En las primeras 26 semanas de 2018 fueron secuestradas 122 personas, según los 99 casos reseñados en prensa lo cual representa un incremento de 6,5% en comparación con el mismo período del año pasado, que sumó 93 víctimas, señala el Monitor del Observatorio de Delito Organizado.
De los 99 casos señalados en el informe, 39 fueron de secuestro prolongado en los que la víctima fue retenida por más de 24 horas; 23 fueron secuestro exprés; 33 fueron frustrados al momento; y 1 resultó ser un autosecuestro. En 87,8% de todos esos casos las víctimas fueron liberadas, mientras que 6 murieron en manos de sus captores. Para el cierre de junio, 11 personas permanecían en cautiverio y de otras 19 se desconocía su paradero, de acuerdo con los reportes policiales. De las 122 personas, 87 eran hombres de 45 años de edad a más de 65 años de edad.
Un monitoreo de este delito apuntó que entre 2016 y 2017 obtuvo una diferencia de apenas 4,3%, lo cual indica que se mantuvo casi a la par entre un año y otro sin evidencia de que haya disminuido.
Sin seguimiento. Expertos en criminalística consideran que el incremento de este delito se debe a dos aspectos: la limitación del ejercicio de los funcionarios una vez que se instalaron las denominadas zonas de paz durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres en el Ministerio de Interior y Justicia e impulsada por José Vicente Rangel Ávalos. En segundo lugar, la falta de seguimiento de los casos luego de las denuncias en el organismo de seguridad.
Sergio González, ex director de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dijo que los funcionarios no proceden con la investigación si a través de los familiares se confirma que los captores reciben el pago por liberación. “En sectores como La Cota 905 y El Valle, denominadas zonas de paz, el delincuente baja del lugar en una camioneta con varios hombres armados, recogen el dinero y luego le indican al familiar que la víctima será liberada en un sector determinado. El funcionario, sea del Cicpc o Conas, solo observa de lejos, es un acompañamiento, sabe que ese sector es impenetrable porque es zona de paz”, dijo.
González indicó que por ello la familia debe “casarse” con la investigación y ser persistente. “Cuando la familia manifiesta que no puede pagar un rescate es allí cuando el funcionario inicia su labor, pero los parientes deben estar detrás del caso. Lo normal es que se reciba la denuncia y se abra la investigación. Lo que ocurre actualmente es una actuación atípica y está pasando desde 2015. Se conoce además que los familiares ofrecen un incentivo a los funcionarios si dan por resuelto el caso”, aseguró.
El inicio. El secuestro en Venezuela hizo su aparición a finales de los años ochenta en zonas rurales y fronterizas con Colombia, que luego se acentuaron en los estados Táchira, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes hasta arropar todo el ámbito nacional. Las potenciales víctimas eran del sector ganadero.
“Para la época no existía una unidad que llevara los casos de secuestro en la Policía Técnica Judicial. Los casos eran remitidos a la División contra la Delincuencia Organizada, y tiempo después a la División contra Homicidios. Ambas oficinas duraron años en esas funciones. Bajo la gestión de Lazo Ricardi, como director de la PTJ, se designó al general Bladillo Polascaya, jefe de la División contra Robos, para asumir los casos. Y fue hasta mediados del mes de junio de 2000, con el director Miguel Dao, cuando se fundó la División Nacional contra Extorsión y Secuestro, dado que para la fecha este delito ya alcanzaba mayor auge en los estados Carabobo y Aragua”, explicó González.
Uno de los casos emblemáticos para la época fue el de la banda de secuestradores integrada por tres venezolanos residenciados en México. Fueron señalados como el Ruso, el Volador y el Oxigenado. Su radio de acción era el área metropolitana de Caracas, y los estados Aragua y Bolívar. “Al ruso lo mataron en Bolívar; al Volador, en Los Teques, y al oxigenado, en Margarita”, aclaró González, quien formó parte en el procedimiento, junto con 20 investigadores adscritos a la unidad.
González precisó, además, que para el año 2000 se registraron 50 casos de secuestros mensuales. “Esto encendió las alarmas en el país en materia de secuestro”, señaló.
El periodista especializado en criminalística Javier Ignacio Mayorca indicó: “Durante la ejecución de la primera Encuesta Nacional de Victimización en 2009, se detectó que había víctimas de secuestro en zonas humildes del país, que pagaron por la liberación de sus seres queridos con una nevera o, incluso, entregando el vehículo. El secuestro se hizo más breve; en términos populares los llamaban “rapiditos”, pues se resolvían en apenas unas horas de cautiverio, modalidad que llegó a representar más de 90%”.
Durante los años siguientes el secuestro se ha mantenido como tendencia delictiva. En sus investigaciones, Mayorca manifiesta que este delito comenzó bajo la modalidad de “prolongado”, hasta que se posicionó otra vez como su versión inicial, un secuestro convencional con un fin único: obtener dinero. “Las bandas dedicadas a este delito están aplicando las técnicas aprendidas en el pasado reciente, pero ahora extienden los tiempos de retención, porque de esa forma podrán acrecentar su ganancia”, dijo.
La Cifra
42 funcionarios, entre Cicpc, PNB, GNB, DGCIM, Ejército, policías estadales y municipales, participaron en delitos de secuestro.
- Miranda, Zulia, Aragua, Aragua, Carabobo y Distrito Capital fueron las entidades con mayor incidencia en casos de plagio.
- En la modalidad de secuestro exprés, las víctimas fueron atacadas en sus vehículos o inmediaciones de sus casas.
- Según fuentes policiales, los delincuentes que actúan en los secuestros breves son personas inexpertas o grupos incipientes que se inician en el delito como prueba de suerte.
- En los prolongados, las llamadas de cobro se generan desde los centros penitenciarios. En la calle, la organización tiene una estructura: el que rapta, el que cuida y quien recibe el pago.