Los cuerpos de seguridad de Estado permanecen activos en el círculo del asesinado ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y de seis de sus acompañantes. La también diseñadora Vanessa Barroso, abogado e integrante de la fundación benéfica para niños con cáncer y en situación de calle, denominada ONG GV33 Moral y Luces cuya creación en 2016 se le atribuye al ex piloto, fue detenida ayer en la mañana por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando se encontraba en su residencia, ubicada en la avenida San Martín, municipio Libertador en Caracas.

La información, que en principio fue divulgada a través de las redes sociales, fue confirmada por abogados allegados al caso de Pérez, muerto junto con su grupo a manos de policías en un chalet ubicado en el kilómetro 16 de El Junquito, el lunes 15 de enero.

La ONG en la que trabajaba Barroso no presentaba actividad en las redes sociales, especialmente en Instagram, en los dos últimos años. Allegados desconocen cuál pudo haber sido la causa de la detención ocurrida, a más de más de 15 días de la masacre por la que organismos internacionales han condenado al gobierno y comenzado investigaciones, luego de las denuncias.   

Se conoció que la abogada también trabajó en la fundación Manos de Esperanza, apoyada por varios artistas venezolanos para llevar alegría a niños hospitalizados con cáncer, de bajos recursos y con otras condiciones que dificultan su desarrollo en la sociedad.

Con Vanessa Barroso aumentó a 34 el número de personas, entre civiles y militares, detenidas en forma arbitraria, y procesadas en los tribunales castrenses,  presuntamente vinculadas al caso del ex inspector.

Hasta ayer en la tarde a sus familiares se les negó el derecho de conocer sobre su estado actual.

Irregularidades procesales. Lilian Camejo, abogada y defensora de los derechos humanos reiteró: “Se sigue evidenciando el allanamiento ilegal y la denegación de la justicia en el país. Toda persona tiene derecho de ser informada sobre el porqué de su detención, así como solicitar de inmediato un defensor. En cuanto a la familia, tienen derecho primordialmente, de saber el paradero de los detenidos. Una cosa es que digan que están en un centro y cuando son solicitados, no lo están”.

Camejo indicó que el pasado domingo, el Tribunal 2° de Control Militar de Caracas imputó a Carola Hernández, de 36 años de edad, por los delitos de “rebelión militar, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y traición a la patria. También se le vinculó al robo de armas del destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Miranda, en calidad de cómplice”.

Tanto en la detención de Hernández, y ahora de Barroso, Camejo declaró que no hay nada que las vincule con las otras nueve personas detenidas, entre ellas los seis primeros tenientes, un teniente retirado, un taxista y un mecánico automotriz que fueron presentados en la Dirección General de Contrainteligencia y recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde el viernes 19 de enero y a quienes también se les relacionó con Oscar Pérez.

Camejo dijo que la diseñadora fue detenida el miércoles 31 de enero en su oficina ubicada en Los Palos Grandes, y llevada al DGCIM de Boleíta. “Ahora está recluida en el Centro Nacional de Procesados Militares, cárcel militar ubicada en Ramo Verde, en el estado Miranda”.


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!