Familiares de las personas ultimadas el lunes en El Junquito han recibido amenazas por parte de personeros del gobierno, denunció Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial que investiga el caso.

Solórzano informó que se reunieron con ellos a puerta cerrada para conocer detalles de las amenazas.

También destacó que los funcionarios gubernamentales que citaron hoy, para avanzar en las investigaciones, no comparecieron ante la comisión. Entre ellos el ministro de Interior, Néstor Reverol; de Defensa, Vladimir Padrino López; de Agricultura Urbana, Freddy Bernal; el mayor Rafael Enrique Bastardo, el general de brigada Carlos Pérez Ampueda; el director del Dgcim, Iván Rafael Hernández, y el general Ramón Pimentel.

La diputada destacó que dejó constancia de la respuesta formal suscrita por el coronel Domingo Argenis García Pérez de la Morgue de Bello Monte, con el fin de informar al seno de la Comisión  que el fiscal militar noveno de Caracas, mayor Luis Marval, es el encargado de la investigación penal del caso en el que resultaron asesinados 9 ciudadanos el 15 de enero.

“Este es el primer documento legal que recibimos en el que se manifiesta que el caso de las víctimas de la masacre de El Junquito se encuentra en la jurisdicción militar y no a la jurisdicción civil, acto que violenta de manera fragrante nuestra constitución y por ello queremos que quede constancia en el acta sobre este particular”.

Con información de nota de prensa


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!