A simple vista parece una bonita plaza. Limpia, amplia y con las refrescantes sombras que proveen los árboles para un ambiente tranquilo. Así es el inconcluso Parque Comunal Cipriano Castro en el antiguo terreno de la cárcel La Planta, en El Paraíso.
El edificio de al lado está silencioso. La puerta negra permanece cerrada y aunque se golpee en reiteradas oportunidades nadie abre. Pero dentro hay presos desde diciembre de 2017, otra vez.
Después del desalojo del penal el 18 de mayo de 2012, que culminó con el traslado de al menos 1973 reclusos a distintas cárceles, empezaron las promesas.
Para ocupar los terrenos del demolido Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal, conocido como La Planta, se propuso un parque comunal con otro de agua, una zona de paseo, un teatro, una sede para la Orquesta Sinfónica Juvenil, 100 viviendas y un liceo bolivariano. También una red de bulevares que conectaría con San Agustín y el Panteón Nacional.
En una transmisión del canal Venezolana de Televisión el primero de septiembre de 2012, se anunció que estaría listo en un año y tres meses, es decir, en 2013. Sin embargo, ya han pasado casi seis años y las obras no avanzan, solo se observa la plaza.
Con todo, entre las promesas no estaba la inauguración del Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar en las instalaciones recuperadas. El 6 de diciembre de 2017, la entonces ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, anunció que allí se albergaría a 152 presos extranjeros en condición de procesados.
La decisión no se hallaba entre las propuestas del alcalde del municipio Libertador en aquel momento, Jorge Rodríguez; ni en las de Érika Farías, jefa del Distrito Capital; ni en las de laministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.
En la información oficial se indicó que la población penal solo recibiría visitas diplomáticas y consulares para mantener la tranquilidad de los vecinos.
Según información del Observatorio Venezolano de Prisiones, los reclusos se encuentran en el antiguo anexo de mujeres de La Planta, el único edificio que no demolieron después del conflicto en la cárcel.
Manejan que ahí están recluidas personas de más de 20 nacionalidades, la mayoría por el delito de tráfico de drogas, provenientes de penales como El Rodeo, Yare y Tocorón.
Humberto Prado, coordinador general del OVP, denunció que las condiciones de reclusión no son las adecuadas pese a los anuncios gubernamentales de que el área está completamente acondicionada, con atención médica y sitios para el trabajo y el esparcimiento.
En una carta que enviaron los reclusos al Observatorio, no constan categorías de delitos menores o alta peligrosidad. En las celdas no hay ventilación ni una adecuada rutina de higiene personal, ya que presuntamente las duchas no fueron terminadas y casi nunca hay agua, situación que empeora el aseo de presos y espacios.
Foto: Luis Morillo | Crónica.Uno
No reciben visitas
El OVP señaló que varios de los extranjeros allí confinados han hecho vida en el país y tienen prohibido recibir visitas de sus parejas. “No pueden acceder a intérpretes y las embajadas de sus países desconocen quiénes están ahí. Además, dentro hay enfermedades como sarna, VIH, tuberculosis, males del sistema gástrico y hasta personas hipertensas que no reciben tratamientos”.
La decisión de tomar esos espacios para recluir extranjeros podría obedecer a la cantidad de penales clausurados, entre seis o siete; también a que no se han inaugurado algunos y a lanecesidad de descongestionar los que están al tope.
Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, destacó que la ministra Varela no ha cumplido con la promesa de abrir nuevas cárceles, solo ha reinaugurado espacios y habilitado algunos dentro de esos mismos. “Solo inauguró la Comunidad Penitenciaria Fénix en Lara, que era del Plan de Humanización de los penales que hizo Tareck el Aissami cuando era ministro de Interiores y Justicia y estaba a medio construir. También otro en Carabobo, el año pasado, que tenía tiempo construyéndose, y cuando lo estrenó aún no estaba listo”.
Este panorama es parte de las causas del hacinamiento tanto en las prisiones como en los calabozos policiales, además del retardo procesal penal. En Caracas no hay penales y todos los presos fueron trasladados a recintos fuera de la capital, lo que demora más sus procesos judiciales porque deben ser trasladados desde zonas muy lejanas.
En abril de 2012 comenzó el conflicto en La Planta luego de la suspensión de las visitas por el asesinato de una mujer dentro de la cárcel y presuntas fugas registradas que agudizaron lacrisis ya denunciada por defensores de los derechos humanos en términos de hacinamiento, armas, corrupción y pranato.
Ante esta situación, las autoridades decidieron clausurar el recinto y trasladar a la población a otros centros, pero los presos se opusieron y eso causó encontronazos.
El enfrentamiento armado se extendió por casi un mes. El día antes del traslado definitivo fue el más fuerte. Detonaron varias granadas y se supo que las balas perdidas penetraron en los apartamentos ubicados en el perímetro. El problema ocasionó un completo caos en las adyacencias.
Cuando terminó “la pesadilla” los vecinos agradecieron que se demoliera la cárcel. Por eso ahora temen que haya presos comunes de nuevo en ese lugar, pues creen que es el inicio de otro penal que revivirá lo que fue La Planta.
“Los domingos están los reclusos vestidos de amarillo. Limpian los alrededores de la plaza. Los he visto como tres veces y no estamos de acuerdo con que haya otra vez presos ahí. Nosotros vivimos una pesadilla cuando pasó lo de La Planta y nos da mucho miedo”, contó Carolina Ramírez, vecina de Las Flores de Puente Hierro.
El temor de que la parroquia se convierta de nuevo en la cuna de un penal se extiende a zonas aledañas, dado que a ese antiguo centro acudían muchas personas que representaban peligro para la comunidad y además el riesgo de otro motín, como el que ocurrió en 2012, causa preocupación.
“Todos los penales están saturados, no es secreto que son universidades del crimen. Muchos delitos se operan desde las cárceles, tememos que ese sea un foco de angustia y terror, como antes. Basta recordar el enfrentamiento que hubo en esos días de conflicto, luego la inseguridad y el aumento del crimen se perfeccionaron. Tenemos miedo de que metan presos comunes y eso se convierta en un lugar que nos haga perder más calidad de vida”, agregó Ramírez.
Foto: Luis Morillo | Crónica.Uno
El dato
De acuerdo con el OVP, la población penal en el país durante el año 2017 era de 57.096 personas, aunque la capacidad de reclusión era para 19.000. La sobrepoblación es de 38.093 (161%), según el informe anual.
Sin beneficio para los vecinos
El concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, indicó que la construcción, que se resumió en una plaza, no tiene ningún tipo de uso por parte de los vecinos y mucho menos beneficios para ellos. Generalmente, se le ve vacía y no se utiliza para ninguna actividad. “Es un espacio olvidado por la alcaldía y por el gobierno”.
Desde el edificio vecino se ve que a la construcción entran y salen funcionarios, así como hombres que cargan materiales, pero no hay nada en concreto ni explicación a los residentes.
“Hace cuatro años y medio se aprobó un crédito adicional para continuar con la remodelación del lugar, aunque eso no pasó por el Concejo Municipal. Ahí entran y salen camiones pero no sabemos más nada, esa es una caja negra”, dijo Armas.
Desconoce si estos reclusos, que se han visto limpiando en la avenida Páez, son los que se encuentran recluidos en el antiguo penal La Planta o son de otro sitio. “Están acompañados por varios funcionarios, vehículos y patrullas. Utilizan gran despliegue de policías para algo tan sencillo como barrer las calles”.
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