Desde hace un año y ocho meses Erinson Alexander Vizcaíno, de 21 años de edad, pide justicia por la desaparición de su hija Esmeralda Estefanía Vizcaíno Mellizo, quien presuntamente nació muerta el 28 de agosto de 2016 en el hospital Domingo Luciani. Un examen de ADN realizado con muestras del cadáver determinó que no existe compatibilidad biológica entre los padres de la bebé y el cuerpo que les fue entregado en el centro asistencial.

El Ministerio Público asignó al fiscal 90º Ronnie Osorio, con competencia en la protección de niños y adolescentes, para dirigir la investigación. Sin embargo, el retraso de las averiguaciones ha imposibilitado que el caso llegue hasta los tribunales. A un año y ocho meses de la desaparición de la niña, siguen sin ser imputadas la ginecobstetra Vanessa Castro y las enfermeras Dayana Enríquez y Rina Reyes, que atendieron el parto de Derlin Mellizo, esposa de Vizcaíno.

El padre de la niña solicitó en vano la destitución del fiscal y el inicio de una pesquisa por la demora procesal. “Todo lo que dice el fiscal es que está investigando. Presumo que está involucrado en todo esto”, afirmó.

Decidido a dar con el paradero de su hija, Erinson Alexander Vizcaíno acudió hasta el Departamento de Inspección y Disciplina para reunirse con la directora general, Ninoska Rodríguez, y plantear la situación. De allí fue remitido hasta la Dirección General para la Protección de la Familia y de la Mujer, donde conversó con la abogada Ariana Valenzuela, que tampoco le ofreció respuestas concretas. “Nada ocurrió. Siempre es una excusa distinta”.

Los hechos. Erinson Alexander Vizcaíno relató que su esposa, Derlin Mellizo, de 22 años de edad, ingresó al centro hospitalario el 27 de agosto de 2016 en la mañana para ser intervenida con una cesárea programada, pero fue obligada a dar a luz y tuvo una hemorragia con complicaciones. Cuando los médicos se percataron del sangrado, le practicaron una cesárea de emergencia y la sedaron por completo. A la familia no se le permitió acompañarla en el hospital esa noche.

El día siguiente, a las 6:00 am, se le notificó a Vizcaíno que la bebé había nacido sin oxígeno, estrangulada por el cordón umbilical y con una anomalía cardíaca, pese a los buenos pronósticos del cuidado prenatal. Aunque se les entregó el cadáver, la actitud misteriosa de los médicos y enfermeras levantó las sospechas de la familia. “Cuando vi el cuerpo sentí que no era mi hija. Lo supe de inmediato y no me equivoqué”, dijo.

Durante los días siguientes el personal insistió en agilizar los trámites para que los Vizcaíno sepultaran el cadáver. Una autorización fue emitida por el hospital para hacerse cargo de la cremación. “Intentaron obligar a mi esposa a firmar ese documento para desaparecer todo rastro de lo que habían hecho”, aseguró.

Ante las irregularidades, los familiares se dirigieron hasta la Unidad de Criminalística, adscrita al Ministerio Público, para realizar la prueba de ADN. Luego de meses de incertidumbre, el resultado del examen comprobó el 3 de marzo de 2017 que no existe compatibilidad entre la muestra tomada del cuerpo y el patrón genético de los Vizcaíno. “En el Luciani intentaron deshacerse de la evidencia. No querían que se hiciera la prueba porque sabían que no era nuestra hija. Todo fue planeado”.

Señaló que logró reunirse con el director del hospital, Alexis Parra, quien lo envió hasta la Dirección de Salud donde fue sustentada la hipótesis del personal médico, pese a la evidencia arrojada por la prueba biológica.

El caso sigue abierto y el cadáver que se le entregó a la familia aún permanece en la morgue de Bello Monte, registrado bajo el certificado de defunción 423-08 número 3.001.609. “Cada día transcurrido es de desesperación. Pedimos que se aboquen con el caso porque sabemos que nuestra hija está viva ¿Qué hicieron con ella?”.


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