Las mujeres recluidas en centros de detención preventiva padecen las mismas condiciones deplorables de hacinamiento, trato inhumano y humillaciones, pero con mayor énfasis que los hombres en la vulnerabilidad de sus derechos, de acuerdo con un estudio realizado por Una Ventana a la Libertad.
Violaciones, sexualidad forzada y retardo procesal fueron parte de los testimonios recabados en calabozos policiales, municipales y estadales, monitoreados en 15 estados del país durante el año pasado por esta organización, presidida por el abogado Carlos Nieto Palma.
Las investigaciones arrojaron como resultado que las mujeres son víctimas de la criminalización social y también la que viven en sus propios hogares. En la mayoría de los casos, las mujeres se adjudican los delitos cometidos por sus parejas y aunque durante el proceso de defensa traten de demostrar la no participación en los hecho, el sistema las arroja al confinamiento sin otras posibilidades.
Así lo destacó la doctora Magaly Huggins Castañeda, psicóloga social, criminóloga y defensora de los derechos de las mujeres, quien agregó que los delitos en los que se observa mayor participación involuntaria son el tráfico de drogas y la extorsión, siendo el homicidio en defensa personal el de menor escala: “Y en este punto nos detenemos a pensar sobre el entorno de la mujer como víctima de maltrato constante y el resultado del silencio acumulado, la lucha por mantenerse visibilizada ante un sistema de justicia que no la aleja de la crueldad. Y aquí en el país no existe la acción en defensa personal”.
El contexto
El estudio cualitativo de la ONG Una Ventana a la Libertad determinó que los centros de detención de mujeres son básicamente anexos a las principales prisiones masculinas como es el caso del Centro Penitenciario de Oriente La Pica; la Penitenciaría General de Venezuela, en Guárico; el Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira; el Centro Penitenciario de la Región Occidental Uribana, en Lara, y el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, entre otros.
“Los centros de reclusión exclusivos de mujeres son muy pocos, entre ellos tenemos en el estado Nueva Esparta el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (antes anexo femenino del Penal de San Antonio) y en el estado Miranda el Instituto Nacional de Orientación Femenina, la más antigua en el país. Sin embargo, al igual que con la población masculina el Ministerio del Servicio Penitenciario suspendió el traslado de personas detenidas preventivamente en los centros especiales, dependientes de policías municipales o de la policía nacional, de las alcaldías y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los centros de reclusión, lo cual ha desplazado los graves problemas de las prisiones a estos centros de detención”, explicó Nieto Palma.
En ese contexto, Huggins Castañeda indicó: «Parece que en donde más cerca estamos en nuestro país de alcanzar la igualdad de género es en la negación del acceso a la justicia y en la violación de todas las reglas”.
Dijo también que las mujeres detenidas no necesariamente son culpables según las historias que nos han compartido, pero que muchas de ellas pagan una pena anticipada a lo largo del proceso que puede durar años, y que sea cual sea el delito cometido, cumplirán detenidas ya sea en una cárcel, prisión o en un centro de detención preventiva.
UVL contabilizó una población de más de 3.500 mujeres detenidas, entre procesadas y penadas “y en todos los casos no hay ningún cumplimiento del debido proceso. La palabra de la ley ha sido devaluada por la práctica abusiva del incumplimiento de las normas, leyes y reglamentos en casi todas las prácticas oficiales, comenzando por el cumplimiento de la Constitución”, indicó Nieto Palma.
Discriminación solo hacia las mujeres. El estudio realizado por Huggins y Nieto determinó que el ejercicio del derecho a la sexualidad es solo privilegio masculino. La afirmación de una joven de 24 años recluida en el centro de detención preventiva de la Policía del municipio Zamora del estado Miranda y que es madre de dos hijas indica: “No tienen visita conyugal. Las presas dicen que ellas mismas tienen que ‘resolver’. Se masturban y algunas tienen sexo entre ellas mismas”.
“Registramos Intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales, ¿cómo llamaríamos este tipo de relaciones sexuales? ¿Estrategia de sobrevivencia? ¿Abuso de poder? Violencia de género pues solo por el poder de él, ella podía tener seguridad dentro de la prisión, lo cual es deber del Estado proveerla sin nada a cambio. Y este caso no es una excepción. También sabemos de casos de violaciones por prisioneros o miembros de la cobertura de seguridad de los anexos o prisiones”, dijo Huggins.
Por último, la especialista en defensa de los derechos de la mujer, afirmó: “Estamos convencidas de que hasta que las personas que dirigen las políticas penitenciarias no entiendan lo que significa la perspectiva de género y no sean capaces de hacerla transversal en todos los planes y programas para mujeres y hombres reclusos o presos, las deficiencias seguirán siendo notorias”, aseguró.