Una fuente ligada a la fiscalía neoyorquina, que solicitó mantenerse en el anonimato, confirmó que uno de los tripulantes que fue citado el 20 de octubre de 2016 para testificar ante el Gran Jurado de Nueva York, y quien posee varias propiedades en los Estados Unidos, acordó entregarse a las autoridades para suministrar información sobre organizaciones criminales activas en Venezuela.
Aunque no se reveló el nombre del ahora testigo del gobierno federal, vale recordar que además de Franqui Francisco Flores De Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, en el jet privado Cessna Citation 500 registrado como YV2030 se encontraban aquel 10 de noviembre de 2015 los pilotos Pablo Rafael Urbano Pérez y Pedro Miguel Rodríguez González, el empresario Marco Tulio Uzcátegui Contreras y el guardaespaldas de los sobrinos, Jesfran Moreno Sojo.
En octubre de 2016, durante una audiencia previa al juicio de Campo Flores y Flores de Freitas, la defensa denunció que la fiscalía había enviado citaciones vía correo electrónico a personas de interés en el caso para que declararan frente al Gran Jurado. Se supo ese día que los individuos tienen propiedades en los EEUU, con lo cual se crea un vínculo de obligatoriedad con el gobierno norteamericano.
Las citaciones fueron enviadas por los fiscales federales el 6 de octubre de 2016 a ciudadanos venezolanos residenciados en Caracas vía correo electrónico a las direcciones que aparecían en la cuenta de e-mail de los dos acusados.
La defensa pidió a la corte que fueran anuladas dichas citaciones porque habían sido enviadas por medios ilegales. El juez Paul Crotty no las anuló sino que el 13 de octubre de 2016 ordenó a los fiscales Emil J. Bove y Brendan Quigley enviar las solicitudes de comparecencia a través de un alguacil, como establece la ley. Las citas estaban previstas para el viernes 21 de octubre en un edificio federal ubicado en Manhattan.
Cuando los abogados de los primos Flores supieron que la fiscalía había establecido contacto con personas allegadas a los dos acusados, enviaron una carta al juez para pedirle que declarara nulos los emplazamientos por la vía usada para enviar las citas. Los 6 abogados defensores citaron la Regla 17 para recordarle al fiscal que “dichas citaciones debían haber sido enviadas personalmente, de la mano de un alguacil del gobierno americano”.
El juez Crotty dio la razón a la defensa en relación al método usado para enviar las convocatorias pero no las calificó de nulas o ilegales. Autorizó a la fiscalía para que las hiciera llegar por medio de un funcionario de la embajada americana en Caracas.
Una violación de la soberanía puede generar protestas diplomáticas y dar lugar a la denegación de acceso a las pruebas o incluso la detención del agente o asistente del Fiscal de los Estados Unidos que actúa en el extranjero, sostuvieron los abogados.
Los acusados dijeron que no estaban tratando de sofocar las citaciones sino que buscaban la intervención de la Corte en relación con el uso ilegal y abusivo del poder del Gran Jurado.
La fiscalía dijo que los dos acusados no tenían legitimidad para impugnar las citaciones que hacía el gobierno. En una carta fechada el 12 de octubre, el fiscal Preet Bharara dijo que la transmisión de citaciones vía e-mail era una práctica común en su despacho y aseguró que las citaciones a los testigos que acudieron a la audiencia de prueba celebrada el 8 y 9 de septiembre de 2016 convocada para suprimir las evidencias, fueron hechas vía e-mail.
La fiscalía advirtió que los testigos tenían la posibilidad de hacer la testificación de forma remota si fuere apropiado y dijo que el Gobierno no iba a discutir los procedimientos usados en la convocatoria de terceras partes con los abogados de los acusados, sino –en todo caso– con los representantes legales de las personas citadas para testificar.
Las personas identificadas por los acusados como “cómplices” durante sus confesiones siguen siendo objeto de interés para el gobierno, al igual que otros individuos identificados que tengan información pertinente a las investigaciones en curso, expresó la fiscalía.
| Los abogados defensores acusaron a los fiscales de haber enviado mensajes de correo electrónico engañosos a las personas que no se encontraban en Estados Unidos y argumentaron que no se podía permitir que el Gobierno enviara un correo electrónico a ciudadanos de un país soberano, en violación de las reglas federales y las propias reglas de procedimiento del Departamento de Justicia. Recordaron que los extranjeros que residen fuera de Norteamérica no están sujetos al poder de citación de los Estados Unidos, y que su asistencia sólo puede obtenerse de forma voluntaria. La obtención de los testimonios de los extranjeros es a menudo un asunto delicado, y se debe tener cuidado para evitar ofender a la soberanía del país extranjero, en este caso Venezuela. |