61 colombianos presos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara tienen orden de liberación, sin embargo, hasta los momentos no han sido liberados. La orden fue emitida y firmada este martes por la jueza 27 del circuito judicial penal del área metropolitana, Zulay Salazar, debido a que “se evidencia que los mismos no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna en la causa asignada”, como se lee en el documento, de acuerdo con medios colombianos.
Allegados a los reos aseguraron que el gobierno no acató lo dictado por la jueza y piden que las autoridades en Bogotá intercedan por ellos.
Enoc Montemiranda, uno de los encarcelados, aseguró al diario El Tiempo de Colombia que su liberación está a cargo de Nicolás Maduro y que no es relevante lo que diga un juez. “De él depende que diga si vamos para afuera o no”, aseguró.
Uno de los detenidos, quien se encargaba de una panadería en el centro de Caracas, solicitó que la canciller de su país se movilice en cuanto a la situación de todos ellos. El abogado de los presos les dijo que no ejecutarían la orden de liberación y que por ello necesitan presión, refiere el diario colombiano.
Inicialmente en septiembre de 2016 fueron detenidos 90 colombianos después de que el presidente Maduro asegurara que un grupo de ciudadanos del vecino país estaría presuntamente desarrollando acciones desestabilizadoras contra su gobierno. De esas 90 personas, aún permanecen 61 privados de libertad y sus familiares declararon que, en diciembre del año pasado, a 4 meses de la detención, los tenían sin poder tomar sol, según la prensa colombiana. También señalaron que las esposas de los presos son en su mayoría venezolanas con hijos nacidos en territorio nacional, y que debido a la situación económica que atraviesa Venezuela, se les dificulta mantener el hogar ellas solas.
Ante esta situación, Efraín Cepeda, presidente del Senado colombiano, le pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que denunciara ante la CIDH, la Corte Penal Internacional y la OEA los hechos de discriminación.