El acompañante de una de las víctimas del ataque a mineros del municipo Siontes del estado Bolívar relató que el viernes en la mañana el líder de la banda del Topo junto a funcionarios del Cicpc y Sebin colocaron una alcabala a 100 metros de la mina Atenas, a una hora de la población de Tumeremo, donde sometieron a aproximadamente 600 mineros a quienes interrogaban y de acuerdo con sus respuestas los iban matando. En total, habrían asesinado a 23 personas después de varias horas de tenerlos retenidos. Además, asegura, luego de esta matanza entraron a la mina y masacraron a otro grupo que estaba trabajando allí. A los sobrevivientes los mantuvieron como rehenes hasta la noche y los amenazaron de muerte si denunciaban lo ocurrido. Entre las posibles víctimas está Ángel Ignacio Trejo Sosa, de 30 años de edad, estudiante de Derecho. Un familiar explicó que el muchacho había instalado un molino junto con su hermano en la mina y ese día iba al sitio a supervisarlo. «Supimos por un amigo que acompañaba a mi hijo que cuando llegaron a la alcabala el Topo junto a los funcionarios los bajaron de la moto en la que se trasladaban, y mi hijo se asustó. Intentó huir y un funcionario del Sebin le disparó. El muchacho que lo acompañaba trató de ayudarlo, pero mi hijo no resistió y murió en los brazos de su amigo. Recibió múltiples disparos en el pecho y abdomen», aseguró. El acompañante de Trejo le aseguró que los cadáveres fueron montados en un camión volteo y trasladados a una mina llamada Nuevo Callao, cerca del Esequibo, que es propiedad del Topo. «Funcionarios del Sebin trabajan para el líder de esa banda, quien les paga un salario. Querían apoderarse de la mina porque se encuentra en manos de otra banda conocida como la Caratica», agregó. Entre los fallecidos habría unas seis personas con antecedentes penales, señaló Coello, «pero los demás son habitantes del pueblo, que son inocentes, incursionaban en esas minas y se asustaron tras la presencia del Topo, que además vestía uniforme del Cicpc». Indicó que cuando fue a poner la denuncia en la policía científica le dijeron que debía esperar 48 horas y llevar un testigo. «La persona que tengo como testigo no quiere declarar porque a quienes presenciaron la masacre los amenazaron de muerte y les quitaron sus cédulas de identidad». El familar señaló que efectivos de las Fuerzas Armadas acudieron el sábado a la mina Atenas para verificar si era cierta la masacre y no hallaron los cadáveres, porque los delincuentes limpiaron el sitio para que no quedara evidencia. «Hasta los momentos no han hallado a ninguno de los cadáveres; estamos esperando información de la GNB y del Ejercito que están incursionando en el sitio», agregó. El diputado Américo se Grazia, dijo que comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército iniciaron ayer la búsqueda de los cadáveres en otras zonas del estado Bolívar. Ayer en la tarde una comisión de militares se trasladó al sector Nuevo Callao, donde habrían trasladado los cadáveres. Según los familiares los efectivos no hicieron una búsqueda exhaustiva, pues dijeron que no habían encontrado nada. Las familias de los desaparecidos mantienen trancada la Troncal 10 desde el sábado en la mañana exigiendo la presencia del gobernador Francisco Rangel Gómez y que les entreguen los cadáveres. Ayer al final de la tarde equipos antimotines de la GNB intentaron dispersan la manifestación. Los habitantes de Tumeremo solo permiten el paso de ambulancias, camiones con alimentos y medicinas y autobuses de pasajeros. Esta es una de las vías más importantes del estado, comunica con Brasil. Aunque el gobernador negó la masacre, el Ministerio Público comisionó a dos fiscales para investigar el caso. 


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