La Fiscalía de Nueva York planteó en la corte del Distrito Sur de esa ciudad la necesidad de interrogar por separado a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, sobre el conocimiento que puedan tener del origen de los fondos con los que son pagados sus defensores privados, y la posibilidad de que se plantee durante el juicio un conflicto de intereses entre ellos y los financistas. El fiscal Preet Bharara solicitó al juez Paul Crotty que Flores y Campo contesten en forma individual un cuestionario de cinco partes. En la segunda se pide que los acusados identifiquen plenamente a sus apoderados legales e indiquen si ellos han prometido pagarles sus honorarios o si lo hará una tercera persona. Posteriormente, se preguntará si los detenidos son conscientes de las implicaciones que tiene para sus propios intereses el hecho de que los litigantes obtengan sus honorarios de alguien distinto de ellos mismos, quien además es una misma persona, hasta el momento no identificada en la documentación disponible. Otra interrogante tiene que ver con el proceso de selección de los abogados. Específicamente, se intentará determinar si la decisión de escogerlos fue tomada por los detenidos o por la persona que paga los honorarios. En la actualidad, Campo Flores es defendido por Randall Jackson y John Zack del bufete Boies, Schiller y Flexner LLP, mientras que Flores de Freitas tiene por apoderados legales a Michael Mann y David Rody del escritorio Sidley Austin LLP. En ambos casos se trata de profesionales de renombre en Nueva York. Ambos venezolanos fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015 durante una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Puerto Príncipe, Haití, cuando supuestamente coordinaban las acciones para el traslado de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, vía Honduras. Desde entonces, el proceso se ha visto entorpecido por las remociones y nuevas designaciones de abogados defensores. Esta semana, el juez Crotty decidirá si autoriza el interrogatorio. De ser así, la Fiscalía insistirá en la posibilidad de que las posiciones de los abogados puedan ser influenciadas o responder a los intereses de quien paga los honorarios, antes que buscar el beneficio de los acusados.


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