parece conformarse con la decisión de Moscú, en espera de que se abra un compás que permita su salida de Rusia hacia un tercer país, probablemente Venezuela, lo que no será fácil dada la orden de detención de Interpol, a menos que los bolivarianos, con la torpeza y arrogancia propias, intenten trasladarlo en un avión militar que, si bien goza de inmunidad, introduciría un elemento extraño sumamente peligroso en este caso.