Si Venezuela coopera en la lucha contra el narcotráfico, eso solo se recoge en informes internos de la ONA, que no se difunden en el país pero que se envían a la OEA y a las Naciones Unidas. “El gobierno da mucho número, mucho dinero, pero no se ven los resultados”, afirma la abogada Mildred Camero, ex presidente de la extinta Conacuid. La laxitud en materia de drogas, afirma, se evidencia ante el mundo con los grandes decomisos procedentes del país y se muestra en las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno y, más recientemente, a tres empresarios y a un militar. “Con esta medida están demostrando que los traficantes existen. Así será el grado de participación de estas personas que se tomó la decisión de sancionar”. Basada en la Lista Clinton, la Ley Kingpin es el fundamento de esta medida económica que se aplicó contra carteles colombianos y ahora contra grandes narcotraficantes del mundo en países de los cuatro continentes.
—¿A qué atribuye estas sanciones por narcotráfico?
—Estados Unidos siempre ha adelantado investigaciones sobre el narcotráfico y los nombres de estas personas han aparecido en ellas durante muchos años. En Venezuela se dieron algunos casos de legitimación de capitales pero no había herramientas jurídicas para investigarlos. El primer caso investigado fue el de Rafael Alcántara en la década de los años noventa; fue un hombre relacionado con casas de cambio y fronteras y me tocó a mí adelantar el proceso durante año y medio. Yo me había preparado antes en esa materia en Estados Unidos, pero en ese momento ni siquiera la PTJ creía en el lavado de dinero. Como no se conocía bien la magnitud del lavado de dinero, lo llamaban terrorismo económico, manipulaban las casas de bolsa para que bajaran las acciones, y así se beneficiaban económicamente. Ya en esa época algunas de estas personas eran investigadas por lavado o legitimación de capitales.
—¿Quiénes son esas personas?
—Pedro Luis Martín Olivares siempre ha estado involucrado en operaciones de lavado de dinero, bien como testaferro o como bróker u operador, lo que ocurría es que la PTJ no estaba preparada para hacer esas investigaciones, pero yo como juez penal, entre los años ochenta y noventa, ordenaba proseguir la averiguación sobre esa persona en muchos de esos casos. El caso de Walter Alexander Del Nogal fue investigado por aquel tiempo en Canadá, estuvo detenido en Suiza y se fugó, y más recientemente en Italia. En Venezuela nunca ha sido investigado profundamente a pesar de estar mencionado en varias indagaciones. Él ha estado relacionado con funcionarios del gobierno. Mario Antonio Rodríguez Espinoza está relacionado con Martín Olivares.
—¿Qué impacto tienen esas sanciones contra el narcotráfico en el país?
—Estas sanciones son muy preocupantes porque pareciera que se apunta a que hay grupos civiles operando con grupos militares en la legitimación de capitales, en operaciones de drogas en el exterior. Si no fuese así, Estados Unidos no hubiese producido esas sanciones.
—¿Por qué si ya eran investigados, como en el caso de Del Nogal, se incluyeron ahora en la “lista negra” como narcotraficantes?
—Estados Unidos realiza en estos momentos investigaciones muy profundas sobre el problema de la droga en Venezuela. En el sur de Florida, por ejemplo, se investigan a venezolanos involucrados en legitimación de capitales por tráfico de drogas. A raíz de toda la crisis política en el país se han prendido las alarmas y aquellas investigaciones que venían haciéndose muy pausadamente, han acelerado su ritmo debido también a las denuncias internacionales que existen sobre el vínculo de Venezuela con el narcotráfico. Además, hay personas que estaban siendo investigadas y que ahora se encuentran en Estados Unidos y seguramente han dado mucha información para protegerse.
Las sanciones son muy importantes porque frente a la inexistencia de una investigación judicial seria en Venezuela, reflejan que el problema de la droga en el país va más allá de lo imaginado.
—¿Cómo repercuten estas sanciones en un diputado electo como el general Hugo Carvajal?
—Es más grave: al estar vinculado con personajes como Del Nogal, él tendrá que defenderse en el proceso y clarificar su situación en Estados Unidos. Es la única forma.
—¿El Estado debe adoptar una política verdadera antidrogas?
—Hay que hacer primero un análisis situacional sobre el tema. El gobierno que se instale en el país no puede adelantar políticas sin hacer primero ese estudio sobre el problema de la droga en Venezuela.
—¿Por dónde se debe comenzar para realizar ese análisis?
—Por el tráfico de droga, saber quiénes están involucrados.
—¿Y es posible hacerlo en un país donde desde militares hasta funcionarios policiales están involucrados?
—Sé que es muy difícil, pero si hay voluntad política sí se puede realizar. Aquí todo el mundo sabe quiénes están metidos en el tráfico de drogas. Los que hemos investigado el tema sabemos cuáles cuerpos policiales hay que depurar y qué organismos militares están metidos en el tráfico de droga. Eso lo sabemos. Yo me topé en las investigaciones que adelantaba con el Cartel del Sol, aunque primero se hablaba del Grupo Fénix integrado por tenientes y coroneles.
—¿En qué consisten esas sanciones?
—Se congelan las cuentas y se decomisan bienes no solo en Estados Unidos, sino también en todos los países con los que tiene relaciones. Y no pueden hacer ningún tipo de operaciones ni negocios. Cuando se toman estas medidas es porque ya está en curso un proceso de investigación, aunque el Departamento del Tesoro tiene facultad para realizar ese tipo de medidas preventivas antes de iniciarse la investigación en el tribunal. Ya ningún banco que tenga relaciones con entidades financieras de Estados Unidos puede permitir esas operaciones, así los sancionados utilicen testaferros o a los propios familiares para esto. Siempre se conocen los rastros. Por ejemplo, en una investigación al capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, en Venezuela detectamos que en un banco cambiaba dólares por bolívares y luego los canjeaba por pesos para llegar al Banco Cafetero en Colombia desde Estados Unidos.
—¿Esta decisión abarcará a otras personas?
—Claro que sí, como ha avanzado la investigación ya se deben saber otros nombres.