A casi dos años del arresto por agentes antinarcóticos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro, no han sido sentenciados debido a la nueva prórroga lograda por la defensa –la duodécima en el juicio– que permitió el cambio de fecha del 12 y 13 de septiembre a otra que se espera que el juez de la causa, Paul Crotty, fije en los próximos días.

Campo Flores y Flores de Freitas, aprehendidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 y trasladados a Nueva York por agentes de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), fueron presentados ante el juez James L. Cott el 12 de noviembre de ese año. Desde ese momento comenzó un proceso judicial caracterizado por contar con una decena de aplazamientos, el nombramiento de 12 abogados defensores, entre públicos y privados, y la falta de certeza sobre el final de este juicio.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron acusados de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, valiéndose para el envío de un avión privado despachado desde la rampa presidencial del principal aeropuerto venezolano, un lugar donde existe una enorme cantidad de medidas de seguridad y que está limitado al uso del jefe del Estado y el alto gobierno.

Al inicio del proceso, Campo Flores fue representado por el escritorio jurídico Squire Patton Boggs, con la asistencia de los abogados John Reilly, Rebekah J. Poston y Alfredo Anzola. Mientras que Flores de Freitas estuvo asistido por los abogados públicos Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny, designados por el juez Crotty, luego de que el acusado firmara una declaración de su incapacidad de pagar una defensa privada.

Desde entonces el proceso de este caso empezó a sufrir cambios. La segunda audiencia, prevista para el 2 de diciembre de 2015, fue suspendida sin dar a conocer los argumentos. En ese momento se especuló que los defensores habían pedido prórroga para que el proceso no perjudicara la candidatura de la tía-madre de los acusados, Cilia Flores, quien aspiraba a una curul en la Asamblea Nacional en las elecciones que se realizaron el 6 de diciembre de 2015.

Cuando se produjo finalmente la segunda audiencia, el 17 de diciembre, se informó que Campo Flores había despedido al bufete Squire Patton Boggs y que había firmado una declaración jurada de incapacidad financiera, luego de la cual el juez, Paul Crotty, le asignó al abogado público Kafahni Nkrumah.

Los dos sobrinos de la pareja presidencial eran pobres ante la ley estadounidense.

A lo largo del año 2016 el caso sufrió más aplazamientos a pedido de la defensa, que argumentaba que el expediente era muy denso y requerían que se tradujera del español. En marzo se anunció que los abogados públicos dejaban el caso y que Campo Flores y Flores de Freitas serían defendidos por dos costosos escritorios jurídicos: Boies, Schiller & Flexner y Sidley Austin LLP, ambos supuestamente pagados hasta hoy por el empresario Wilmer Ruperti, cercano al chavismo.


“Las prórrogas son normales”

En el derecho norteamericano se garantiza el Estado de Derecho del acusado y es común que se produzcan aplazamientos a lo largo del proceso. “El caso de Campo Flores y de Flores de Freitas no es excepcional. Uno similar fue el del hijo del ex presidente de Honduras Fabio Lobo, en el cual el detenido admitió su culpabilidad y su proceso desde el arresto a la sentencia duró 30 meses”, informó José Jiménez, abogado en Nueva York, quien explicó que las prórrogas solicitadas por la defensa siempre son aceptadas para evitar que se creen vicios procesales en el expediente. “El juez prefiere aplazar para quitarle recursos a la defensa a la hora de proceder a la apelación”. No hay nada de extraordinario en los lapsos procesales de este caso, aseguró el criminalista José Pérez Díaz.


CIFRAS

2 de diciembre de 2015 fue suspendida la audiencia sin dar a conocer los argumentos

17 de diciembre 2015 Campo Flores despidió al bufete Squire Patton Boggs y declaró incapacidad financiera

18 de noviembre de 2016 el jurado, por unanimidad, declaró que los sobrinos eran culpables 

8 de septiembre 2017 pidieron a la corte un calendario para “trabajar las complejas cuestiones legales y fácticas”

12 de septiembre de 2017 se acordó otra prórroga por «la extrema complejidad de los hechos” 


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