Organizaciones defensoras de los derechos humanos instan a respetar el derecho que tienen los reos en Mérida a la atención médica. En un boletín de prensa, el Observatorio Penal, Asovida y Red Andina hicieron la declaración ante la crisis de salud que viven los presos

La Constitución de Venezuela destablece que el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la salud de la población, sin discriminación alguna, sin importar su condición, subrayan las organizaciones. 

Las organizaciones llaman a «establecer mecanismos de protección inmediatos y eficientes para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los privados de libertad y de todos los presos políticos».

Aseguran que la violación reiterada de los derechos humanos se produce en comisarías, centros de reclusión, inspectorías, dependencias policiales y militares, entre otros sitios. Denuncian que algunos de los reos tienen enfermedades crónicas que no son tratadas y heridas de bala que comprometen sus órganos, pero los cuerpos de seguridad hacen caso omiso de su crítico estado de salud, a pesar de los llamados de los familiares y abogados para que les presten la atención médica que requieren. 


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