Un nuevo capítulo se abrió ayer en el caso de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, cuando el fiscal Preet Bharara y los abogados acusadores del caso plantearon un conflicto de intereses por el hecho de que las cuotas legales para ambos acusados están siendo pagadas por la misma persona.Una misiva firmada por los fiscales adjuntos del caso, Emil J. Bove III y Brendan Quigley F., señala que el gobierno desea informar a la corte que existe un posible conflicto en el caso de los primos Flores.La misiva dice: ?Debido a que un tercero está pagando los honorarios legales para ambos acusados, los defensores de cada acusado enfrentan un posible conflicto de intereses. El conflicto potencial se ve agravado por el hecho de que una sola persona está financiando las defensas legales de los dos acusados. Ese asunto ocasiona que el que paga los gastos de defensa puede influir en una estrategia global de defensa que no está en el interés de uno o ambos de los acusados?.Los fiscales dicen que se puede plantear que la persona que paga la defensa persuada a un abogado de evitar la búsqueda de reducción de pena por colaboración, o le diga a alguno de los acusados que se abstenga de declarar en su propia defensa. Por esas razones, el gobierno pide hacer una conferencia curcio, que permitirá averiguar si los defensores de ambos acusados pueden dar una adecuada representación legal mientras el proceso judicial está en marcha y si puede haber algún interés proveniente de terceras partes que afecten el desarrollo del juicio.  Además, obtener una exención de defensa libre de conflicto por la parte demandada.El 1° de abril pasado, David Rody y Michael Mann, de la firma Sidley Austin LLP,  informaron al tribunal que habían sido contratados para la defensa de Flores de Freitas.En respuesta a una consulta del gobierno, los nuevos abogados para ambos acusados revelaron que los gastos legales de los demandados en esta materia están siendo pagados por la misma persona, por lo cual se presenta un conflicto de interés.Los fiscales señalan que en el caso de los primos Flores hay un grave conflicto de intereses y consideran que ello viola la Sexta Enmienda, que garantiza que un acusado tenga  el derecho a la efectiva asistencia de un abogado, que incluye ?el derecho a la representación por un abogado libre de conflictos?. Tales violaciones ?dice la misiva? son irrenunciables y no requieren una muestra de que el acusado sea perjudicado por su representación.El gobierno señala que existen consideraciones éticas cuando un abogado acepta honorarios de alguien que no sea su cliente. ?La aceptación de dinero proveniente de un benefactor que pague los costos de defensa pueden someter a un abogado a una indeseable influencia externa y plantea una cuestión ética en cuanto a si la lealtad del abogado es con el cliente o al pagador?.Piden investigar fondos. Ante las dudas que genera la legitimidad de los fondos con los que se pagan los honorarios profesionales de los abogados defensores de los sobrinos de Cilia Flores, un grupo de venezolanos residenciados en Estados Unidos solicitarán al fiscal general de Nueva York, Preet Bharara, que comience una investigación sobre el origen del dinero, pues existe una gran presunción de que proviene de la malversación de fondos públicos pertenecientes al Estado venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, tío de los dos acusados.Esta nueva solicitud se une a la enviada la semana pasada por el abogado venezolano residenciado en Caracas, Luis Alejandro Aguilar Pardo, que pidió una investigación formal sobre el asunto.


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