La matanza del ex inspector Oscar Pérez y seis de sus acompañantes, ejecutada por cuatro organismos de seguridad en la llamada Operación Gedeón, permanece sin ser investigada judicialmente y sin determinar las responsabilidades de la destrucción del sitio del suceso, ocurrido en un chalet en la urbanización Araguaney, en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito.
La casa donde el ex inspector del Cicpc y su grupo se ocultaron y manifestaron su deseo de entregarse, para investigadores consultados, es una evidencia importante que pudo haber guiado a una pesquisa criminalística para determinar si se trató de una ejecución extrajudicial o de un enfrentamiento como lo aseguraron los voceros del gobierno. El dueño del chalet, William Alberto Aguado Sequera, fue detenido por organismos de seguridad del Estado y se desconoce su paradero, como lo denunció su madre.
Los cadáveres de Pérez y sus compañeros tenían una herida por arma de fuego en la cabeza, excepto Lisbeth Ramírez que tenía una herida en la nuca, lo que indica muertes por ajusticiamiento, de acuerdo con la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la masacre de El Junquito.
“Al gobierno no le conviene ni que se sepa la verdad sobre este acontecimiento ni dar los nombres de quienes participaron en la operación”, dijo Delsa Solórzano, presidente de la instancia especial, que elaboró un informe sobre el caso y lo presentó ante la ONU. Según los diputados de la AN, por el caso hay 35 detenciones arbitrarias de personas presuntamente vinculadas con el ex funcionario de la policía judicial. La última de estas aprehensiones fue contra Vanessa Barroso, presidente de la fundación de Pérez GV33 Moral y Luces, y quien fue enviada a Ramo Verde luego de que un tribunal militar le dictó privativa de libertad durante el presente mes.
“Más que asistir a las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, nuestro rol fue acudir a instancias internacionales para que el mundo conozca lo que ocurrió”, indicó Solórzano.
Antecedentes. El 27 de junio de 2017 inició la travesía subversiva de Pérez. Ese día el ex Cicpc sobrevoló en un helicóptero el centro de Caracas, desplegó una pancarta que evocaba el artículo 350 de la Constitución, disparó y lanzó dos granadas hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente publicó varios videos acompañados por cuatro hombres armados y encapuchados en el que hacía un llamado a los venezolanos a continuar con las protestas que se realizaban durante esos meses.
De inmediato el gobierno lo tildó de terrorista y obligó a la oposición a reconocerlo igual. El 13 de julio se presentó en la plaza Francia de Altamira durante la Marcha por los Caídos en las manifestaciones convocada por la MUD y allí Pérez señalizó: “Es hora de que este narcogobierno caiga”.
El 18 de diciembre Pérez se atribuyó el robo de armas en el comando de la GNB de San Pedro de los Altos de ese lunes durante la madrugada. El 15 de enero de 2018, luego de publicar una serie de videos en su cuenta de Instagram en la que dejaba constancia de su rendición ante las autoridades, murió durante la Operación Gedeón.
3 días antes rescataron a amigo del ex inspector
El 12 de enero, tres días antes de la Operación Gedeón, fue rescatado Jameson Marcial Jiménez, amigo de la infancia del Oscar Pérez, de unos presuntos secuestradores en la Cota 905. El operativo fue realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, grupo que participó en la operación que dio caza al ex funcionario del Cicpc.
Jiménez estaba siendo trasladado a esa zona con la finalidad de matarlo, según la versión policial del hecho; sin embargo, los plagiadores se habrían encontrado con un punto de control de las FAES y así comenzó un intercambio de disparos. Los funcionarios pudieron rescatar a Jiménez. En el suceso ultimaron a un supuesto delincuente y tres se fugaron del lugar, señalaron.
Jiménez, de 35 años de edad, y que estaba secuestrado desde el 4 de enero –según las autoridades policiales–, tiene siete años ejerciendo el cargo de diseñador gráfico en el Ministerio de Comunicación e Información, aseguró su esposa Cindy Portillo, quien también había puesto la denuncia por la desaparición de su esposo.