La muerte de su hijo mayor marcó la vida de Elibeth Pulido la mañana del 22 de agosto pasado. Se encontraba en su trabajo cuando recibió la llamada de vecinos que le pedían que se fuera a su casa porque allí se oían disparos y gritos de sus nietos de 4 años de edad y de 2 años de edad.
Había salido de su domicilio en el callejón Rondón de Los Rosales antes de las 6:00 am. Cuando retornó a su vivienda, no la dejaron entrar y ya el cadáver de su hijo José Daniel Bruzual Pulido se lo habían llevado al hospital. Los presuntos autores de la muerte del joven de 25 años de edad, padre de los dos niños, serían integrantes del FAES de la PNB.
Ese 22 de agosto la comisión de funcionarios de ese organismo ultimó a cuatro hombres como presuntos implicados en el secuestro de la esposa del coronel Alirio Cruz Ortega, que había sido liberada a las 6:00 am. La noche anterior la habían plagiado cuando se desplazaba en su camioneta Ford Scape por un sector de El Cementerio. El enfrentamiento entre policías y presuntos secuestradores se produjo en dos barrios de la parroquia El Valle, luego de que el Cicpc hizo un rastreo telefónico y ubicó el sitio donde mantenían a la cautiva.
Dos hombres murieron en una casa del barrio Bruzual y dos mujeres fallecieron en otra vivienda del sector El Topito del barrio San Antonio. Una comisión del Cicpc participó en el dispositivo de rescate de la secuestrada.
Elibeth Pulido no puede evitar las lágrimas cuando narra lo ocurrido esa mañana. Testigos refirieron que pasadas las 6:00 am, el joven estaba asomado al balcón de su casa en el callejón Rondón de Los Rosales, sector distante de donde se registraron los enfrentamientos. De repente, al sitio llegaron funcionarios del FAES que le pidieron al hombre que bajara a la calle y como este se negó, irrumpieron en la vivienda. Bruzual Pulido fue sometido y golpeado en la cabeza delante de sus hijos que lloraban y gritaban ante lo que estaba ocurriendo.
En medio del caos, al mayor de los niños, de 4 años de edad, lo empujaron y lo sometieron a un interrogatorio; le preguntaban dónde estaba la pistola de su papá. El pequeño los llevó hasta el segundo piso y en la habitación de la abuela señaló la parte alta del escaparate. Pero el niño se refería al sitio donde la pareja de Elibeth Pulido, que es escolta, guarda su arma de fuego. A esa hora el guardaespaldas trabajaba y por lo tanto se había llevado su revólver.
A Bruzual Pulido lo ultimaron de un tiro en el pecho, luego de haberlo obligado a arrodillarse. A continuación, la comisión policial hizo disparos para simular el enfrentamiento, relata la madre que luego dijo que el niño mayor estaba en el segundo piso pero cuando lo sacaron de la casa vio el cadáver de su padre y es algo que lo ha afectado. El otro pequeño estuvo encerrado en una habitación. Bruzual Pulido se había separado de su esposa y estaba a cargo de sus hijos.
Cuando la madre del joven asesinado fue a la policía científica a formular la denuncia de lo ocurrido, le informaron que la PNB incluyó al mayor de sus dos hijos como el quinto implicado en el secuestro de la esposa del coronel Cruz Ortega. Pulido denunció que a su hijo le sembraron un arma corta y otra larga, así como una granada.
Denunció también que los funcionarios policiales que entraron en su residencia se apoderaron de dinero en efectivo, ropa, zapatos y de un reloj. Hasta ese momento no le habían devuelto la cartera de su hijo.
Una de las preocupaciones de Pulido es el estado emocional de su nieto mayor que está en tratamiento con un psicólogo, pues el niño narra constantemente todo lo que vivió. Llora y siente miedo cuando escucha ruidos o cuando ve a policías.
En procura de que se investigue lo ocurrido, Pulido denunció los hechos en Cofavic, en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio Público que designó al fiscal 127º, Joenny Hernández, para la pesquisa, pero hasta ahora el expediente no ha llegado a ese despacho.
Crímenes sin castigo
Aracelys Sánchez, quien desde hace cuatro años dirige la Organización de Familiares Víctimas de Violación de Derechos Humanos que congrega a 41 dolientes, indicó que “no es mucho” lo que se ha avanzado en materia de justicia en los casos denunciados. Dos de estos crímenes a manos de funcionarios, los de César Milagros y Edgar Rojas, fueron resueltos pero no a favor de las víctimas porque los policías presuntamente implicados fueron favorecidos con la decisión judicial. En el caso de Milagros ella dijo que apelará la decisión. Edgar Rojas, de 14 años de edad, fue ultimado por un funcionario del Cicpc de un tiro en la espalda cuando jugaba en una cancha deportiva. El policía perseguía a una persona y disparaba, los deportistas corrieron y el muchacho fue alcanzado por un proyectil. El autor del hecho estuvo preso pero salió en libertad durante la Operación Cayapa que implementó Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario.